CCOO pide a Bienestar Social mejorar la ayuda a domicilio en Castilla-La Mancha

El secretario general de CCOO Castilla La Mancha, Javier Ortega, se reúne con la consejera de Bienestar Social, Barbara García Torijano.

COO Castilla-La Mancha ha trasladado a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, sus exigencias para mejorar las condiciones del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), un sector con más de 6.400 trabajadoras, mayoritariamente mujeres, al que el sindicato califica de "muy precarizado".

El sindicato denuncia que el precio que la administración abona por hora de SAD —13,99 euros— se ha quedado "obsoleto" y se sitúa muy por debajo de otras comunidades autónomas, lo que bloquea la mejora salarial a través de la negociación colectiva y deja a muchas trabajadoras por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, y la secretaria de la Federación de CCOO del Hábitat, Maribel Cabañero, mantuvieron este martes 7 de julio en Toledo una reunión con la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y su equipo técnico para exponer las demandas del sindicato en torno al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), un colectivo integrado por más de 6.400 personas trabajadoras, en su mayoría mujeres, en un sector que CCOO define como altamente precarizado.

El eje central de las reivindicaciones sindicales fue la tarifa horaria que la administración regional abona a las empresas concesionarias del SAD, fijada actualmente en 13,99 euros por hora. A juicio de CCOO, esa cantidad, pese a haberse incrementado progresivamente, está muy por debajo de lo que pagan otras comunidades autónomas y resulta ya insuficiente para sostener mejoras reales en los convenios colectivos del sector.

Un precio hora que lastra los salarios

La consecuencia directa de esa tarifa es que las empresas concesionarias carecen de margen económico para trasladar subidas salariales a sus plantillas a través de la negociación colectiva. El resultado, según trasladó el sindicato a la Consejería, es que muchas trabajadoras perciben salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una situación que CCOO considera estructural y no excepcional.

A ese problema salarial se añaden dos fenómenos que el sindicato también puso sobre la mesa. El primero es la parcialidad involuntaria: trabajadoras que desearían ampliar su jornada, pero que no pueden hacerlo por la forma en que se organizan los servicios. El segundo es la realización habitual de horas extras con carácter estructural, lo que supone, en la práctica, una prolongación no remunerada ni reconocida de la jornada laboral.

La prestación vinculada, otro foco de preocupación

CCOO planteó también su inquietud por la evolución de la llamada prestación vinculada al servicio, una modalidad por la que la persona usuaria del sistema de dependencia recibe una prestación económica en lugar de un servicio prestado directamente por un profesional. El sindicato advirtió de que el crecimiento de esta tipología puede poner en peligro los empleos profesionalizados del sector, al desviar la atención hacia fórmulas menos reguladas y con menor control de calidad.

El modelo de Albacete, referente para toda la región

Frente al actual modelo de externalización, CCOO del Hábitat propuso a la Consejería la implantación de un Consorcio de Servicios Sociales provincial como alternativa a la privatización. El sindicato argumentó que la atomización que genera la concesión a empresas privadas fragmenta las condiciones laborales y dificulta la homogeneización de derechos entre trabajadoras de distintos territorios.

Como aval de su propuesta, los representantes sindicales apuntaron a la provincia de Albacete, donde ya funciona un modelo de este tipo con resultados que CCOO califica de muy positivos, y reclamaron extenderlo al resto de provincias de la región.

Los representantes sindicales concluyeron la reunión con un mensaje claro dirigido a la Consejería: hace falta un incremento de la financiación pública y una reversión de las externalizaciones hacia fórmulas de gestión directa. Para CCOO, ese cambio de modelo no es solo una cuestión de justicia laboral para un colectivo históricamente infravalorado, sino también una garantía de calidad para las personas usuarias, que podrían recibir atención en su entorno familiar, y un instrumento de fijación de población en el medio rural, donde el SAD cumple una función social que va mucho más allá de la mera prestación de cuidados.