CCOO denuncia despidos en Geacam por falta de adaptación de puestos
CCOO denuncia que la empresa pública responsable del servicio de extinción de incendios de Castilla-La Mancha ha prescindido de 16 empleados con hasta cuatro décadas de antigüedad por no superar el reconocimiento médico, vulnerando el convenio colectivo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El sindicato reclama a la dirección de Geacam que adapte o reubique a estos trabajadores, como exige la normativa, en lugar de recurrir a los despidos. Muchos de los afectados rondan los 60 años y residen en zonas rurales sin perspectivas de reempleo.
La empresa pública Geacam, responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Castilla-La Mancha (JCCM), ha despedido a 16 trabajadores declarados no aptos para las tareas de extinción tras no superar el reconocimiento médico, según denunció este jueves el sindicato CCOO. La central sindical acusa a la compañía de incumplir tanto el convenio colectivo como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que obligan a adaptar el puesto de trabajo o reubicar al empleado antes de proceder a su cese.
Los despidos afectan a trabajadores repartidos por las cinco provincias de la región: 6 en Albacete, 4 en Guadalajara, 3 en Cuenca, 2 en Ciudad Real y 1 en Toledo. La mayoría de los afectados ha prestado servicio durante entre 30 y 40 años y se encuentra en una situación especialmente vulnerable al rondar los 60 años de edad.
"Muchas de estas personas viven en zonas vulnerables donde encontrar trabajo es una misión imposible, lo que significa que se les está mandando al desempleo sin visos de poder volver a trabajar", advirtió Manuel Amores, presidente del Comité de Empresa de Geacam, durante la comparecencia del sindicato.
Una solución parcial e insuficiente
Amores explicó que la empresa sí ha adoptado una medida de reubicación en algunos casos, destinando a los trabajadores no aptos a las torres de vigilancia forestal durante el período estival. Sin embargo, este recurso tiene una vigencia de tan solo 100 días, tras los cuales los empleados son desplazados a destinos situados a hasta 300 kilómetros de su domicilio, lo que en la práctica les impide mantener el empleo.
"Lo que ocurre es que esto solo es posible durante los 100 días que dura ese período y después las mandan a 300 kilómetros de distancia, de tal forma que no les compensa trabajar con esas condiciones", subrayó el presidente del comité.
Indemnizaciones recortadas respecto al convenio
La denuncia del sindicato no se limita a la decisión de despedir. CCOO señala además que Geacam está incumpliendo también el capítulo indemnizatorio del convenio colectivo, que establece para estos supuestos el derecho a solicitar la extinción del contrato con una compensación de 40 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. En su lugar, la empresa aplica los mínimos del Estatuto de los Trabajadores: 20 días por año, con un techo de 12 mensualidades, lo que supone, en los casos de mayor antigüedad, una diferencia económica significativa para los afectados.
El caso de Cuenca: de indefinida a fija discontinua
El delegado de CCOO en Cuenca, Alejandro García, presentó durante la comparecencia un caso concreto que ilustra, a su juicio, el patrón de actuación de la empresa. Una trabajadora con una discapacidad reconocida del 34% solicitó la adaptación de su puesto de trabajo al amparo de la normativa vigente. La respuesta de Geacam, según García, no fue evaluar las posibilidades de reubicación sino modificar su contrato, pasándola de trabajadora indefinida a fija discontinua.
"La empresa, lejos de evaluar su situación y de evaluar las vacantes para reubicarla, ha optado por cambiarle el contrato de indefinida a fija discontinua; es decir, la solución ha sido recortarle derechos", denunció el delegado provincial.
García subrayó que este comportamiento no es aislado, sino que Geacam "está reproduciendo el mismo patrón de incumplir la Ley de Prevención en todas las provincias con las personas no aptas".
CCOO exige soluciones sin esperar a los tribunales
Manuel Amores lamentó que una empresa de titularidad pública, financiada con dinero público, actúe de este modo y reclamó a su dirección que intervenga para buscar una salida negociada. "Pedimos a la dirección que tome cartas en el asunto para buscar una solución en lugar de dejarlo en manos de los tribunales", declaró.
CCOO anunció que seguirá denunciando estas decisiones por contravenir la ley y el convenio colectivo, aunque reconoció que, de momento, la vía judicial es el único recurso efectivo con el que cuentan los trabajadores afectados. El sindicato no descartó ampliar las acciones sindicales si la empresa mantiene esta línea de actuación ante futuros casos de trabajadores declarados no aptos.