El nuevo bloqueo a la senda de déficit restará 193 millones a Castilla-La Mancha
El Congreso afrontará este jueves una segunda y definitiva votación de la senda de estabilidad que determinará los límites de déficit y deuda para el periodo 2026-2028. Pese a la relevancia del acuerdo, todo apunta a que, como ya ocurriera en noviembre, la propuesta volverá a ser rechazada. Este bloqueo beneficia indirectamente a la Administración central pero tiene un efecto directo y notable en las comunidades autónomas, que deberán ajustarse al objetivo de equilibrio presupuestario. Para Castilla-La Mancha, el impacto será significativo: 193,3 millones de euros menos de capacidad de gasto en los próximos tres años y un escenario financiero más rígido para planificar políticas públicas.
La sesión del jueves cerrará un proceso marcado por las dificultades parlamentarias del Gobierno para sacar adelante sus objetivos fiscales. La senda propuesta por el Ejecutivo, idéntica a la ya tumbada hace unas semanas, planteaba un margen de déficit del 0,1 % del PIB para las comunidades autónomas entre 2026 y 2028. Ese pequeño colchón permitía cierta flexibilidad presupuestaria en un contexto de normalización de las reglas fiscales europeas y buscaba mantener el impulso de inversión pública sin comprometer el proceso de consolidación fiscal pactado con Bruselas.
Sin embargo, la falta de apoyos —con PP, Vox, Junts y UPN contrarios al planteamiento— ha imposibilitado su aprobación. El rechazo activa automáticamente los objetivos del plan fiscal estructural enviado a la Comisión Europea el año pasado. Ese plan establece un escenario mucho más duro para las autonomías: déficit cero durante tres ejercicios consecutivos. La consecuencia es inmediata: la pérdida de 5.485 millones para el conjunto de comunidades y, en el caso de Castilla-La Mancha, 193,3 millones que no podrán destinarse a servicios, inversiones o refuerzo de políticas sectoriales.
Castilla-La Mancha: una región más expuesta al ajuste
Aunque todas las comunidades afrontarán el recorte, la afección no es homogénea. Regiones con mayor capacidad fiscal o un volumen económico más elevado concentran las mayores cifras, pero territorios como Castilla-La Mancha acusan con mayor intensidad la tensión entre disciplina fiscal y necesidades de gasto. El ajuste regional supone, según fuentes autonómicas, una reducción de margen que afectará a la planificación de proyectos en sanidad, educación, servicios sociales y modernización de infraestructuras.
Además, el equilibrio presupuestario obligatorio limita la capacidad de reacción ante eventualidades económicas o incrementos de gasto sobrevenidos. En Castilla-La Mancha, donde la dispersión poblacional y la extensión territorial encarecen la prestación de servicios, la ausencia de un margen de déficit representa un desafío mayor para cuadrar las cuentas sin deteriorar la oferta pública.
La advertencia de García-Page: “No son decisiones neutras”
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya advirtió hace unos días, en una intervención desde el Senado, de las repercusiones del bloqueo para la región. Calificó la situación de “no neutra” y cifró el perjuicio para la comunidad en “casi 200 millones de euros”, una estimación que los cálculos de Hacienda han concretado ahora en 193,3 millones.
Page subrayó que la ausencia de acuerdos presupuestarios “tiene efectos concretos y cuantificables” que no pueden minimizarse bajo la apariencia de un desacuerdo técnico entre partidos. A su juicio, esta situación “ralentiza proyectos esenciales” y complica la toma de decisiones estratégicas para el ejercicio siguiente, especialmente en áreas donde la presión del gasto es permanente, como la sanidad o la educación.
El presidente regional recalcó también que, en un contexto como el actual, con una elevada complejidad parlamentaria y tensiones políticas continuas, “la incertidumbre institucional acaba arrastrando a todas las autonomías”. Alertó de que el impacto económico podría extenderse más allá de 2026 si no se proporciona a las comunidades un marco fiscal predecible, y recordó que Castilla-La Mancha afronta inversiones comprometidas que requieren estabilidad financiera y margen de maniobra.
El Gobierno central, dispuesto a seguir adelante con los Presupuestos
Pese al bloqueo, el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta. Una vez repetida la votación, con independencia del resultado, quedarán despejados los trámites previos para que el Ministerio de Hacienda presente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026. La ministra María Jesús Montero prevé llevarlo al Congreso entre enero y marzo, con la expectativa de que las nuevas cuentas puedan aprobarse en abril o mayo.
El límite de gasto no financiero ya está fijado en 216.177 millones —un 8,5 % más que en el ejercicio anterior—, pero la restricción del déficit autonómico obliga a revisar la arquitectura financiera del sistema territorial. Expertos en financiación autonómica consultados por diversos medios coinciden en que este marco podría tensionar especialmente a regiones con menor capacidad recaudatoria y altos costes estructurales, como Castilla-La Mancha.
Un horizonte fiscal marcado por la prudencia
Con la activación del plan fiscal remitido a Bruselas, todas las comunidades deberán ajustar sus previsiones y reorientar sus prioridades presupuestarias. En Castilla-La Mancha, la cifra de 193,3 millones representa no solo un dato macroeconómico, sino el equivalente a numerosos programas de inversión y refuerzo de servicios públicos que la Junta deberá reordenar.
La región afronta así un escenario de contención, condicionado por decisiones adoptadas en el ámbito nacional y por un bloqueo parlamentario que, de repetirse, seguirá reduciendo su capacidad de planificación y ejecución.