La Junta licita la Nave de Forja del Fuerte para convertirla en biblioteca

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó este martes la autorización para licitar el contrato de obras de rehabilitación y adaptación de la Nave de Forja del Fuerte de San Francisco de Guadalajara, el edificio histórico que quedará convertido en biblioteca municipal tras una inversión de 4.720.359,59 euros, IVA incluido. La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, comunicó este avance en rueda de prensa este miércoles, 20 de mayo, enmarcándolo en el proyecto global de recuperación de uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la capital provincial.

La actuación, que se integra en el Proyecto de Singular Interés del Fuerte de San Francisco, persigue dotar a la ciudad de una biblioteca "moderna, accesible, funcional y energéticamente eficiente", en palabras de García, sin renunciar a los valores arquitectónicos y patrimoniales del inmueble. "No hablamos únicamente de rehabilitar un edificio; hablamos de recuperar patrimonio para ponerlo al servicio de la ciudadanía con un uso cultural y público", subrayó la delegada.

El expediente recorre ahora el tramo final de su fase previa a la contratación. Tras la aprobación el pasado 10 de abril de la actualización técnica del proyecto por parte de la Consejería de Fomento —necesaria para adaptarlo a la normativa vigente—, el siguiente paso será la publicación de la licitación en el Portal de Contratación del Sector Público. Una vez adjudicado el contrato y cumplidos los plazos que establece la Ley de Contratos del Sector Público, la previsión del Gobierno regional es que las obras arranquen a finales de 2026 o en los primeros meses de 2027, con un plazo de ejecución estimado en doce meses.

Inversión de 300 millones y reproches al Ayuntamiento

García enmarcó la actuación dentro de un esfuerzo inversor que, según cifró, supera los 300 millones de euros destinados por la Junta a Guadalajara desde que Emiliano García-Page ocupa la Presidencia regional. Entre los proyectos citados figuran el nuevo Hospital Universitario, el Campus Universitario, el Centro de Salud de Los Valles y la residencia de Los Olmos.

Sin embargo, la delegada lamentó que otras iniciativas no hayan contado "con el respaldo institucional que merecían", en referencia directa al rechazo municipal a la Ciudad del Cine y al Campus Integrado de Formación Profesional (FP). "Hoy podrían estar ya transformando este entorno y generando actividad y oportunidades", afirmó García, quien aun así aseguró que "el Gobierno regional no se ha desentendido ni ha dado un paso atrás".

La Nave Taller y el claustro, en fase de estudios

La comparecencia también sirvió para actualizar el estado del resto de actuaciones previstas en el recinto. Respecto a la Nave Taller o Nave de Cerrajería —destinada a escuelas—, García explicó que actualmente se realizan estudios geotécnicos y análisis específicos sobre los elementos metálicos de la cubierta, trabajos imprescindibles para completar el proyecto técnico antes de avanzar hacia la licitación de las obras.

Además, la delegada anunció que el futuro equipamiento incorporará baños adaptados para personas ostomizadas, tras las conversaciones mantenidas con las asociaciones de pacientes de este colectivo, con el fin de mejorar su accesibilidad y calidad de vida.

En cuanto a las actuaciones de emergencia, los informes técnicos encargados han determinado la necesidad de intervenir de forma prioritaria en el claustro y en el Cuerpo de Guardia para garantizar su conservación. El Gobierno regional trabaja ya en esas actuaciones urgentes mientras avanzan los pliegos técnicos para licitar la redacción de los proyectos del resto de espacios recogidos en el acuerdo de 2010.

El desalojo y el choque con el Ayuntamiento

El otro gran bloque de la comparecencia giró en torno al proceso de desalojo de las viviendas ocupadas en el recinto. García confirmó que la Junta ha presentado ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) un incidente de ejecución con el objetivo de clarificar el procedimiento y el reparto de competencias entre la Administración regional y el Ayuntamiento —propietario de los inmuebles—. El tribunal ya ha admitido a trámite este incidente y ha dado traslado al consistorio para que formule alegaciones.

La delegada descartó que este paso implique eludir responsabilidades. "La Junta no está eludiendo ninguna responsabilidad; al contrario, está actuando con prudencia jurídica y sensibilidad social", defendió, recordando que en algunas de las viviendas ocupadas hay menores y situaciones de vulnerabilidad que exigen un análisis individualizado. "Lo que sería irresponsable es actuar sin garantías jurídicas o sin analizar adecuadamente cada situación personal y familiar", añadió.

Preguntada por el plazo de cuatro meses que el TSJCLM fijó para la redacción de los proyectos del resto de inmuebles, García aseguró que la Junta trabaja "paralelamente con todo" y avanzó que el próximo 22 de mayo informará a la Sala del estado de esos trabajos.

Respuesta al "despacito" municipal

La comparecencia tuvo también un marcado tono de respuesta a las críticas del equipo de Gobierno municipal de la alcaldesa Ana Guarinos. García consideró "sorprendente" que desde el Ayuntamiento se presenten como retrasos "actuaciones jurídicas y técnicas normales" dentro de un procedimiento que definió como "complejo".

En respuesta a las declaraciones en las que desde el consistorio se aludía a que los trabajos avanzan "despacito", la delegada fue rotunda: "Las obras públicas y las rehabilitaciones patrimoniales no se hacen con ocurrencias ni titulares; se hacen con informes técnicos, estudios estructurales, proyectos actualizados y procedimientos legales". Y añadió: "Ya me gustaría a mí y ya le gustaría a la ciudad que el actual Ayuntamiento se moviera con la velocidad a la que la Junta se está moviendo en el tema del Fuerte en otros asuntos que afectan a la ciudad".

García se refirió expresamente a la responsable del área de Urbanismo del Ayuntamiento, Blanca Causapié, lamentando "causarle molestias" con los escritos remitidos al tribunal, aunque defendió que atender esos requerimientos "forma parte de la responsabilidad técnica y administrativa que corresponde al Ayuntamiento" en este procedimiento. Insistió también en que ninguno de los escritos presentados por la Junta ha paralizado el procedimiento ni suspendido los plazos en curso, sino que sirven para "documentar cada paso" y garantizar la seguridad jurídica, evitando posibles nulidades o problemas de ejecución futuros.

"Mientras unos se dedican a sembrar ruido y sospechas, nosotros vamos a seguir trabajando, licitando proyectos y avanzando técnicamente en la recuperación del Fuerte de San Francisco", concluyó la delegada.