La OCU critica la disparidad de criterios para aplicar las ZBE en Castilla-La Mancha
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que la implantación de las zonas de bajas emisiones que exigía la Unión Europea para 2023 en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, está siendo muy lenta y con poca información para los usuarios.
En Castilla-La Mancha, añade, seis de sus ciudades cuentan con más de 50.000 habitantes (Toledo, Cuenca, Albacete, Guadalajara, Ciudad Real y Talavera de la Reina, ) y por tanto se debería haber implementado en ellas estas zonas, sobre todo en las partes más céntricas y con más tráfico de estas localidades.
Pese a que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece la obligatoriedad de implantar ZBE en municipios de más de 50.000 habitantes antes de enero de 2025, OCU ha detectado diferencias significativas en la regulación, señalización, excepciones y control de acceso a estas zonas entre ciudades con similares características urbanas y demográficas.
Entre las seis ciudades de Castilla-LaMancha que deberían implementar este sistema, se ha detectado una falta de criterio a la hora de delimitar y señalizar claramente sus ZBE. Así, mientras que Albacete, Guadalajara y Talavera han señalizado estas zonas, otras no han detallado, más allá que en comunicados (Toledo) las zonas de la ciudad que se verán implicadas, ni siquiera calendario definitivo de cuando se procederán a llevar a cabo las restricciones, lo que genera una gran confusión a sus ciudadanos.
En cuanto a las bonificaciones y excepciones existentes entre estas ciudades, se siguen criterios dispares: Los beneficios a vehículos con etiqueta ECO o CERO no se aplican de forma uniforme. En algunas capitales se permite el aparcamiento gratuito o bonificado (Albacete), mientras que en otras aún no hay normativa específica al respecto.
De momento, afirma, en ninguna de las ciudades castellanomanchegas la implementación de las ZBE se acompaña de un refuerzo del transporte público, carriles bici o zonas peatonales, reduciendo la efectividad de la medida en términos de sostenibilidad y accesibilidad.
Asimismo, señala que en algunas ciudades como Toledo, Ciudad Real o Cuenca, existen proyectos que prevén la instauración de alquiler de bicicletas eléctricas o ampliaciones del carril bici, pero aún sin concretar.
A esto suma una campaña de información a los usuarios, en la que se indique claramente cuáles son las zonas (con mapas interactivos, aplicaciones móviles, etc), obligación para residentes/no residentes, características de los vehículos y sanciones.
OCU apoya todas las medidas que promuevan una movilidad sostenible y una mejora de la calidad del aire, pero también considera que es fundamental que estas actuaciones no perjudiquen a los consumidores, especialmente a los residentes, trabajadores, autónomos y usuarios de servicios en la zona afectada, así como a las familias con menos recursos y que dispongan de un vehículo antiguo.
