Castilla-La Mancha destina 500 millones a vivienda con 32 medidas para 2026-2030

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, presentó este miércoles en el Salón de Tapices del Palacio de Fuensalida, en Toledo, la Agenda de Acción por la Vivienda 2026-2030, un plan estructurado en 32 medidas y cuatro grandes pilares que movilizará recursos públicos superiores a los 500 millones de euros para abordar lo que calificó como "el principal problema social en España". El acto contó con la presencia del consejero de Fomento, Nacho Hernando; el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina; y la consejera Portavoz, Esther Padilla.

García-Page situó la falta de oferta como la causa principal de la crisis. "España lleva, acomplejado con el problema del urbanismo, con la crisis de la burbuja inmobiliaria, muchísimo tiempo sin construir", afirmó, para añadir que "solo se va a arreglar el problema construyendo muchas más" viviendas. El presidente aceptó que el plan "no es la panacea que pueda resolver todos los problemas", pero insistió en que recoge "medidas realistas, claras y practicables, objetivables", que dependen "más de nosotros mismos que del Estado".

En tono crítico con el bloqueo político nacional, el mandatario regional lamentó que "la falta de estabilidad política y de mayorías posibles en el Congreso de los Diputados" impide avanzar en soluciones legislativas de alcance estatal. "La política progresista de izquierdas de vivienda no se puede imponer porque no hay mayorías", señaló, y advirtió de que tampoco la derecha tiene opciones de prosperar con una alternativa diferente.

La agenda se financia con tres fuentes: fondos propios de la Comunidad Autónoma, fondos europeos y la cofinanciación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, del que la Junta asume en la mayoría de los pilares una contribución superior a la del Gobierno central.

Pilar I: 135 millones para construir 2.500 nuevas viviendas

El primer eje destina 135 millones de euros al aumento de la oferta, con el objetivo de impulsar la construcción de unas 2.500 nuevas viviendas. La Junta aportará el 51% de esa inversión, frente al 49% del Estado. El consejero Nacho Hernando resaltó que el Plan 10.000 Viviendas —puesto en marcha en marzo de 2023 con la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO)— ya supera los 18.300 visados iniciados de obra nueva en la región, casi el doble del objetivo inicial. Alrededor del 20% de esas viviendas cuentan con algún tipo de protección pública.

Dentro de este pilar, el Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión gratuita de dos parcelas a favor de la empresa pública GICAMAN para la construcción de 231 viviendas de protección pública en el barrio de Santa María de Benquerencia, en Toledo. Hernando cifró en 1.150 las nuevas viviendas protegidas que el Gobierno regional prevé ofertar en la capital regional a través de las distintas iniciativas en marcha. A estas se suman las 172 viviendas de protección oficial para venta previstas en una parcela de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

El presidente avanzó además que Ciudad Real recibirá un anuncio concreto "a la vuelta de septiembre": la construcción de 120 viviendas en el centro de la ciudad, en edificios de la Junta que quedarán liberados con la apertura del nuevo edificio que concentrará todos los servicios administrativos.

El plan también contempla 42 millones de euros del Programa 6 de los Fondos Next Generation para la construcción directa de vivienda, principalmente en el Polígono de Santa María de Benquerencia de Toledo, y trabaja con la Comisión Europea en la reformulación de 68 millones de euros de Fondos FEDER para destinarlos a vivienda protegida en régimen de alquiler asequible. Castilla-La Mancha aspira a ser la primera comunidad autónoma de España en aplicar las decisiones de la UE en materia de vivienda bajo la figura del Servicio de Interés Económico General (SIEG).

Pilar II: 108 millones para rehabilitar 3.000 viviendas

El segundo pilar destina 108 millones de euros a rehabilitación energética y de accesibilidad, lo que la Junta estima equivale a 3.000 viviendas rehabilitadas en Castilla-La Mancha. La aportación regional representa el 54% del total, frente al 46% estatal.

Hernando destacó que la región se ha convertido en la comunidad autónoma que más fondos ha captado del programa PREE 5.000, con casi 60 millones de euros y 1 de cada 3 euros repartidos a nivel nacional para la rehabilitación energética en municipios de menos de 5.000 habitantes. A ese resultado se suman los más de 120 millones de euros ya comprometidos a través de los Programas 3 y 4 de los Fondos Next Generation, con los que se han concedido más de 5.200 ayudas para edificios de viviendas y se han mejorado más de 3.400 viviendas unifamiliares.

La agenda incluye una nueva convocatoria de ayudas a la rehabilitación cofinanciada con Fondos FEDER, dotada con 21 millones de euros, que se sumará a los 29,7 millones ya convocados con los que se espera rehabilitar más de 1.000 inmuebles. Además, en septiembre de 2026 arrancará una nueva línea de ayudas a la accesibilidad con 7 millones de euros, orientada a financiar entre el 60% y el 80% del coste de instalación de ascensores, salvaescaleras y adaptaciones interiores, con prioridad para personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia.

