CSIF exige la carrera profesional para 14.000 empleados de la Junta
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha registrado formalmente ante la Dirección General de Función Pública una solicitud para que el Gobierno regional abra de manera inmediata un proceso de negociación sobre la carrera profesional del personal funcionario y laboral de la Junta de Comunidades.
Más de 14.000 empleados públicos de la Administración General autonómica y sus organismos autónomos continúan sin ver reconocido un derecho que lleva recogido en la legislación desde 2011 y que la mayoría de comunidades autónomas ya ha implantado. El sindicato reclama, además, un calendario de trabajo con plazos concretos.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó este martes 9 de junio una solicitud formal ante la Dirección General de Función Pública de Castilla-La Mancha para exigir la apertura inmediata de un proceso de negociación dirigido a desarrollar e implantar la carrera profesional del personal funcionario y laboral de la Junta de Comunidades. Según el sindicato, el Ejecutivo regional lleva años incumpliendo un derecho individual reconocido expresamente en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, y en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), pese a que la mayor parte de las comunidades autónomas ya lo han desarrollado e implantado en sus respectivas administraciones.
CSIF, que se define como el sindicato más representativo en las administraciones públicas y el primero en la Mesa General de Función Pública autonómica, fundamenta su reclamación en que la carrera profesional constituye un instrumento que permite reconocer y valorar de forma objetiva aspectos esenciales de la trayectoria de los trabajadores públicos: la experiencia acumulada, la formación continua, la evaluación del desempeño y la progresión profesional a lo largo del tiempo.
El presidente del Sector de Administración General de la comunidad autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, fue rotundo al valorar la situación: "La mayoría de administraciones públicas ya han desarrollado e implantado sistemas de carrera profesional, mientras que los trabajadores de la Junta de Comunidades continúan sin disponer de este mecanismo de reconocimiento y desarrollo profesional". Sánchez añadió que se trata de "una herramienta esencial para modernizar las administraciones públicas, mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía y reconocer el compromiso y la dedicación de los empleados públicos".
Un derecho pendiente desde 2011
La reivindicación no es nueva. Los empleados públicos de la Administración General de la comunidad autónoma y sus organismos autónomos —más de 14.000 entre personal funcionario y laboral— llevan años reclamando un sistema que sea, en palabras del propio sindicato, "objetivo, transparente y justo" y que reconozca tanto su trayectoria profesional como su contribución al funcionamiento de los servicios públicos de la región.
El marco legal que ampara esta demanda lleva más de una década vigente. La Ley 4/2011 de Empleo Público de Castilla-La Mancha recoge explícitamente este derecho, al igual que el TREBEP a nivel estatal. Sin embargo, la Junta de Comunidades no ha procedido a su desarrollo reglamentario ni a su implantación efectiva, a diferencia de lo ocurrido en el ámbito sanitario, donde CSIF logró recuperar este mecanismo para los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
Un modelo progresivo y con calendario
Ante esta situación, el sindicato no se limita a reclamar el inicio de las conversaciones, sino que exige que estas se estructuren con rigor: una negociación específica orientada a diseñar un modelo de carrera profesional que sea progresivo, sostenible y adaptado a las particularidades de la Administración regional y de su plantilla. El punto central de la solicitud es la exigencia de un calendario de trabajo con plazos concretos, que evite que el proceso se dilate indefinidamente como ha ocurrido hasta ahora.
Joaquín Sánchez fue contundente en el cierre de su posición: "La carrera profesional no puede seguir siendo una asignatura pendiente en la Junta de Comunidades. Es una cuestión de justicia para los más de 14.000 empleados públicos que han demostrado durante años su profesionalidad y compromiso con los servicios públicos de Castilla-La Mancha; se trata de implantar un reconocimiento que ya existe en otros sectores".
La solicitud ha sido registrada formalmente ante la Dirección General de Función Pública, organismo dependiente de la Consejería competente en materia de Administración Pública autonómica, y el sindicato espera que el Ejecutivo regional convoque una reunión específica en el marco de la Mesa General de Función Pública para abordar esta cuestión en los próximos meses.