Amnistía pide vivienda urgente para madre desalojada en Alovera

Amnistía Internacional ha solicitado al Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara) y a la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha la adopción de medidas urgentes para garantizar una vivienda adecuada a Ikram, de 26 años, y a su hija de un año, tras haber sido desalojadas en noviembre de 2025 sin alternativa habitacional, según ha informado la organización en un comunicado.

A esta petición ha respondido este viernes en Toledo la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha manifestado que espera que el Ayuntamiento de Alovera pueda ofrecer alguna vivienda social a la madre desalojada y ha trasladado la disposición de la Junta a prestar "todos los apoyos posibles para que esa familia salga de su situación de vulnerabilidad".

La entidad advierte de que madre e hija residen actualmente en una habitación dentro de una vivienda compartida que, según denuncia, no reúne condiciones adecuadas de habitabilidad ni salubridad, una circunstancia que considera de especial gravedad al afectar directamente a una menor de edad.

Preguntada por la reclamación de Amnistía Internacional, García Torijano ha explicado que la Consejería no tiene competencia directa para adjudicar viviendas, aunque le consta que el Consistorio de Alovera dispone de algunas viviendas sociales y confía en que los servicios sociales municipales puedan tramitar una solución.

Amnistía Internacional recuerda que los Servicios Sociales dependientes del Ayuntamiento de Alovera y de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha habían emitido previamente un informe en el que recomendaban la paralización del desahucio al tratarse de una familia en situación de vulnerabilidad.

Advertencias de Naciones Unidas

Según recoge la organización, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó medidas cautelares al Estado español para evitar daños irreparables, instando a proporcionar una alternativa habitacional adecuada.

Asimismo, Amnistía subraya que el Comité de los Derechos del Niño recomendó recientemente a España suspender los desalojos de familias con menores hasta garantizar una vivienda alternativa, y recuerda que el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, ha advertido sobre las consecuencias del fin de la moratoria de desahucios para familias vulnerables.

"Las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar el derecho a la vivienda, evitando los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional, y de proteger el interés superior del menor", ha señalado Alfonso Sánchez, Coordinador de Campañas de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha.

Peticiones concretas a las administraciones

En este contexto, Amnistía Internacional ha remitido escritos tanto al Ayuntamiento de Alovera como a la Consejería de Bienestar Social solicitando:

• La adopción inmediata de medidas que aseguren una vivienda alternativa adecuada para la familia.

• La revisión de la actuación administrativa que permitió el desalojo sin solución habitacional.

• La implementación de protocolos que impidan el desalojo de menores sin alternativa de vivienda.

Dentro de sus competencias, la consejera ha indicado que la Junta puede ofrecer ayudas de emergencia para facilitar el alquiler u otros recursos destinados a personas sin hogar, con el objetivo de abordar una situación que ha calificado como "no deseable". No obstante, ha insistido en que debe producirse "una acción concreta" por parte del Ayuntamiento, al que ha señalado como la administración competente para proporcionar una alternativa residencial a esta familia.

La organización insiste en que España ha sido reiteradamente señalada por organismos internacionales por incumplimientos en materia de derecho a la vivienda y recuerda que estas obligaciones son vinculantes para todas las administraciones públicas.