El TSJ insta a la Junta a ejecutar la rehabilitación de El Fuerte de Guadalajara
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha instado a la Junta de Comunidades a proceder a la “inmediata y completa ejecución” de la sentencia que obliga a rehabilitar la totalidad del complejo del Fuerte de San Francisco de Guadalajara, un proyecto pendiente desde hace más de dos décadas. El auto judicial fija plazos concretos y perentorios, identifica posibles responsabilidades y advierte de sanciones y multas coercitivas en caso de incumplimiento, lo que ha sido valorado tanto por el Ayuntamiento como por el Grupo Municipal Aike como un punto de inflexión definitivo.
La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ordena a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que cumpla una sentencia firme dictada en 2017 y ratificada en 2018, que condenaba a la Administración autonómica a rehabilitar todos los inmuebles del recinto y destinarlos a usos dotacionales y culturales para la ciudad.
Plazos tasados y advertencia de sanciones
Según recoge el auto, el alto tribunal da un mes a la Junta para iniciar la licitación de las obras de rehabilitación de las naves de cerrajería —destinadas a escuelas municipales— y de la denominada Nave de Forja, prevista como biblioteca municipal. En ese mismo plazo deberá iniciar también los expedientes de desalojo de los ocupantes de los inmuebles situados en la plaza de Bejanque número 9.
Asimismo, fija otro mes para iniciar la licitación de las demoliciones de aquellos edificios incompatibles con el planeamiento, cuatro meses para la redacción de los proyectos de rehabilitación del resto de inmuebles y seis meses para subsanar las deficiencias técnicas detectadas en distintos informes de evaluación. El tribunal exige además que, en un plazo máximo de diez días, la Junta identifique al responsable directo de ejecutar las actuaciones ordenadas.
El auto advierte expresamente de la posibilidad de imponer multas coercitivas e incluso de deducir testimonio para exigir responsabilidad penal por desobediencia si no se cumple lo ordenado.
Aike celebra una “gran noticia” tras más de 20 años de bloqueo
El Grupo Municipal Aike fue el primero en dar a conocer públicamente la resolución judicial. Su concejala Susana Martínez y su portavoz, Jorge Riendas, calificaron el auto como “muy claro, muy concreto y muy contundente” y subrayaron que supone “una buenísima noticia para la ciudad”, tras más de veinte años de bloqueo del proyecto.
Martínez recordó que Aike se personó como acción pública en marzo de 2024 precisamente para forzar el cumplimiento de una sentencia que, como señala el propio tribunal, “no ha sido ejecutada”. Por su parte, Riendas fue especialmente crítico con la actitud mantenida por el Gobierno regional, al considerar que el auto deja “negro sobre blanco” años de inacción y desmonta “los anuncios vacíos”, obligando ahora a pasar “de las promesas a los hechos, con plazos y responsables concretos”.
Desde la formación municipalista se ha pedido expresamente a la Junta que no recurra la resolución, al entender que hacerlo supondría seguir dilatando el proyecto. Aike ha anunciado además que se mantendrá vigilante para que el auto se cumpla “paso a paso y en los plazos fijados”.
El Ayuntamiento lo considera “un triunfo para la ciudad”
Horas después, el Ayuntamiento de Guadalajara valoró también el auto como “un triunfo para la ciudad”. El teniente de alcalde de Urbanismo, Alfonso Esteban, aseguró en una comparecencia urgente que la resolución judicial demuestra que el Consistorio “tenía razón” tras años denunciando el incumplimiento por parte de la Junta.
Esteban recordó que el auto resuelve el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Ayuntamiento el 4 de marzo de 2024 y rechaza de forma expresa la alegación de prescripción planteada por la Junta, al constatar que la sentencia “no ha sido ejecutada” pese a haber transcurrido más de siete años desde que adquirió firmeza. La Sala aprecia además una “inactividad prolongada” de la Administración autonómica, que ha provocado un grave deterioro de los inmuebles y vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Un conflicto urbanístico que se remonta a 2004
La jefa del Área de Urbanismo municipal, Blanca Causapie, situó el origen del conflicto en 2004, cuando se aprobó un Plan de Singular Interés para el Fuerte de San Francisco. En aquel acuerdo, el Ayuntamiento cedió su aprovechamiento urbanístico a la Junta, que asumió como contraprestación la obligación de rehabilitar todos los edificios del recinto.
Aunque en 2010 se recepcionó parcialmente la urbanización, la rehabilitación integral nunca se completó. La sentencia de 2017, firme en 2018, confirmó ese incumplimiento, que ahora el TSJ descarta que haya prescrito, al considerar que el plazo se interrumpió por actuaciones parciales de la propia Junta que nunca llegaron a culminarse.
El equipo de Gobierno municipal ha vinculado además este conflicto con la reciente polémica por el proyecto de la Ciudad del Cine, subrayando que “no se puede zanjar un incumplimiento judicial con una inversión puntual”. El auto admite recurso de reposición en el plazo de cinco días, aunque desde el Ayuntamiento confían en que la Junta acate la resolución y cumpla los plazos fijados.