Denuncian sobrecostes en los encierros de Guadalajara y el Ayuntamiento lo niega

El clima político en Guadalajara se tensa a las puertas de las Ferias y Fiestas. La gestión de los encierros taurinos, uno de los símbolos más arraigados de la tradición festiva de la ciudad, ha derivado en una fuerte disputa entre el Grupo Municipal Socialista y el Gobierno local que encabeza la alcaldesa Ana Guarinos (PP). Tras denunciar supuestos sobrecostes y adjudicaciones opacas, el concejal socialista Juan Flores ha rechazado la petición de rectificación del edil de Festejos, Santiago López Pomeda, quien había advertido de posibles acciones judiciales. El choque abre un frente que mezcla la organización de unos festejos multitudinarios con un debate político de gran intensidad.

Las críticas socialistas: “adjudicaciones directas y sin justificación”

El concejal socialista Juan Flores compareció ante los medios inmediatamente después de la rueda de prensa del edil de Festejos. En su intervención, defendió que su grupo no ha hecho más que plantear cuestiones legítimas sobre la gestión de los contratos vinculados a los encierros. “Nosotros lo único que hemos hecho es exponer datos objetivos y públicos y pedir explicaciones. No hay nada que rectificar porque no hemos faltado a la verdad”, sostuvo.

El núcleo de la polémica está en un contrato menor, valorado en algo más de 13.000 euros, para una asesoría técnica vinculada a la organización de los encierros. Según Flores, la existencia de una empresa adjudicataria que desde hace años gestiona la feria taurina y los propios encierros hace innecesaria esta contratación adicional. Para el edil, lo relevante no es solo el importe económico, sino la duplicidad de funciones y el “sinsentido político” de sumar más gastos en un contexto de aumento de impuestos municipales.

“Puede que al concejal de Festejos no le guste que hablemos de adjudicación a dedo. Quizá prefiere llamarlo adjudicación directa sin procedimiento abierto. Pero eso es lo que hay: un contrato otorgado sin concurrencia y sin justificación clara”, enfatizó Flores. A su juicio, se trata de un ejemplo de cómo “se pueden hacer cosas legales, pero no necesariamente correctas desde el punto de vista ético y político”.

Además, recordó que el presupuesto global de los festejos taurinos asciende este año a cerca de un millón de euros, unos 50.000 más que en 2024, lo que para el PSOE supone un sobrecoste injustificado en plena escalada impositiva local. “Lo que daña la imagen de Guadalajara no es que la oposición pida explicaciones, sino que el dinero público se utilice con opacidad y sin criterios de eficiencia”, argumentó.

Flores también se refirió a la polémica sobre la supuesta vinculación de uno de los adjudicatarios con informaciones relacionadas con la trama Púnica. “Yo nunca dije que esa persona estuviera imputada o condenada. Simplemente cité informaciones ya publicadas sobre su trayectoria profesional y sobre quién es el adjudicatario. Eso no lo inventa este concejal”, matizó.

La respuesta del Gobierno local: defensa cerrada de la legalidad y de los funcionarios

Desde el equipo de Gobierno, la reacción fue inmediata. Santiago López Pomeda, concejal de Festejos y tercer teniente de alcalde, calificó las declaraciones socialistas de “falsas y gravemente dañinas” para la imagen del Ayuntamiento, de sus técnicos y de la propia ciudad. Insistió en que todos los contratos relacionados con los encierros están publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público y que cualquier ciudadano puede consultarlos.

“El procedimiento seguido ha sido absolutamente legal, con informes técnicos y jurídicos que avalan cada paso. No hay nada oculto, ni irregularidades, ni favoritismos. Acusar sin pruebas es irresponsable y perjudica tanto a la institución como a la confianza ciudadana”, defendió López Pomeda.

El edil popular reclamó una rectificación inmediata y, de no producirse, exigió la dimisión de Juan Flores. Además, anunció que el asunto ya está en manos de la Asesoría Jurídica municipal para estudiar posibles acciones legales, incluso de carácter penal. “En política no todo vale. No se puede poner bajo sospecha el trabajo de los funcionarios ni manchar la reputación de las personas con insinuaciones que cruzan todas las líneas rojas”, subrayó.

En cuanto a la contratación de asesorías externas, López Pomeda defendió que forman parte de las competencias habituales de los ayuntamientos cuando se requiere apoyo técnico especializado. “Las decisiones se adoptan con criterios de eficacia y seguridad, siempre conforme a la normativa vigente”, puntualizó.

El trasfondo político: las ferias como escenario de confrontación

La polémica no es un episodio aislado, sino la prolongación de un enfrentamiento político que se viene intensificando desde hace meses en Guadalajara. El PSOE, en la oposición, busca erosionar al equipo de Guarinos con críticas a la gestión económica y a la transparencia, mientras el PP reivindica una política de orden, legalidad y refuerzo de la seguridad ciudadana.

Los encierros, declarados Fiesta de Interés Turístico Regional durante el mandato socialista de Alberto Rojo, se han convertido en un símbolo de disputa política. Para el PSOE, representan una tradición que debe gestionarse con rigor presupuestario y máxima transparencia; para el PP, son un escaparate de proyección nacional en el que demostrar modernización, seguridad y solvencia organizativa.

Seguridad reforzada: encierros cardioprotegidos pioneros en España

Paralelamente al cruce político, el Ayuntamiento ha querido destacar su apuesta por la innovación en seguridad. Guadalajara será la primera ciudad española en organizar encierros cardioprotegidos, con un despliegue sanitario y preventivo inédito en este tipo de eventos.

El concejal de Seguridad, Chema Antón, detalló que se instalarán diez desfibriladores en puntos estratégicos del recorrido, se dispondrán siete ambulancias y ocho puestos de asistencia sanitaria, y se habilitará un hospital de campaña en la plaza de Santo Domingo. En total, 160 efectivos —entre Policía Local, Bomberos y Protección Civil— velarán por la seguridad de vecinos y visitantes.

El plan también contempla medidas frente a otros riesgos. Se duplicarán los puntos de atención contra agresiones sexuales en las zonas de conciertos y recintos festivos, se reforzará el dispositivo del chupinazo del 15 de septiembre —acto que congrega a miles de personas en la plaza Mayor— y se establecerán cortes de tráfico y desvíos en enclaves clave como la Fuente de la Niña, el paseo de San Roque y la plaza de España.

Protección Civil mantendrá el sistema de pulseras identificativas para menores y habilitará puntos de encuentro familiares. Los bomberos, por su parte, realizarán inspecciones diarias de atracciones y recintos. “Queremos ofrecer a vecinos y visitantes un entorno seguro, inclusivo y cardioprotegido”, subrayó Antón, señalando que Guadalajara aspira a ser referencia nacional en seguridad festiva.

Una batalla abierta con la ciudadanía como espectadora

El debate en torno a los encierros ha trascendido lo meramente festivo para convertirse en un pulso político con amplificación mediática. El PSOE insiste en que sus denuncias buscan garantizar transparencia y un uso responsable del dinero público. El PP, en cambio, interpreta las acusaciones como un ataque injusto que erosiona la confianza en las instituciones.

La ciudadanía asiste, a pocos días del inicio de las Ferias, a un enfrentamiento en el que la tradición taurina, la seguridad, la gestión económica y la pugna política se entremezclan. La evolución del conflicto marcará, inevitablemente, el tono del inicio de las fiestas más emblemáticas de Guadalajara.