Castilla-La Mancha creará unidad de aborto en un hospital público

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, aclaró este martes que el Gobierno regional trabaja para poner en marcha una unidad de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en uno de los hospitales públicos de la comunidad, descartando así que el plan consista en habilitar un centro exclusivo destinado a esta finalidad. La aclaración llegó en declaraciones a Europa Press y supuso una respuesta directa a las interpretaciones que, según Simón, han "desvirtuado" las palabras del consejero de Sanidad, Jesús Fernández, en jornadas previas.

La consejera subrayó que Castilla-La Mancha "siempre ha garantizado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", aunque reconoció abiertamente que en la actualidad ningún centro público de la región practica esta intervención. Las mujeres que solicitan este servicio son derivadas a dos centros privados ubicados en la propia comunidad autónoma y a otro situado en la Comunidad de Madrid.

Una unidad integrada, no un centro independiente

Simón fue explícita al trazar la distinción entre lo que el Ejecutivo regional proyecta y lo que han recogido algunas informaciones. "No va a haber un centro exclusivo para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, sino que en uno de nuestros centros públicos se va a poder realizar esa interrupción voluntaria del embarazo, en una unidad que se va a crear", afirmó la consejera.

El modelo elegido, por tanto, consiste en integrar la prestación dentro de la estructura de un hospital ya en funcionamiento, siguiendo el esquema de otros servicios especializados que la comunidad tiene centralizados en determinados centros de referencia. Simón apuntó este argumento para responder a las críticas formuladas por Comisiones Obreras (CCOO), que había cuestionado que concentrar el servicio en un único recurso implique una verdadera normalización de la prestación sanitaria. La consejera defendió que la centralización de especialidades en hospitales concretos es una práctica habitual en el sistema sanitario regional.

Objeción de conciencia, un equilibrio obligado

La titular de Igualdad abordó también uno de los aspectos más delicados de la puesta en marcha de este servicio: la compatibilidad entre la oferta pública del aborto y el derecho de los profesionales sanitarios a acogerse a la objeción de conciencia. Castilla-La Mancha dispone de un registro oficial de objetores, y Simón reconoció que ambas dimensiones deben conjugarse con cuidado.

"Hay que conjugar los dos aspectos: por un lado, respetar la voluntad de los sanitarios y, por otro lado, garantizar que en la sanidad pública de Castilla-La Mancha se pueda realizar la interrupción voluntaria del embarazo", declaró la consejera. Esta tensión entre el derecho al aborto y la objeción de conciencia del personal médico constituye uno de los principales retos técnicos y organizativos que debe resolver el Ejecutivo autonómico antes de activar la unidad.

Sin fecha para la puesta en marcha

Pese a la voluntad política expresada por la consejería, el proyecto carece de calendario. Preguntada por los plazos previstos para la implantación de la unidad, Simón se limitó a señalar que el Gobierno regional continúa "trabajando en ello", sin concretar ninguna fecha ni etapa intermedia del proceso.

La ausencia de plazos contrasta con la urgencia que organizaciones sindicales como CCOO y grupos feministas llevan tiempo reclamando en materia de acceso a la IVE en la sanidad pública castellanomanchega. La comunidad se mantiene así como una de las que aún no ha integrado este servicio en su red hospitalaria propia, una situación que el Ejecutivo de Emiliano García-Page se ha comprometido a revertir sin haber fijado por ahora el horizonte temporal para hacerlo.