Pilar III: Más de 100 millones para facilitar el acceso, con préstamo al 0%

El tercer pilar contempla más de 100 millones de euros en ayudas directas al acceso a la vivienda, de los cuales la Junta aportará el 46% y el Estado el 54%, según las cifras del documento presentado. El Consejo de Gobierno aprobó en su última sesión una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para 2026 con un presupuesto de 5 millones de euros, que cubrirá hasta el 50% del alquiler mensual durante un máximo de 12 meses. Las ayudas se articulan por zonas geográficas con límites de renta diferenciados: el techo más alto corresponde a las cinco capitales de provincia junto con Azuqueca de Henares (Guadalajara), Illescas (Toledo) y Seseña (Toledo), donde el alquiler máximo subvencionable se fija en 953 euros mensuales (1.143 para familias numerosas o con personas con discapacidad igual o superior al 30%). Se estima que unas 1.200 solicitudes podrán beneficiarse con el presupuesto previsto.

Desde 2013, Castilla-La Mancha ha destinado más de 140 millones de euros a ayudas al alquiler, beneficiando a más de 57.000 hogares y cerca de 173.000 personas en toda la región.

El eje de acceso incorpora también medidas de especial calado para los jóvenes. La Ley 1/2026, de 26 de marzo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha introduce, entre otras, una deducción del 15% en el IRPF sobre las aportaciones a cuentas de ahorro destinadas a la compra de vivienda habitual (con un máximo de 3.000 euros), la subida de la deducción por alquiler de 450 a 500 euros, y la reducción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales del 5% al 3% para menores de 36 años en la adquisición de su primera vivienda habitual.

El programa estrella, sin embargo, es el Programa Joven de Ayudas a la Financiación para la Adquisición de Vivienda —conocido como préstamo tipo "0"—, dotado con 30 millones de euros. La medida pretende resolver uno de los principales obstáculos para los jóvenes: que la banca solo financia hasta el 80% del valor del inmueble. Con esta iniciativa, la Junta avalará el 20% restante y asumirá los intereses asociados durante 30 años, de modo que el ciudadano pueda acceder a financiación del 100% de la vivienda a coste cero en ese tramo. "Vamos a asumir el interés que conlleva ese 20%, así cualquier ciudadano de Castilla-La Mancha va a poder suscribir el 100% del préstamo sabiendo que el 20% que nunca le suscribirán los bancos, lo avala la comunidad autónoma", explicó García-Page.

El presidente recordó que esta medida ya fue rechazada en las Cortes de Castilla-La Mancha y anunció que volverá al pleno este jueves. Hernando emplazó al PP y a Vox a apoyarla: "sería una medida que el Partido Popular y que Vox tendría que apoyar o si no explicar por qué quieren impedir que sea más fácil para la gente joven de nuestra región el poder adquirir una vivienda".

Pilar IV: Reforma urbanística para liberar suelo y agilizar trámites

El cuarto pilar articula una reforma normativa integral que afectará al texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU), al Reglamento de Suelo Rústico, al Reglamento de Planeamiento y al Reglamento de Disciplina Urbanística. El objetivo es convertir el urbanismo "en el motor que incrementa la oferta de suelo" en lugar de una barrera.

Entre las medidas más destacadas figura la nueva figura del Plan de Renovación y Regeneración Urbana (PRRU), que concentrará en un único acto administrativo el cambio de planeamiento, la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora y la licencia de obra. Esta simplificación aliviará especialmente la carga burocrática de los pequeños municipios.

La agenda también contempla el desarrollo de Planes Especiales de Reclasificación de Suelo Rústico para municipios en riesgo de despoblación, que reducirán a la mitad los plazos administrativos de tramitación, y medidas para permitir el cambio de uso terciario a residencial sin necesidad de nuevas expansiones urbanas.

Para los municipios sin planeamiento —aproximadamente un tercio de los de la región—, se aprobará una Norma Técnica de Planeamiento mediante decreto que dotará de reglas claras y homogéneas a esos núcleos, y se ofrecerán ayudas en especie a los pequeños ayuntamientos para que puedan redactar sus propios instrumentos de ordenación. La región también pondrá en marcha el Visor de Suelos de Castilla-La Mancha, una plataforma digital pública que clasificará y hará accesible la información sobre suelo disponible en las categorías residencial, dotacional, industrial y terciario.

Como medida complementaria, el Gobierno regional cedió en octubre de 2025 una parcela de 3.000 metros cuadrados —con valor catastral de 4,5 millones de euros— en la Avenida Río Boladiez de Toledo para la instalación de un Centro de Formación en Construcción, en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción de CLM. El nuevo equipamiento, que formará a 2.500 personas en oficios del sector, contará con nueve aulas, talleres prácticos y espacios administrativos, y responde a la necesidad de incorporar mano de obra joven y cualificada a un sector con escasez de profesionales.

García-Page resumió la ambición del plan sin ocultar sus límites: "Este planteamiento es una propuesta constructiva que el día de mañana podría ser objeto de acuerdo global entre unos y otros". Una hoja de ruta para cuatro años que, según el presidente, depende "más de nosotros mismos que del Estado", pero que se sostiene también en la esperanza de que el desatasco político nacional llegue antes de que la vivienda termine, como advirtió, de "estrangular el crecimiento económico".