Castilla-La Mancha registra 76 denuncias por agresiones de hijos a padres en 2024

Castilla-La Mancha registra 76 denuncias por agresiones de hijos a padres en 2024
La región se sitúa por debajo de la media nacional en un fenómeno que sigue al alza en España La Fundación Amigó reclama refuerzo de la atención especializada y programas centrados en las familias

Castilla-La Mancha registró 76 denuncias por agresiones de hijos a padres durante 2024, según el último informe de la Fundación Amigó sobre violencia filio-parental, elaborado a partir de las memorias de la Fiscalía de las distintas comunidades autónomas. La cifra sitúa a la región en la franja baja del conjunto nacional, aunque confirma la persistencia de un problema que continúa creciendo en todo el país.

En el conjunto de España, las denuncias por este tipo de violencia aumentaron el pasado año hasta 4.521 casos, frente a los 4.416 registrados en 2023, lo que supone un nuevo repunte de este fenómeno en el ámbito familiar. Los datos proceden del informe anual Violencia filio-parental en España, presentado recientemente por esta entidad social especializada en la intervención con infancia y juventud en situación de vulnerabilidad.

La violencia filio-parental —ejercida por hijos menores de edad contra sus progenitores o figuras parentales— mantiene una presencia desigual por territorios. En Castilla-La Mancha, los 76 expedientes abiertos a menores la sitúan por detrás de comunidades como Extremadura (84), Aragón (93) o Asturias (96), y muy lejos de las regiones con mayor incidencia.

Tras Castilla-La Mancha, solo Cantabria (31), Navarra (29) y La Rioja (24) registraron menos denuncias en 2024. En el extremo opuesto se encuentran Andalucía, con 1.059 expedientes, la Comunidad de Madrid (894) y la Comunidad Valenciana (691), seguidas de Canarias (448) y Cataluña (253).

Un fenómeno en crecimiento a nivel nacional

El informe de la Fundación Amigó confirma que la violencia filio-parental continúa siendo uno de los principales motivos de intervención en el sistema de justicia juvenil. Galicia (202 denuncias), Baleares (225), País Vasco (163), Murcia (113) y Castilla y León (100) completan el mapa autonómico de un problema que, según los expertos, no puede analizarse únicamente desde una perspectiva penal.

Desde la entidad subrayan que estos datos reflejan solo la parte visible del fenómeno, ya que muchas situaciones de violencia intrafamiliar no llegan a denunciarse. Por ello, insisten en la importancia de reforzar los recursos preventivos y de apoyo a las familias, especialmente en las fases iniciales del conflicto.

Atención especializada y papel central de las familias

La Fundación Amigó incide en la necesidad de profundizar en una atención especializada e integral, que sitúe a las familias como protagonistas de su propio proceso de cambio. El abordaje, señalan, debe apoyarse en tres pilares básicos de intervención, combinando el trabajo educativo con la atención terapéutica y el acompañamiento social.

En este contexto, la entidad ha puesto en marcha el Observatorio de Violencia Filio-Parental UAM–Fundación Amigó, un proyecto desarrollado junto a la Universidad Autónoma de Madrid con el objetivo de mejorar la investigación y el análisis de este fenómeno, así como orientar las políticas públicas y la intervención profesional.

Durante la presentación del informe también se reflexionó sobre la evolución de la violencia filio-parental en el sistema de justicia juvenil y la respuesta que se está ofreciendo a través de programas educativos y terapéuticos integrales, adaptados a los cambios en el perfil de los menores implicados.

Salud mental y redes sociales, factores clave

Entre los elementos que están influyendo en el aumento y la complejidad de estos casos, los expertos destacan el deterioro de la salud mental en la adolescencia, el impacto de las tecnologías digitales y las redes sociales, así como las dificultades de convivencia derivadas de contextos familiares vulnerables.

La Fundación Amigó defiende que solo mediante una intervención temprana y coordinada, con recursos suficientes y profesionales especializados, será posible frenar una problemática que, aunque en Castilla-La Mancha presenta cifras moderadas, forma parte de una tendencia nacional al alza.