Investigan al alcalde de Vox de Robledillo por el fuego de La Mierla

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra Rubén Marchamalo, alcalde de Robledillo de Mohernando (Guadalajara) y miembro de Vox, como presunto responsable del incendio declarado el jueves en La Mierla, según confirmaron a EFE y Europa Press fuentes cercanas a la investigación. Las primeras averiguaciones apuntan a que el fuego se habría originado en una cosechadora de cereal que operaba en parcelas agrícolas colindantes con terreno forestal y que habría pasado rápidamente a la masa boscosa, desencadenando el siniestro que en menos de 24 horas ha arrasado más de 2.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a 260 personas en siete localidades de la serranía guadalajareña. Los agentes medioambientales de la Junta y la Guardia Civil analizan el punto de ignición para determinar la causa exacta y, según avanzó la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, comprobar si existe responsabilidad penal.

La subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, fue la primera autoridad en confirmar públicamente la existencia de un investigado. "Se ha identificado a un presunto responsable y todo está en marcha", afirmó, para añadir que "el Estado de Derecho tiene que buscar responsables de un incendio". Cabellos aprovechó la comparecencia para lanzar un mensaje político: "Los incendios merecen un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad y a esos negacionistas del cambio climático que niegan las medidas de las administraciones para proteger el entorno". La subdelegada calificó de "ejemplar" la coordinación entre administraciones ante un día en el que, en sus palabras, "arde el centro de España".

El investigado cosechaba dentro de la legalidad

Un elemento central del caso es que la actividad de la cosechadora estaba permitida en el momento del incendio. Según la normativa autonómica, el Índice de Propagación Potencial (IPP) marcaba en ese momento nivel de riesgo "muy alto", lo que no impide el cosechado pero obliga a suspender la actividad entre las 14.00 y las 17.00 horas salvo que se disponga de tractor con apero. Fuera de esa franja horaria, cada máquina debe contar con extintor de carga ABC, mochila de agua de al menos 15 litros y batefuegos, además de declaración responsable. El incendio fue detectado a las 13.55 horas, en el límite de la franja de restricción.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, salió en defensa del investigado y afirmó que Marchamalo "cumplía escrupulosamente con la legalidad". Según Sánchez, el alcalde "no solo disponía de todos los permisos para cosechar, sino que, a pesar de que el nivel de riesgo naranja no le obligaba a adoptar medidas de seguridad adicionales, actuó con una responsabilidad ejemplar llevando una cuba de agua, una manguera y un extintor". El portavoz de Vox giró el foco hacia la Junta y denunció que el "verdadero culpable" de estos incendios es la "desidia e incompetencia" del Gobierno de Emiliano García-Page, al que acusó de no haber atendido sus advertencias sobre la acumulación de combustible vegetal seco y la falta de cortafuegos en la zona, denunciadas hace un año "en el mismo punto donde se ha originado el fuego".

APAG defiende al agricultor y carga contra el IPP

La organización agraria APAG también salió en defensa del investigado. Su presidente, Juan José Laso, hizo "una defensa a ultranza del agricultor" y aseguró que "ese señor estaba trabajando en condiciones legales, se podía cosechar perfectamente". Laso fue más lejos y apuntó que la parcela donde se originó el incendio "tenía que haber estado cosechada hace más de diez días" y que si no lo había sido fue por "las limitaciones" del Gobierno regional. "Cada día que pasa el rastrojo está más peligroso, más seco y transmite mejor el fuego. Sin estas limitaciones tan ridículas este fuego no se habría producido", afirmó. El presidente de APAG cuestionó además el propio cálculo del IPP: "Ayer había un vendaval. El IPP debería haber sido extremo y de esta manera no se habría quemado esta parcela". Laso recordó que llevan "tres años de conversaciones con Desarrollo Sostenible" proponiendo como alternativa la creación de un cinturón de seguridad a lo largo de la Sierra Norte y el Parque Natural del Alto Tajo.

La consejera Gómez rechazó las críticas al sistema de restricciones y defendió con contundencia el IPP: "No es un capricho, es un índice que protege a las personas y a los agricultores y a algo que es fundamental, que es nuestro pulmón verde, nuestros bosques, nuestros parques naturales". Gómez aludió también a la protesta convocada por agricultores el pasado miércoles en Molina de Aragón contra las restricciones al cosechado, en la que, según fuentes cercanas a la investigación, el propio Marchamalo estuvo presente. "Esa riqueza no la podemos dilapidar porque haya algunas personas que se crean que están por encima del bien y del mal", advirtió la consejera, que hizo una "llamada a la prudencia" a quienes trabajan en zonas próximas a masas forestales.

El incendio de La Mierla, que permanece en nivel 2 de emergencia y sigue sin control, ha movilizado desde su inicio a 76 medios y 379 personas y ha obligado a cortar las carreteras CM-1004 y GU-188. La investigación sobre su origen sigue abierta y los resultados del análisis del punto de ignición determinarán si el caso tiene consecuencias penales para el investigado.