Castilla-La Mancha reclama claridad y rechaza la ordinalidad ante la nueva financiación autonómica
Castilla-La Mancha llegó al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) defendiendo que el Estado debe aportar transparencia, coherencia y documentación suficiente para avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica. Sobre esa base, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, marcó el tono crítico de la Comunidad con un escenario en el que las autonomías siguen sin conocer datos esenciales para elaborar sus cuentas.
Castilla-La Mancha exige claridad y denuncia la falta de información previa
El Gobierno castellanomanchego expresó su preocupación por el retraso en la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2025 y por la ausencia de documentación previa respecto a los asuntos del orden del día del CPFF, especialmente los relacionados con la reforma del modelo de financiación. Ruiz Molina subrayó que “algo no funciona en el sistema” cuando, a 17 de noviembre, se desconoce el incremento retributivo de los empleados públicos para 2025 y 2026, un dato imprescindible para terminar de perfilar el presupuesto autonómico, que ya se está tramitando en las Cortes con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero.
El consejero insistió en que las comunidades deben poder ejercer de forma real su principio de autonomía financiera, sin depender de decisiones que, dijo, siguen llegando desde Madrid sin la antelación necesaria. Lo que beneficia al Gobierno central como paso previo a los Presupuestos Generales del Estado, añadió, perjudica a los territorios obligados a elaborar sus cuentas sin información básica que garantice realismo y solvencia.
Sin papeles sobre la reforma y críticas a la falta de coherencia política
Uno de los reproches más contundentes del Ejecutivo autonómico fue la falta de documentación sobre el estado de la reforma del sistema de financiación. Ruiz Molina lamentó no haber recibido “ni un solo documento”, a pesar de que diversos medios —única fuente disponible, subrayó— aseguran que existen propuestas y avances internos.
A ello sumó un llamamiento a la coherencia del Gobierno central: mientras se reclama una posición común al Partido Popular para avanzar en un acuerdo nacional, dentro del propio Partido Socialista existen divergencias cuando aparece sobre la mesa la financiación singular para Cataluña. El presidente García-Page, recordó, ha mostrado un rechazo contundente al llamado cupo catalán o a cualquier planteamiento que no respete la igualdad entre territorios.
En esta línea, el consejero insistió en que la iniciativa del debate debe partir del Gobierno de la Nación y hacerlo con un documento que reconozca las singularidades de todas las comunidades, pero bajo el paraguas de un principio de igualdad que garantice que cualquier ciudadano, viva donde viva, pueda acceder en las mismas condiciones a los servicios públicos fundamentales.
Oposición total al principio de ordinalidad
El Gobierno de Castilla-La Mancha reiteró también su posición contra el principio de ordinalidad, al considerar que vulnera los valores y principios de igualdad que deben inspirar el nuevo modelo de financiación. Ruiz Molina afirmó que la satisfacción que ERC ha mostrado en algunos momentos de la negociación con el Gobierno central y el PSC es una señal de alerta: “Si ERC está satisfecha es que algo no cuadra”, apuntó.
La comunidad mantiene además su exigencia de un fondo transitorio de compensación para los territorios objetivamente infrafinanciados, tal y como señalan diversos estudios y el propio Ministerio de Hacienda.
Hacienda plantea un déficit del 0,1% para 2026-2028
En paralelo a las reivindicaciones autonómicas, el Ministerio de Hacienda trasladó a las comunidades una propuesta de déficit del 0,1% del PIB para 2026, 2027 y 2028, un margen que globalmente suma 5.485 millones. Es la misma senda presentada el año anterior, rechazada por las Cortes Generales, lo que ya ha motivado advertencias de fuerzas como Junts, que anticipan un voto contrario si el Gobierno insiste en esos objetivos.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera, no obstante, que con las previsiones actuales —que apuntan a equilibrio presupuestario en 2026— las comunidades no necesitan un margen mayor.
La propuesta de estabilidad se enmarca en los trabajos previos para los Presupuestos Generales del Estado de 2026 y será remitida a las Cortes tras su aprobación en el Consejo de Ministros, junto al límite de gasto no financiero.
Récord histórico de entregas a cuenta para 2026
Durante el CPFF, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó también que las comunidades recibirán en 2026 157.731 millones de euros en entregas a cuenta, un 7% más que en 2025 y la cifra más alta registrada. La mejora de la situación económica ha permitido elevar la previsión divulgada en julio, que ascendía a 156.990 millones.
Si se suman las entregas a cuenta y la liquidación correspondiente al ejercicio 2024, la financiación total para las comunidades en 2026 alcanzará 170.300 millones, un incremento del 7,7% respecto al presente año.