Amnistía exige a la Junta declarar zonas tensionadas de alquiler
Amnistía Internacional ha reclamado al Gobierno regional de Castilla-La Mancha que adopte medidas urgentes para frenar la crisis de asequibilidad de la vivienda, y ha trasladado sus demandas al consejero de Fomento, Nacho Hernando, junto con las conclusiones de su último informe sobre el derecho a la vivienda.
La organización exige, entre otras medidas, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en los municipios que ya cumplen los requisitos legales, el incremento sostenido del parque público de vivienda social y la garantía de alternativas habitacionales para todas las personas y familias en riesgo de desahucio.
Amnistía Internacional reclamó este martes al Gobierno de Castilla-La Mancha que active con urgencia los mecanismos previstos en la legislación estatal para contener el precio del alquiler y garantizar el derecho a una vivienda adecuada, en una carta dirigida al consejero de Fomento, Nacho Hernando, a la que adjuntó las conclusiones del informe ¿Soluciones a la crisis del derecho a la vivienda? Consideraciones sobre las recientes medidas del Gobierno y las iniciativas legislativas en tramitación y votadas en el Congreso. En el escrito, la organización también solicitó una reunión con el consejero para trasladarle personalmente sus principales recomendaciones en materia de vivienda.
El documento sitúa a Castilla-La Mancha ante una paradoja: siendo una de las comunidades con mayor pobreza y exclusión social del país, la región no ha utilizado hasta la fecha ninguna de las herramientas que la Ley por el Derecho a la Vivienda pone a disposición de las comunidades autónomas para contener los precios del alquiler. Según argumentó Amnistía, los gastos asociados a la vivienda deben ser soportables y no impedir el disfrute de otros derechos humanos básicos como la alimentación, la salud o la educación.
Sin zonas tensionadas pese al avance de los precios
La principal crítica de la organización apunta a que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que no ha declarado ninguna zona de mercado residencial tensionado, pese al fuerte incremento del precio de los alquileres registrado en los últimos años y a las dificultades crecientes de acceso a la vivienda en distintos municipios. Esta figura legal permite a las administraciones autonómicas aplicar topes al precio del alquiler en aquellas áreas donde el mercado presiona con mayor intensidad sobre las economías domésticas.
La ausencia de declaración contrasta con los pasos que ya han dado algunos ayuntamientos de la región. El Ayuntamiento de Cuenca elaboró y sometió a información pública un informe técnico para solicitar dicha declaración, al detectar riesgos de insuficiencia de vivienda asequible y un importante incremento de los precios del alquiler. Por su parte, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha impulsado iniciativas para preparar la documentación necesaria para cursar la solicitud. Amnistía subrayó que estos pasos evidencian una preocupación real por la evolución del mercado y que corresponde a la Junta de Comunidades ejercer las competencias que la ley le atribuye.
La organización recordó que ya en mayo de 2024 pidió a la Junta que impulsara la declaración de zonas tensionadas allí donde se cumplieran los requisitos legales. Dos años después, Castilla-La Mancha continúa sin aplicar este instrumento.
Una tasa AROPE del 34%, entre las más altas de España
La urgencia de la demanda se enmarca en los datos socioeconómicos de la comunidad autónoma. Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, Castilla-La Mancha registra una tasa AROPE del 34%, muy por encima de la media estatal, y una de las mayores tasas de riesgo de pobreza de España. Este indicador —que mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social teniendo en cuenta ingresos, carencias materiales e intensidad del empleo en los hogares— sitúa a la región entre las comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad social del país.
"En un contexto de elevada pobreza y dificultades crecientes para acceder a una vivienda, las administraciones públicas no pueden limitarse a observar la evolución del mercado. Deben activar mecanismos para contener los precios cuando sea necesario, garantizar alquileres asequibles y reforzar la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad", señaló la responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, Rafaela Alonso.
Solo el 1,66% del parque de viviendas tiene carácter social
Junto a la reclamación de zonas tensionadas, Amnistía Internacional señaló el déficit estructural de vivienda social en alquiler como otro de los grandes problemas sin resolver. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el parque social de alquiler representa en España apenas el 1,71% del total de viviendas, frente a una media cercana al 9% en la Unión Europea. En Castilla-La Mancha la situación es igualmente preocupante: de las aproximadamente 1.347.273 viviendas existentes en la comunidad autónoma, solo unas 22.392 tienen carácter de vivienda social, lo que supone alrededor del 1,66% del total.
Esta insuficiencia, advirtió la organización, deja a miles de hogares expuestos a las dinámicas del mercado privado y limita gravemente la capacidad de las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda de las personas con menos recursos. Por ello, Amnistía reclamó el incremento de forma sostenida del parque público y social de vivienda como alternativa real para quienes no pueden acceder a una vivienda adecuada a través del mercado privado.
Desahucios sin alternativa: los casos de Alovera y Toledo
La organización también reclamó que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad sea desalojada de su vivienda sin que se le garantice una alternativa habitacional adecuada, y aportó dos casos concretos en la región como muestra de la urgencia de esta exigencia.
En primer lugar, recordó el desahucio de una madre y su hija menor en Alovera (Guadalajara), por el que en febrero de 2025 solicitó a la Junta de Comunidades y al Ayuntamiento una solución urgente de vivienda que, a la fecha del comunicado, no consta que haya sido resuelta.
El segundo caso es de mayor inmediatez: en el edificio de vivienda de protección oficial conocido como Yedra 8, en el barrio toledano de Santa Martía de Benquerencia (Toledo), se encuentran en curso varios procedimientos de desahucio derivados de las reclamaciones presentadas por la propia Junta de Comunidades y la empresa pública Gicaman ante los tribunales. Entre las personas afectadas figura una familia monomarental con situación de vulnerabilidad reconocida por los Servicios Sociales, y un joven con una discapacidad del 56% cuyo desahucio estaba previsto para este jueves, 25 de junio, a las 11:30 horas, según denunció la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.
Amnistía Internacional concluyó su comunicado con una apelación directa a la responsabilidad institucional: "El derecho a la vivienda no puede depender exclusivamente de las reglas del mercado. Las autoridades tienen la obligación de adoptar medidas concretas para garantizar que todas las personas puedan acceder y mantener una vivienda adecuada en condiciones asequibles."