Trabajadores de la Seguridad Social se movilizan en Castilla-La Mancha

Trabajadores y trabajadoras del INSS se concentraron este miércoles, 17 de junio de 2026, ante las sedes de las Direcciones Provinciales del organismo en distintas provincias de España en respuesta a la convocatoria lanzada por los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y CIG, con el respaldo de USO. En Castilla-La Mancha, la movilización tuvo lugar en Albacete, sede de la Dirección Provincial del INSS en la región, y se enmarca en un conflicto laboral de fondo cuyo origen se remonta a acuerdos incumplidos desde 2018. La protesta reunió a empleados que denuncian el progresivo deterioro de sus condiciones de trabajo y el impacto directo que esa situación tiene sobre la atención a los ciudadanos.

Las organizaciones convocantes valoraron la jornada como un "rotundo éxito" en términos de participación, y subrayaron que la elevada afluencia registrada en las concentraciones —incluida la celebrada frente a la sede de la Dirección General del INSS en Madrid— constituye una muestra inequívoca del malestar acumulado entre la plantilla. Durante los actos se dio lectura a un manifiesto conjunto en el que los sindicatos expusieron sus reivindicaciones y advirtieron al Gobierno de que las protestas continuarán si no hay respuesta.

Acuerdos firmados y nunca ejecutados

El núcleo del conflicto es la falta de desarrollo efectivo del Acuerdo del 16 de mayo de 2023, suscrito por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pero el origen del problema es todavía más antiguo: los sindicatos recuerdan que siguen pendientes actuaciones comprometidas en el Acuerdo del 29 de noviembre de 2018, lo que convierte el incumplimiento en una pauta sistemática que afecta a sucesivos gobiernos.

Los compromisos sin cumplir abarcan un abanico amplio de materias: la reorganización administrativa del organismo, la cobertura y provisión de puestos de trabajo vacantes, la estabilización y el rejuvenecimiento de las plantillas, la movilidad del personal, el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación, la prevención de riesgos laborales y la promoción profesional. A ello se añade que las productividades del personal del INSS no se han actualizado al mismo ritmo que las del resto de organismos de la Administración General del Estado, lo que, según los sindicatos, convierte a la Seguridad Social en un destino poco atractivo para captar y retener talento.

Las organizaciones han denunciado además que la Administración ha intentado aprovechar la adaptación a la nueva regulación de jornada laboral —la reducción a las 35 horas semanales— para recortar derechos ya consolidados del personal, una maniobra que ha generado, según el manifiesto leído en las concentraciones, "una profunda preocupación entre los trabajadores y trabajadoras del organismo".

Una plantilla envejecida al límite

Más allá de los incumplimientos formales, los sindicatos ponen el acento en la dimensión humana y operativa de la crisis. De una plantilla total compuesta por 31.000 personas a nivel nacional, un tercio permanece vacante en la actualidad. El problema se agrava por el envejecimiento progresivo de los efectivos: las organizaciones advierten de que, en un plazo de cinco años, el 50% de la plantilla estará en edad de jubilación, lo que anuncia una nueva oleada de bajas sin cobertura suficiente si no se toman medidas urgentes.

En Castilla-La Mancha, la situación afecta a más de un millar de trabajadores distribuidos entre el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), organismos cuyas plantillas comparten las mismas carencias estructurales que el resto del país.

El ciudadano, el eslabón más débil

Las consecuencias de esta situación no se limitan al ámbito interno de la organización. Los sindicatos advierten de que la falta de personal, el incremento constante de las cargas de trabajo y la ausencia de medidas organizativas eficaces se traducen en un deterioro visible y medible de la atención al público. En algunas provincias, hay oficinas del INSS que cuentan con apenas uno a tres empleados para atender a la ciudadanía.

Los tiempos de espera reflejan con crudeza el nivel de saturación del sistema. En Madrid, el plazo para obtener cita en una oficina del organismo se sitúa en mes y medio. Para la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación destinada a los hogares en situación de pobreza severa, el plazo medio de resolución alcanza un año, una demora que tiene consecuencias directas sobre las familias más vulnerables que dependen de esa ayuda para subsistir.

Exigencias al Ministerio y continuidad de las protestas

En el manifiesto conjunto leído durante las concentraciones, los sindicatos convocantes exigieron al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que "abandone el inmovilismo, cumpla los compromisos adquiridos y adopte las medidas necesarias para garantizar el futuro de la Seguridad Social y de las personas que la hacen posible cada día". Las organizaciones enfatizaron que la defensa de los derechos de los empleados públicos es, al mismo tiempo, la defensa de un servicio público moderno, eficaz y suficientemente dotado de recursos humanos.

UGT, CSIF, CCOO y CIG fueron explícitas en su advertencia: las movilizaciones del 17 de junio constituyen únicamente el primer episodio de un calendario de actuaciones que se prolongará en el tiempo mientras persista el incumplimiento de los acuerdos y la falta de voluntad negociadora por parte de la Administración. La pelota queda ahora en el tejado del Ministerio, que deberá decidir si abre una vía de diálogo real o asume el coste político y social de una escalada de protestas en uno de los pilares del Estado de bienestar.