Castilla-La Mancha reclama financiación estable para proteger a los menores migrantes

Castilla-La Mancha ha reclamado al Estado una financiación suficiente y estable para poder mantener la calidad del sistema de protección a la infancia y garantizar el futuro de los menores atendidos en la región. Así lo ha defendido la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada este viernes en Madrid bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

García Torijano, que ha estado acompañada por la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello, ha agradecido “la disposición y el compromiso del Ministerio para avanzar en la coordinación y dotación de recursos”, pero ha advertido de que los fondos previstos —algo más de cuatro millones de euros para Castilla-La Mancha— resultan insuficientes para hacer frente a las necesidades actuales de un sistema “prácticamente al 100% de ocupación”.

“Necesitamos más recursos para mantener la calidad y la personalización que caracteriza a nuestro modelo de atención, y una financiación estable que no dependa de anualidades o convocatorias puntuales”, ha subrayado la consejera.

Un sistema al límite y la defensa del modelo regional

La titular de Bienestar Social ha recordado que ya se han derivado a Castilla-La Mancha varias decenas de expedientes de menores procedentes de Canarias y Ceuta, con algunos traslados efectivos realizados en las últimas semanas. Pese a ello, ha destacado la buena coordinación entre territorios para que las llegadas se produzcan “de forma tranquila y ordenada”, aunque ha insistido en la necesidad de planificar a medio y largo plazo.

“Los menores no acompañados no llegan a Castilla-La Mancha para dos meses y luego se marchan. Llegan, se quedan y necesitan un plan de futuro que les permita encauzar su vida con dignidad y estabilidad”, ha afirmado García Torijano.

En este sentido, la consejera ha reiterado la defensa del modelo de hogares de convivencia pequeños, con entre ocho y diez plazas, y del acogimiento familiar como ejes del sistema de protección autonómico. “Nuestro sistema es garantista y apuesta por la desinstitucionalización. No queremos dar pasos atrás”, ha asegurado.

Castilla-La Mancha ha pedido además que el Ministerio mantenga la colaboración con Hacienda para asegurar que la línea de financiación destinada a la infancia continúe más allá de 2025, con previsión de continuidad en 2026, “evitando poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas autonómicos de protección”.

Plan conjunto con la Fiscalía

Durante la reunión, la consejera también ha propuesto la elaboración de un plan de acción conjunto con la Fiscalía para garantizar que todos los menores trasladados a los recursos autonómicos sean efectivamente menores de edad, evitando casos en los que adultos puedan convivir en centros destinados a menores. Una iniciativa que, según ha explicado García Torijano, “ha sido bien acogida por el Ministerio”.

El Gobierno central acelera los traslados y defiende su modelo

En la misma conferencia, la ministra Sira Rego ha anunciado que el Gobierno está “acelerando el ritmo” de los traslados de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia la Península y que ya se han tramitado unos 200 expedientes de acogida por parte de las comunidades de destino. “Estamos en el procedimiento de dar cumplimiento con estos traslados, un mecanismo complejo que requiere la coordinación de las comunidades y de varios ministerios, pero estamos acelerando el ritmo”, ha afirmado.

Rego ha presidido la Conferencia Sectorial en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y ha aprovechado para criticar el “bloqueo sistemático” de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, al que atribuye “una posición nítidamente racista” y la asunción de “la agenda ultra de Vox”.

13 millones de euros para territorios de primera llegada

Durante la sesión, las comunidades aprobaron la transferencia de 13 millones de euros a Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares para reforzar los recursos de primera acogida de menores migrantes no acompañados. Según el reparto comunicado por el Ministerio, Canarias recibirá 5 millones de euros; Ceuta, 4,1 millones; Melilla, 2,7 millones; y Baleares, 1,2 millones.

Estas cantidades se suman a los 22 millones ya aprobados en septiembre y a los 100 millones de financiación asociados a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que el Gobierno prevé distribuir entre finales de noviembre y principios de diciembre.

Debate sobre los estándares mínimos y la pobreza infantil

La ministra también lamentó que la mayoría de comunidades votaran en contra de debatir un Real Decreto sobre los estándares mínimos de los centros de menores, que fija un máximo de diez plazas por centro, la obligatoriedad de ubicación en zonas céntricas y al menos dos trabajadores por turno. Pese al bloqueo, Rego avanzó que el Gobierno aprobará la norma “en unas semanas” en Consejo de Ministros, como prerrogativa del Ejecutivo.

Asimismo, abordó la situación de la pobreza infantil, que afecta al 29% de los menores en España, según un informe de Cáritas, y defendió la creación de una prestación universal por crianza —una asignación para hijos de 0 a 18 años— como parte del futuro Pacto de Estado para la Erradicación de la Pobreza Infantil.

Las comunidades reclaman más fondos

Las comunidades presentes en la reunión coincidieron en la necesidad de ampliar los fondos para atender y acoger a los menores trasladados. Desde Canarias, la consejera Candelaria Delgado celebró el desbloqueo de los 100 millones de inversión estatal, aunque pidió que esa financiación “se mantenga más allá de un solo ejercicio”.

Por su parte, Baleares y Madrid insistieron en las dificultades de capacidad: la consejera balear Sandra Fernández calificó de “insuficientes” los fondos asignados, mientras que la madrileña Ana Dávila advirtió de que sus centros están “absolutamente colapsados” y no pueden acoger “a ningún menor más”.