Castilla-La Mancha abre la regulación de las plantas de biometano
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto un proceso de participación ciudadana para definir la futura regulación de las plantas de biometano en la región. El plazo para presentar aportaciones al borrador del decreto permanecerá abierto hasta el 24 de agosto de 2026.
La iniciativa busca compatibilizar el desarrollo de esta actividad energética con la protección ambiental, la calidad del aire y la seguridad de los municipios afectados. El borrador, fechado el 22 de julio, consta de seis capítulos y 33 artículos y defiende un marco regulador "claro, ambicioso, restrictivo y garantista".
El Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha un proceso de consulta pública para dar forma al decreto que establecerá las condiciones bajo las que podrán implantarse y operar las plantas de biometano en Castilla-La Mancha. El proceso, abierto hasta el 24 de agosto de 2026, está dirigido tanto a la ciudadanía en general como a los sectores gasístico y generador de residuos agroganaderos y agroindustriales, y tiene como objetivo recoger aportaciones al borrador elaborado por la Junta antes de que la norma adquiera carácter definitivo.
El Gobierno regional considera el biometano una oportunidad estratégica para valorizar residuos orgánicos y avanzar en la transición energética y la economía circular. Sin embargo, el texto reconoce también la preocupación que este tipo de instalaciones genera entre parte de la población cuando se plantean en las proximidades de núcleos urbanos, y justifica precisamente en esa tensión la necesidad de contar con un marco normativo sólido.
El borrador, fechado el 22 de julio de 2026, defiende la necesidad de establecer un marco regulador que el propio documento califica de "claro, ambicioso, restrictivo y garantista", capaz de permitir el desarrollo de esta industria sin comprometer el territorio, el entorno natural ni la seguridad de los vecinos.
Un decreto de seis capítulos y 33 artículos
La futura norma se articula en seis capítulos distribuidos en 33 artículos, a los que se suman dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y dos anexos. Su estructura abarca desde las condiciones que deberán acreditar las plantas para obtener autorización hasta las exigencias aplicables durante su funcionamiento, con especial atención a la gestión de los residuos orgánicos empleados como materia prima y a los productos resultantes del proceso de digestión anaerobia.
Entre los objetivos declarados de la regulación figuran reducir la contaminación difusa del suelo y el subsuelo, disminuir el uso de fertilizantes químicos mediante alternativas agronómicamente válidas y recortar las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los sectores ganadero y agrícola. La norma aspira también a contribuir a la economía circular mediante la valorización de residuos orgánicos conforme a la jerarquía establecida por la normativa de residuos.
El Ejecutivo autonómico sostiene que esta regulación permitirá, al mismo tiempo, evitar los problemas ambientales y sociales asociados a una implantación inadecuadamente ordenada de estas instalaciones y ofrecer seguridad jurídica a los promotores de proyectos en un sector que considera estratégico para el desarrollo económico y el empleo regional.
Compatibilizar desarrollo industrial y protección vecinal
El borrador reconoce expresamente que, pese a las oportunidades que ofrece el biometano, la proximidad de estas plantas a los núcleos de población genera recelos entre los ciudadanos. Por ello, el texto propone establecer "requisitos, límites, garantías y prohibiciones" que permitan desarrollar esta actividad con garantías para los vecinos, los entornos naturales y la calidad del aire, al tiempo que se eviten conflictos sociales, alarmas vecinales o la estigmatización de un sector que el Gobierno regional considera clave para la región.
El documento sitúa además la futura regulación autonómica en el marco de las políticas europeas y nacionales de impulso a los gases renovables —entre ellos el biogás y el biometano—, y recuerda que la normativa comunitaria fomenta su utilización como parte de la transición hacia fuentes de energía limpias. A escala más concreta, la norma se plantea como un instrumento para garantizar que el desarrollo de las plantas sea compatible con la sostenibilidad ambiental y con una gestión adecuada de los residuos orgánicos procedentes de actividades agrícolas y ganaderas.
La ciudadanía, las empresas del sector gasístico y los agentes vinculados a la generación de residuos agroganaderos y agroindustriales disponen de plazo hasta el 24 de agosto para hacer llegar sus aportaciones a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha, donde también se puede consultar el texto íntegro del borrador.