Castilla-La Mancha reduce un 6,6% las okupaciones de viviendas
Las denuncias por allanamiento y usurpación de inmuebles en Castilla-La Mancha bajaron un 6,69% en 2025 respecto al año anterior, hasta las 502 registradas, según los datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.
Toledo concentra más de la mitad de todos los casos de la región, con 275 denuncias, seguida de Ciudad Real con 80 y Guadalajara con 65. Cuenca fue la provincia que registró el mayor descenso porcentual, con una caída del 9,52% respecto a 2024.
Castilla-La Mancha cerró 2025 con 502 denuncias por allanamiento o usurpación de viviendas, lo que supone un descenso del 6,69% frente a las 538 contabilizadas en 2024, según los datos actualizados en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. La cifra confirma una tendencia a la baja en la región que contrasta con el incremento acumulado observado a escala nacional desde la pasada década.
El número de casos esclarecidos también retrocedió, hasta situarse en 391 diligencias resueltas a lo largo del ejercicio, frente a las 426 del año anterior, lo que representa una caída del 8,21%. Más pronunciada fue la reducción en el número de detenidos: los arrestos por este tipo de hechos descendieron un 30,52%, de las 238 personas detenidas en 2024 a las 166 de 2025.
Toledo, protagonista del mapa provincial
El análisis por provincias revela importantes diferencias entre territorios. Toledo se mantiene como la provincia con más denuncias de la región, con 275 casos, aunque también registró el mayor retroceso porcentual entre las cinco provincias castellanomanchegas, con una caída del 9,83%. Le siguen Ciudad Real, con 80 denuncias (un 5,88% menos), y Guadalajara, con 65 (un 1,51% menos).
Albacete es la única provincia de Castilla-La Mancha donde las denuncias aumentaron en 2025: sumó 63 casos, un 3,27% más que el ejercicio anterior. Cuenca, por su parte, fue la provincia con menos denuncias de la región —19 en total— y la que experimentó el mayor desplome porcentual, con un 9,52% menos respecto a 2024.
En cuanto a los hechos esclarecidos, el desglose provincial muestra que Albacete también creció en resolución de casos, con 51 diligencias cerradas (+4,08%), mientras Guadalajara sumó 44 (+2,32%). En el lado contrario, Cuenca experimentó la caída más pronunciada en esclarecimientos, con una reducción del 28,57%, hasta los 15 casos.
La tendencia nacional, también a la baja
A nivel nacional, las denuncias por 'okupación' de vivienda registraron en 2025 un descenso de casi el 10%, con un total de 14.875 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad en el conjunto de España. La estadística incluye tanto los delitos de usurpación de inmueble —los más frecuentes, que afectan habitualmente a viviendas vacías— como los más graves de allanamiento de morada.
Cataluña se mantiene, por amplio margen, como la comunidad autónoma con mayor número de denuncias: 5.913 casos en 2025, casi cuatro de cada diez del total nacional. Pese a ello, la región también superó la media española en el ritmo de descenso, con una reducción del 15% respecto a las 7.009 denuncias tramitadas en 2024. La segunda comunidad con más casos fue Andalucía, con 1.909 denuncias (un 13% menos), seguida de la Comunitat Valenciana, con 1.805 (+2%), y la Comunidad de Madrid, con 1.269 (un 12% menos).
En este contexto, Castilla-La Mancha ocupa la sexta posición en el ranking nacional, por detrás de Canarias (596 denuncias) y por delante del País Vasco (456), Islas Baleares (433) y Murcia (425).
Una cifra cinco veces mayor que en 2010
Los datos históricos del Ministerio del Interior evidencian el profundo cambio experimentado por el fenómeno de la 'okupación' en España a lo largo de la última década y media. En 2010 y 2011 se registraron en torno a 3.000 casos anuales en todo el país; en 2012 esa cifra se duplicó, y la comparativa entre 2010 y 2024 refleja una multiplicación por cinco del número de denuncias.
Cataluña ilustra de forma especialmente llamativa esa escalada: a mediados de la pasada década contaba con unos 3.000 casos anuales y ha llegado prácticamente a duplicar esa cifra.
El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha reclamado en varias ocasiones que no se alimente la alarma social en torno a este fenómeno, argumentando que los casos más graves —el allanamiento de morada de una vivienda habitada— son una minoría frente a los de usurpación de inmuebles desocupados. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha llegado a declarar ante el Parlamento que no se trata del escenario que imagina el imaginario colectivo —entrar en un domicilio mientras sus dueños han salido a hacer un recado— para subrayar que la mayoría de los casos afectan a viviendas vacías.
Las estadísticas oficiales del departamento no discriminan entre los dos tipos penales —allanamiento de morada y usurpación del derecho de uso— porque la calificación jurídica definitiva la establece a posteriori el órgano judicial que instruye cada denuncia. Los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondientes a 2022 ponían en perspectiva esa proporción: solo el 0,16% de los delitos genéricos de ocupación registrados ese año fueron finalmente calificados como allanamiento de morada.