El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia europea
El Parlamento Europeo ha decidido este miércoles paralizar la tramitación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si es compatible con los tratados comunitarios. La decisión, adoptada por una diferencia de apenas diez votos, suspende el proceso de ratificación del pacto hasta que la justicia europea emita su dictamen, un pronunciamiento que podría demorarse entre 18 y 24 meses, según los plazos habituales del tribunal.
La iniciativa salió adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, tras un debate muy ajustado en el pleno de la Eurocámara. La propuesta, impulsada por la izquierda europea y respaldada por eurodiputados de hasta cinco familias políticas, cuestiona el encaje jurídico del acuerdo firmado el pasado fin de semana en Paraguay tras más de veinticinco años de negociaciones. Una segunda iniciativa similar promovida por el grupo ultraderechista Patriotas por Europa fue rechazada de forma clara.
Dudas legales y base jurídica del acuerdo
Con esta decisión, el TJUE deberá examinar tanto la base jurídica del acuerdo de asociación como el acuerdo interino comercial, cuya competencia corresponde en exclusiva a la Unión Europea. Entre los principales puntos controvertidos figura el mecanismo de reequilibrio, que permitiría a los países de Mercosur impugnar legislación europea que consideren perjudicial para sus exportaciones. Varios eurodiputados temen que este instrumento colisione con la autonomía reguladora de la UE y debilite su marco normativo.
También se cuestiona la estrategia de la Comisión Europea de fragmentar el pacto en dos instrumentos, uno político y otro comercial, lo que permitió que la parte comercial pudiera avanzar sin la ratificación de los parlamentos nacionales. Esta vía facilitó, además, que el acuerdo se firmara mediante mayoría cualificada, pese al rechazo de varios Estados miembros como Francia, Irlanda o Polonia.
Aplicación provisional y choque institucional
Aunque la remisión al TJUE deja en suspenso la ratificación parlamentaria, la Comisión Europea mantiene formalmente la capacidad de impulsar una aplicación provisional de la parte comercial del acuerdo, una vez que al menos uno de los países de Mercosur complete su proceso interno. Esta posibilidad ha generado un fuerte debate político y ha sido interpretada por algunos grupos como una vía para sortear el control democrático del Parlamento.
Desde la izquierda europea se advirtió de que cualquier intento de aplicación provisional supondría “otro escándalo democrático”, mientras que desde los Verdes se subrayó que el voto envía un mensaje claro a la Comisión y al Consejo para que no sigan sacrificando a los agricultores, la salud pública y el clima en nombre del libre comercio. En el lado opuesto, el Partido Popular Europeo criticó una decisión que considera más política que jurídica y defendió que se trata de bloquear un acuerdo que Europa necesita con urgencia.
Divisiones políticas y voto español
El resultado evidenció profundas divisiones entre los grupos políticos y entre los Estados miembros. En el caso de España, votaron en contra del envío al TJUE el PP, el PSOE, el PNV y dos eurodiputados independientes del grupo ultraconservador, mientras que Vox, Sumar, Compromís, Comunes, BNG y ERC se pronunciaron a favor. Las diputadas de Podemos y el eurodiputado de Bildu no participaron en la votación.
El presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, calificó la decisión de “absolutamente irresponsable” y pidió que el acuerdo se rechace o apruebe en el procedimiento de consentimiento, en lugar de recurrir a lo que considera tácticas dilatorias.
Reacción de la Comisión y de los Estados miembros
La Comisión Europea reaccionó con pesar al resultado de la votación. Su portavoz de Comercio, Olof Gill, aseguró que las cuestiones planteadas por la Eurocámara “no están justificadas”, ya que, según Bruselas, han sido abordadas en profundidad y no son nuevas, recordando precedentes como el acuerdo comercial con Chile. Gill subrayó además la importancia económica y geopolítica del pacto y evitó aclarar si se avanzará en su aplicación provisional, a la espera del debate entre los jefes de Estado y de Gobierno.
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Teresa Ribera, defendió que el voto, aunque ajustado, representa un planteamiento legítimo, pero advirtió de que políticamente no se puede retrasar indefinidamente un acuerdo que ha costado años cerrar. En la misma línea se expresó el canciller alemán, Friedrich Merz, quien pidió “basta de demoras” y reclamó la aplicación provisional inmediata del pacto.
Francia, en cambio, se posicionó de forma contraria. El Gobierno francés, junto a partidos políticos y sindicatos agrarios, advirtió a la Comisión contra cualquier aplicación provisional del acuerdo y celebró la decisión del Parlamento Europeo como un paso que debe ser respetado.
El campo español mantiene las movilizaciones
La decisión de la Eurocámara no ha frenado la contestación social en el sector agrario. Las principales organizaciones del campo español han confirmado que mantendrán las protestas previstas para la próxima semana, al considerar que la paralización del acuerdo no resuelve los problemas de fondo. Asaja valoró que el Parlamento Europeo haya escuchado a agricultores y ganaderos, pero subrayó que las movilizaciones continúan por el recorte de la Política Agraria Común (PAC) y la necesidad de exigir modificaciones reales al acuerdo.
COAG celebró el retraso en la ratificación como fruto de la presión social y política, aunque insistió en la necesidad de seguir peleando para lograr una paralización definitiva. UPA y la Unión de Uniones reiteraron que las movilizaciones servirán también para reclamar precios justos y una PAC con financiación suficiente.
En Castilla-La Mancha, el presidente regional de Asaja, José María Fresneda, hizo un llamamiento a la unidad de agricultores y partidos políticos de cara a la manifestación convocada para el 29 de enero contra el acuerdo UE-Mercosur. Fresneda defendió que el rechazo no es al libre comercio, sino a la falta de reciprocidad y de reglas comunes, y advirtió de que no se aceptarán productos que no cumplan las mismas exigencias que los europeos. También reclamó menos burocracia, cambios en las políticas medioambientales y soluciones en materia de agua, alertando de que sin recursos hídricos no hay futuro para el sector.
Con el acuerdo ahora en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la tramitación queda congelada durante meses, en un contexto de tensión institucional, división política y presión creciente del sector agrario, que seguirá movilizado mientras se dirime el futuro del pacto comercial entre la UE y Mercosur.