Castilla-La Mancha rechaza el modelo de financiación pactado solo con Cataluña

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, reiteró este lunes el "rechazo absoluto" del Gobierno regional al modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo central, al que se opone tanto por la forma —negociado con una sola comunidad autónoma y con un solo partido político— como por el fondo, al defender el principio de ordinalidad, que a su juicio otorga "privilegios a una comunidad autónoma en detrimento de las otras". Lo hizo en declaraciones a los medios previas al pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este lunes en Madrid, el primero presidido por el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, donde los consejeros autonómicos abordaron los objetivos de estabilidad presupuestaria para el trienio 2027-2029 como paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ruiz Molina acudió al CPFF acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, y defendió ante los medios la posición del Gobierno de García-Page: la reforma del sistema de financiación debe abordarse "desde el consenso y la negociación multilateral, garantizando la participación de todas las comunidades autónomas en un asunto que afecta al conjunto del Estado". El consejero subrayó que el principio irrenunciable de Castilla-La Mancha es la igualdad entre todos los ciudadanos, de modo que puedan acceder a servicios públicos fundamentales —sanidad, educación, servicios sociales— "con el mismo nivel de calidad, con independencia de dónde vivan o de la capacidad económica del territorio en el que residan".

"Manifestaciones imprudentes" de la consejera catalana

El titular castellanomanchego de Hacienda cargó con especial dureza contra las declaraciones de la consellera de Economía y Finanzas de Cataluña, la también socialista Alícia Romero, quien había dado por hecha la aprobación del nuevo modelo de financiación en el próximo CPFF, convocado para el 29 de julio. Ruiz Molina calificó esas palabras de "manifestaciones imprudentes" y recordó que el modelo ha sido pactado "de forma unilateral con una sola comunidad autónoma y con un solo partido político".

A raíz de ello, el consejero cuestionó la utilidad de las reuniones bilaterales celebradas por el Ministerio de Hacienda con las distintas comunidades: "Quiero pensar que no ha sido un paripé esas reuniones bilaterales que hemos mantenido", advirtió, y reprochó al Gobierno central que no haya desmentido a la consejera catalana, "que ya da por hecho que se va a aprobar en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera". El principio de ordinalidad que contiene el modelo —recordó Ruiz Molina— fue expresamente respaldado en su día por la anterior vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, así como por ERC, partido con el que se negoció el acuerdo y que aseguraba que "este principio se respetaba para Cataluña".

La posición de CLM no dejó margen a la ambigüedad: rechazo a la propuesta por la forma, al haberse negociado con una sola comunidad, y por el fondo, dado que el principio de ordinalidad implica que "quien más tiene más tiene que recibir", una lógica que el consejero consideró contraria al principio constitucional de igualdad entre territorios. Ruiz Molina reiteró el argumento del presidente García-Page sobre la necesidad de igualar la financiación autonómica para garantizar a toda la ciudadanía unos servicios públicos de igual calidad, con independencia del territorio en el que residan o de la riqueza de ese territorio.

El PP vota en bloque contra la senda de estabilidad

En el pleno del CPFF, Arcadi España planteó a las comunidades una senda de estabilidad para 2027-2029 con un objetivo de déficit del 0,1% del PIB, idéntico al propuesto el año anterior y que el Congreso de los Diputados ya rechazó. Hacienda advirtió de que votar en contra equivaldría a obligar a las regiones a realizar un ajuste de 5.849 millones de euros. El ministerio ofreció además a las comunidades un margen de gasto del 4% para el próximo ejercicio y comunicó que en 2027 recibirán "los mayores recursos de su historia": la financiación total, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, superará el 8% de aumento. Arcadi España subrayó que esos recursos serían aún mayores si finalmente se aprueba la reforma del modelo de financiación antes de que termine julio.

