Sindicatos protestan contra el recorte en la promoción profesional

Los sindicatos CSIF, STAS, CCOO y UGT se han concentrado este jueves ante la Dirección General de Función Pública en Toledo para mostrar su rechazo a la modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha que, según denuncian, limita la promoción profesional de los empleados públicos y supone un “retroceso” en sus derechos.

La protesta coincide con la aprobación en las Cortes regionales de una enmienda al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias impulsada por el PSOE, que modifica el artículo 121 de la Ley 4/2011, eliminando la posibilidad de acogerse a la excedencia por prestación de servicios en el sector público, una herramienta clave para la progresión profesional.

Desde CSIF, su representante Victoria Ortiz ha expresado el “profundo rechazo” del sindicato a un cambio que considera un “recorte de un derecho ya reconocido” y que permitía a funcionarios acceder a puestos de mayor nivel, adquirir méritos y consolidar su promoción mediante concurso-oposición. Según ha advertido, la medida impedirá avanzar profesionalmente “con independencia de la titulación” de los empleados públicos.

Protesta unitaria y denuncia de imposición

Las cuatro organizaciones sindicales han actuado de forma conjunta, subrayando que la modificación se ha llevado a cabo “sin negociación, sin diálogo y sin respeto”, en lo que califican como una decisión unilateral del Gobierno regional. En este sentido, recuerdan que abandonaron la Mesa Sectorial como señal de protesta ante la negativa de la Administración a debatir el cambio normativo .

El comunicado conjunto denuncia que la reforma supone “un ataque directo a las ya limitadas posibilidades de promoción profesional” y alerta de que implicará menos oportunidades de desarrollo, mayor bloqueo laboral y peores expectativas de estabilidad para miles de trabajadores públicos .

Gustavo Fabra, de STAS, ha criticado que el Ejecutivo autonómico introduzca este recorte “mediante una ley ómnibus” y sin pasar por negociación colectiva, lo que, a su juicio, evidencia una estrategia de imposición. Además, ha lanzado un mensaje político directo al Ejecutivo regional, al considerar que esta actuación refleja falta de diálogo y voluntad negociadora.

Críticas al desarrollo pendiente de la carrera profesional

Desde CCOO, Juan Bautista González ha recordado que la Ley de Empleo Público de 2011 fue fruto de la negociación sindical, pero ha denunciado que, 15 años después, sigue sin desarrollarse en aspectos clave, especialmente en lo relativo a la carrera profesional.

Según ha explicado, existen escalas y estructuras obsoletas que requerían actualización, pero la Administración no ha abordado estas mejoras. En cambio, ahora sí impulsa modificaciones “que claramente recortan y perjudican al personal” sin contar con la representación sindical.

En la misma línea, Rocío Jiménez, de UGT Toledo, ha subrayado que la medida afecta no solo a funcionarios, sino también a personal laboral, estatutario y de la Administración local, extendiendo el impacto negativo a todo el sector público. Asimismo, ha recordado que la carrera profesional reconocida en la ley sigue paralizada desde hace más de una década.

“Pérdida de profesionalidad” y dudas sobre el ahorro

Los sindicatos han cuestionado también el argumento económico de la medida, asegurando que “no supone ningún ahorro” para la Administración, ya que cubrir plazas con personal interno o externo tiene un coste similar.

Por el contrario, advierten de una pérdida de eficiencia y experiencia, ya que la rotación de personal o la incorporación de nuevos trabajadores implica periodos de adaptación y menor continuidad en los servicios. “Se pierde profesionalidad”, han señalado, al tiempo que alertan de que la medida puede responder a intereses ajenos a la mejora del servicio público.

En este contexto, consideran que la Junta busca reducir la rotación y el número de interinos, pero a costa de limitar la carrera profesional y la motivación del personal.

Llamamiento a la negociación y movilización

Las organizaciones sindicales han exigido la retirada de la enmienda y la convocatoria urgente de una mesa de negociación para abordar una carrera profesional “objetiva y basada en méritos y capacidades”, similar a la existente en el ámbito sanitario.

El comunicado conjunto advierte de que lo que está en juego no es solo un aspecto técnico de la ley, sino “el futuro de las condiciones de trabajo” del personal público, y llama a mantener la movilización ante lo que consideran un nuevo recorte de derechos .

“¡Ni recortes ni imposiciones! ¡Respeto, negociación y derechos!”, han proclamado los sindicatos, que defienden la unidad de acción como herramienta para frenar futuras medidas similares.