Amnistía advierte a 11 municipios de Castilla-La Mancha por las armas Taser

Amnistía Internacional se dirigió el 28 de abril de 2026 por carta a once ayuntamientos de Castilla-La Mancha para exigirles que sus protocolos de empleo de armas de electrochoque cumplan los estándares internacionales de derechos humanos. La organización actuó a raíz de la muerte de Haitam Mejri, un ciudadano de 35 años fallecido el pasado 7 de diciembre en Torremolinos (Málaga) tras ser sometido a al menos once descargas de arma Taser, golpes, presión sobre el cuello y el tórax, y ser rociado con espray irritante por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. La sección de Castilla-La Mancha de la organización decidió actuar ante el riesgo de que episodios similares puedan repetirse en la región, cuyos municipios han ido incorporando estas armas a sus cuerpos de policía local en los últimos años.

Los once municipios destinatarios de las cartas son: Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina (Toledo), Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Pantoja (Toledo), Alameda de la Sagra (Toledo), Yuncler de la Sagra (Toledo), Fuensalida (Toledo) y Seseña (Toledo). Todos ellos comparten haber adquirido armas Taser y, en algunos casos, contar con protocolos de uso que la organización considera incompatibles con el derecho internacional.

Amnistía Internacional ha solicitado además una investigación formal sobre la muerte de Mejri para determinar si el fallecimiento constituyó una violación del derecho a la vida como consecuencia de un uso excesivo de la fuerza que pueda ser calificado como tortura o malos tratos.

Protocolos que superan los límites internacionales

El análisis de los protocolos de uso público realizado por Amnistía Internacional reveló que algunos de los municipios castellanomanchegos autorizan el empleo de las armas Taser en supuestos que exceden lo permitido por los estándares internacionales. El caso más llamativo es el del protocolo de la policía local de Fuensalida (Toledo), que justifica su uso contra personas con problemas de salud mental y contra personas bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes. Amnistía Internacional señala que, en estos casos, la actuación policial debería ir precedida o acompañada de la intervención de sanitarios o de un equipo médico especializado y formado para abordar este tipo de situaciones.

En la misma provincia, el protocolo de la policía local de Seseña (Toledo) aprueba el uso de la Taser cuando una persona manifiesta intención de ofrecer resistencia a la detención. Sin embargo, los estándares internacionales son categóricos al respecto: no permiten emplear estas armas contra quienes se resisten a ser detenidos, salvo que dicha resistencia alcance el umbral de una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.

Un umbral de uso equiparable al de las armas de fuego

La posición de Amnistía Internacional fija una exigencia de máxima contención: el empleo de las armas Taser debe quedar limitado a situaciones de grave riesgo para la vida o la integridad física, sin que exista alternativa menos dañina, y su uso debe ser en todo caso proporcional al riesgo real que se pretende neutralizar. En la práctica, la organización equipara este umbral al exigido para el uso de armas de fuego.

Bajo este criterio, los cuerpos policiales que contemplen incorporar armas Taser a su dotación deben realizar previamente una evaluación de las necesidades operativas concretas que justifiquen su adquisición, teniendo en cuenta el riesgo que conllevan de provocar lesiones graves o, en determinadas circunstancias, la muerte, así como la posibilidad de que se produzcan abusos en su utilización.

Amnistía Internacional exige además la prohibición expresa del uso en modo de contacto directo: en esta modalidad, el arma no lanza los dardos eléctricos a distancia, sino que se aplica directamente sobre el cuerpo de la persona, provocando un dolor intenso que, a juicio de la organización, puede alcanzar el umbral de la tortura y los malos tratos. La petición se extiende también a la necesidad de tomar en consideración los efectos particularmente nocivos del electrochoque sobre colectivos vulnerables: menores de edad, personas con cuadros de crisis mental y personas bajo los efectos de las drogas o el alcohol.

Tres demandas concretas a los ayuntamientos

En el contenido de las cartas, Amnistía Internacional articuló tres demandas precisas para los municipios receptores. En primer lugar, la elaboración de protocolos públicos que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos. En segundo lugar, la formación adecuada de los agentes que vayan a utilizar estas armas. Y en tercer lugar, el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas efectivos, tanto internos como externos, que garanticen el control sobre el uso de estas armas y la corrección de posibles abusos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como respaldo jurídico

La posición de Amnistía Internacional no carece de respaldo institucional. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha recogido en su jurisprudencia las fuertes reservas del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa respecto del uso de armas de electrochoque, en especial cuando se aplican en modo de contacto directo, dado que causan un dolor intenso que puede constituir tortura o malos tratos. El TEDH ha subrayado, además, que los agentes debidamente formados disponen de numerosas técnicas de control alternativas cuando se encuentran a corta distancia de una persona a la que deben reducir, lo que hace innecesario recurrir al electrochoque en esas circunstancias.

El caso de Haitam Mejri, cuya muerte sigue bajo investigación, ha actuado como detonante de una alerta que Amnistía Internacional lleva años impulsando: la expansión de las armas Taser entre los cuerpos policiales locales de toda España no puede producirse al margen de los derechos humanos. En Castilla-La Mancha, once municipios tienen ahora sobre la mesa un requerimiento formal que les obliga a revisar sus protocolos, sus prácticas y sus mecanismos de control.