Un informe pide acordar una hoja de ruta para desconectar la cuenca del Segura del Tajo

En un escenario climático desfavorable, el informe apunta a que las transferencias de agua podrían cesar totalmente a partir de 2067
En la imagen el embalse de Entrepeñas, situado en la Alcarria Baja de Guadalajara, desde donde sale agua para el trasvase Tajo-Segura - EFE/Pepe Zamora, río tajo
photo_camera En la imagen el embalse de Entrepeñas, situado en la Alcarria Baja de Guadalajara, desde donde sale agua para el trasvase Tajo-Segura - EFE/Pepe Zamora

La Fundación Nueva Cultura del Agua considera "necesario" acordar una hoja de ruta para una "desconexión progresiva" de la cuenca del Segura respecto del Tajo y ello como una "respuesta a la nueva realidad impuesta por el cambio climático". También por la necesidad de recuperar el buen estado de todos los ríos, incluido el Tajo.

Esta fundación alerta en su informe 'Observatorio de Políticas de Agua (OPPA)' de que el cambio climático ya ha afectado "muy seriamente" a las aportaciones en torno al 50% respecto a la media de la serie histórica y advierte de que esta reducción "seguirá agravándose en el futuro".  La fundación adelanta en su informe que la principal causa de la reducción de las aportaciones de agua al Segura vendrá motivada por el cambio climático y no por la aplicación de los caudales ecológicos. 

El informe calcula que los volúmenes anuales transferibles desde el Tajo a la cuenca del Segura caerán a una media de 106 hectómetro cúbicos al año, si se tienen cuenta las actuales reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, sin considerar la fijación de caudales ecológicos y en el escenario de cambio climático más favorable.

También advierte de la existencia de períodos consecutivos de tres y cuatro años en los que no se produciría ninguna transferencia de agua. Además, prevé que podrían cesar totalmente a partir de 2067, en un escenario climático desfavorable.

Por ello, teniendo en cuenta este horizonte, el informe de la fundación Nueva Cultura del Agua plantea una serie de medidas a corto plazo, como la eliminación de los usos ilegales de agua, incluyendo perímetros irregulares de regadío e incrementar la aportación de recursos de la desalación marina para compensar la reducción de transferencias desde el Tajo, con ayudas económicas públicas dirigidas a mitigar el coste del agua desalada para los agricultores cuya rentabilidad pueda estar afectada de forma significativa por un incremento del coste del agua.

A medio y largo plazo, propone promover un cambio progresivo en los modelos productivos para facilitar una economía más diversificada en el territorio a diferentes escalas para alcanzar un mayor equilibrio entre las actividades primarias y otras actividades económicas que, con menor consumo de agua, presentan un mayor valor añadido, así como reequilibrar el peso de la agricultura de secano en relación con el peso del regadío.

Para ello, plantea apoyar cultivos y sistemas productivos que permitan mantener una actividad agraria ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente justa sobre la base de un secano de alto valor añadido y de un regadío con cierta reducción en su superficie total pero de mayor valor, de forma que se promuevan los alimentos de calidad, la producción agroecológica y la reducción de la contaminación y otros impactos ambientales, al tiempo que se potencien los circuitos de proximidad y con apoyo especial a los pequeños agricultores.

"Mantener la ficción del 'agua para todos' o del 'agua para siempre' es, simplemente, un fraude. El retraso en reconocer el nuevo contexto solo contribuye a agravar el choque con la realidad y a retrasar la construcción de una alternativa viable y duradera", advierte el documento, que indice en que "la necesidad de reducir la superficie de regadío es ya una necesidad constatable, en mayor o menor medida" en el conjunto de España.

El informe, de casi un centenar de páginas y que dedica un apartado exclusivo al trasvase Tajo-Segura en relación con los caudales ecológicos en el Tajo y con la cuenca receptora, recuerda que en 2023 se vivió un "nuevo capítulo del conflicto" del trasvase Tajo-Segura y cuyo detonante fue el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en el Tajo y el posible efecto de tales caudales sobre la transferencias del Tajo al Segura.

En este sentido, el informe señala que los caudales ecológicos son "una obligación recogida desde 2001 en la legislación española de aguas", pero que en el caso del Tajo "la definición e implementación de un régimen de caudales ecológicos se ha visto condicionada en todo momento por la existencia del trasvase Tajo-Segura".

Tras recordar las cinco sentencias del Tribunal Supremo de 2019 que señalan que se deben establecer dichos caudales ecológicos en el Tajo, reconoce que el Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 "hace un tímido avance" en este cumplimiento y fija dichos caudales ecológicos a partir de estudios científico-técnicos, aunque considera una "anomalía" que sea una implantación escalonada hasta 2027 en el tramo medio del río. 

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