Castilla-La Mancha pide fondos a la UE para su Ley de Accesibilidad

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha trasladado al director de la Representación de la CE en España, Daniel Calleja y Crespo, los avances del Ejecutivo autonómico en la elaboración la Ley de Accesibilidad Universal.

El Gobierno regional traslada a la Comisión Europea sus avances normativos y reclama financiación suficiente para garantizar políticas públicas de accesibilidad universal.

Caballero destaca el proceso participativo abierto y fija el objetivo de aprobar la ley a final de año para su debate en las Cortes en 2027.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha trasladado este viernes en Madrid a la Comisión Europea los avances en la elaboración de la futura Ley de Accesibilidad Universal, durante una reunión con el director de la Representación de la CE en España, Daniel Calleja y Crespo, en la que también ha participado el comisionado regional para la Accesibilidad, José Luis Escudero.

En este encuentro, celebrado en la sede de la Comisión Europea en España, el Ejecutivo autonómico ha reafirmado su compromiso de alinear esta normativa con el Acta Europea de Accesibilidad y ha reclamado que la Unión Europea garantice fondos suficientes en el próximo marco financiero plurianual para desplegar políticas públicas eficaces en este ámbito.

Caballero ha subrayado que el Gobierno regional ya trabaja en la “elaboración y aprobación” de esta ley, con la intención de trasponer la normativa europea al marco competencial autonómico y consolidar la accesibilidad universal como un derecho.

Una ley en fase participativa con amplia implicación social

El vicepresidente segundo ha puesto en valor los avances técnicos ya realizados en la redacción de la norma, que se encuentra actualmente en fase participativa. Según ha explicado, ya se ha recopilado el marco normativo internacional y nacional, se ha efectuado una comparación detallada y se han esbozado los principales contenidos de la futura ley.

El proceso cuenta con la implicación de múltiples actores sociales y económicos. En concreto, se ha iniciado la interlocución con el tercer sector, universidades, empresas, entidades de economía social, sector bancario, sindicatos, colegios profesionales y administraciones públicas, además de instituciones europeas.

En este contexto, Caballero ha agradecido la participación de la Comisión Europea —a través de la directora general de Igualdad y Justicia, Ana Carla Pereira— en la jornada celebrada el 19 de febrero, que reunió a unas 200 personas representativas del conjunto de la sociedad regional.

Asimismo, ha destacado la buena acogida del proceso participativo, señalando que ciudadanos, entidades y empresas están realizando aportaciones al documento base, lo que evidencia un interés generalizado más allá de los colectivos directamente afectados.

Actualmente, el texto se publica de forma progresiva en seis bloques a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha, con formularios abiertos para recoger propuestas hasta mediados de junio. Además, el proceso incorpora materiales en lenguaje claro y formatos digitales accesibles para garantizar la igualdad de participación.

El calendario previsto pasa por presentar un texto definitivo a final de año, con el objetivo de que pueda debatirse en las Cortes de Castilla-La Mancha en el siguiente trimestre.

Petición de consenso político y crítica al PP

Caballero ha expresado su deseo de que la futura ley logre el máximo consenso parlamentario, recordando que la accesibilidad universal ya estaba incluida en la reforma del Estatuto de Autonomía.

En este sentido, ha instado al líder del PP regional, Paco Núñez, a retomar el acuerdo, advirtiendo de que renunciar a este avance supondría “una traición a nuestra gente y a nuestra tierra”.

Reclamación de fondos europeos para 2028-2034

En paralelo, el vicepresidente segundo ha defendido ante la Comisión Europea la necesidad de que la accesibilidad universal tenga un reflejo claro en el próximo marco financiero plurianual 2028-2034.

Caballero ha reclamado fondos europeos suficientes para garantizar el desarrollo de políticas públicas en este ámbito y el cumplimiento de la normativa comunitaria, señalando que deberían canalizarse a través de instrumentos como el Fondo Social Europeo.

Además, ha defendido que estos recursos sean gestionados preferentemente por las comunidades autónomas y ha abogado por reforzar la condicionalidad de los fondos para asegurar una accesibilidad “real y efectiva”.