Colectivos cuestionan la subestación de Yélamos en Guadalajara

Vecinos de Yélamos de Abajo y otros municipios de La Alcarria han iniciado una campaña de alegaciones contra el proyecto de subestación eléctrica de 400 kV previsto en ese término municipal de Guadalajara, promovido por Red Eléctrica de España. El plazo para adherirse expira el 24 de agosto.

La iniciativa, articulada a través de Aliente en Guadalajara junto con la Asociación Alcarria es Patrimonio y Ecologistas en Acción de Guadalajara, exige una evaluación ambiental completa, mayor transparencia y que se justifique la necesidad real de la infraestructura antes de que se concedan las autorizaciones administrativas.

Imagen de archivo de una subestación eléctrica

Vecinos de Yélamos de Abajo e Irueste, municipios de la provincia de Guadalajara donde se proyecta la nueva subestación Yélamos 400 kV y su línea de conexión con la actual línea Fuentes de la Alcarria–Trillo, se han organizado para presentar alegaciones durante el periodo de información pública al que está sometido el proyecto. La infraestructura, que cuenta con un presupuesto estimado de 8,49 millones de euros, requiere autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración de utilidad pública. La campaña, coordinada por Aliente en Guadalajara con la colaboración de la Asociación Alcarria es Patrimonio y Ecologistas en Acción de Guadalajara, ha habilitado un formulario para facilitar la presentación de alegaciones individuales antes de que concluya el plazo el 24 de agosto.

El debate, más allá de la infraestructura

Para los vecinos, la discusión no se agota en la construcción de una instalación eléctrica. El argumento central de la campaña sostiene que una subestación de 400 kV y 600 MVA podría actuar como punto de atracción para nuevos proyectos industriales, grandes instalaciones renovables o centros de datos, acelerando una transformación del territorio que califican de irreversible. "Queremos poder decidir qué desarrollo queremos y evitar que nuestros pueblos se conviertan en un territorio de sacrificio", señala la nota de prensa difundida por los impulsores de la iniciativa.

Las alegaciones se articulan en ocho bloques. El primero cuestiona la justificación de la necesidad y utilidad pública de la subestación: los promotores de las alegaciones sostienen que el proyecto se vincula a un almacenamiento hidroeléctrico por bombeo cuyos proyectos asociados se encuentran todavía en fases iniciales de tramitación, sin que se haya acreditado suficientemente su viabilidad. La segunda objeción apunta al riesgo de industrialización acumulativa de La Alcarria y reclama que se evalúen conjuntamente todas las infraestructuras presentes, previstas o razonablemente previsibles en la zona.

Biodiversidad, incendios y campos electromagnéticos

Otras alegaciones denuncian la supuesta falta de información, transparencia y participación ciudadana en el proceso —con mención expresa al Convenio de Aarhus y a la Ley 27/2006— y los daños sobre el paisaje, la agricultura, la ganadería, la apicultura y el turismo rural. La campaña también llama la atención sobre la biodiversidad de la zona, que albergaría aves esteparias y rapaces protegidas como la avutarda, el águila real y el águila azor perdicera, y exige un estudio de avifauna durante un ciclo anual completo. A estas objeciones se suman el riesgo de incendios vinculado a las líneas de muy alta tensión y el impacto de los campos electromagnéticos sobre residentes y explotaciones próximas, para cuya evaluación los alegantes reclaman la aplicación del principio de precaución.

Evaluación ambiental, el nudo central

La alegación de mayor calado técnico cuestiona que el proyecto pueda eludir la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Los colectivos sostienen que la subestación queda funcionalmente asociada a una línea de 400 kV de longitud muy superior a los 15 kilómetros exigidos por el Anexo I de la normativa de evaluación ambiental, lo que determinaría que tanto la línea de entrada y salida como la propia subestación deberían someterse a dicho trámite, con independencia de que el nuevo tramo de entronque tenga, considerado de forma aislada, una longitud de solo 0,98 kilómetros.

En consecuencia, solicitan que no se concedan las autorizaciones ni la declaración de utilidad pública mientras no quede acreditada la necesidad, viabilidad y proporcionalidad de la actuación; que se realice una evaluación ambiental completa de sus efectos acumulativos; y que se abra un proceso de información y participación pública con habitantes, propietarios, agricultores, asociaciones y ayuntamientos afectados. El formulario para adherirse a la campaña está disponible, según informan los promotores, en el canal de WhatsApp de Aliente en Guadalajara y en el blog de la Asociación Alcarria es Patrimonio.