Las comunidades gobernadas por el PP votaron en contra de ambas propuestas. La consejera de Hacienda de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, fue la más contundente: "La mayoría de las comunidades autónomas, todas salvo Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha, hemos votado en contra". Albert restó importancia al proceso al calificarlo de "cortina de humo" y recordó que el Gobierno había anunciado lo mismo en 2024, 2025 y 2026 sin que los presupuestos llegaran a aprobarse: "Sabemos que es solo una tapadera para tratar de pasar de pantalla y tapar la corrupción", afirmó. La consejera de Extremadura, Elena Manzano, centró su crítica en la insuficiencia de recursos transferidos a las comunidades: "No disponemos de recursos suficientes. Extremadura pide un modelo que garantice que todos somos iguales, como recoge la Constitución. En este contexto, ¿cómo vamos a cumplir?".

CLM pide al PP que facilite los presupuestos

Del lado socialista, Ruiz Molina pidió al PP que votara a favor de la senda de estabilidad para que los Presupuestos Generales del Estado pudieran continuar su tramitación parlamentaria, al tiempo que reconoció que le gustaría disponer de "un mayor margen de maniobra" para afrontar las cuentas del próximo ejercicio. A su juicio, es positivo que el Gobierno de España presente su propuesta "para que pueda ser debatida y, en su caso, rechazada durante su tramitación parlamentaria". El consejero añadió que el nivel de déficit autorizado para las comunidades "no debería ser un elemento de discusión" si existiera un sistema de financiación que cubriera adecuadamente las necesidades reales de gasto de los territorios, ya que un modelo suficiente "reduciría la dependencia de los márgenes de déficit para garantizar la prestación de los servicios públicos".

Su homólogo asturiano, el consejero de Hacienda del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, fue más exigente y reclamó una reforma de la regla de gasto para ajustarla al marco normativo de la Unión Europea: "No podemos aceptar como normal que 16 de 17 comunidades autónomas incumplan la regla de gasto, incluida la propia Administración General del Estado", señaló. Peláez expresó que, en principio, el Principado apoyará la senda de estabilidad con un objetivo de déficit del 0,1%.

La consellera catalana Romero también adoptó una postura constructiva y celebró que se iniciara el proceso para aprobar los PGE con el CPFF de este lunes. Además, lanzó la propuesta de estudiar, para próximos ejercicios, un déficit asimétrico por comunidades atendiendo a la situación fiscal diferente de cada una, iniciativa que Hacienda acogió favorablemente y que los consejeros populares rechazaron de plano.

El 29 de julio, cita para la financiación; el 14, en el Congreso

Arcadi España anunció en el pleno la convocatoria de un nuevo CPFF el 29 de julio, monográfico sobre el modelo de financiación autonómica, una fecha que los consejeros del PP anticiparon que afrontarán manteniendo su rechazo. "Lo que se nos presenta es el modelo Junqueras, que es un modelo que todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, hemos ya rechazado", dijo la consejera madrileña Albert, en referencia al acuerdo alcanzado con ERC. "Lo que tiene que hacer este nuevo ministro es cambiar el modelo, discutirlo con todas las comunidades autónomas y entonces podremos hablar de algo distinto. Hemos dicho que no y lo lógico es que todas vamos a seguir diciendo que no", concluyó, en una declaración que reprodujo el tono del resto de consejeros populares a su salida del encuentro.

Tras el CPFF de este lunes, el Gobierno prevé llevar al Consejo de Ministros del martes tanto el límite de gasto no financiero como los objetivos de estabilidad para remitirlos a las Cortes Generales. La previsión es que el Congreso de los Diputados los vote en un pleno extraordinario el 14 de julio, con una segunda votación de reserva fijada para el 23 de julio en caso de nuevo rechazo —ambos plenos se celebrarán fuera del período de sesiones ordinarias, que concluyó el 30 de junio—. El objetivo del Ejecutivo es abrir las negociaciones presupuestarias con los grupos parlamentarios una vez cerrados internamente los objetivos, con la vista puesta en presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado a la vuelta del verano.