Castilla-La Mancha lidera la obra pública tras dispararse un 926%

Castilla-La Mancha lidera la obra pública tras dispararse un 926%

Castilla-La Mancha se convierte en la comunidad autónoma donde más crece la licitación de obra pública en España en el primer trimestre de 2026, con un incremento del 926% que eleva su volumen hasta los 109 millones de euros, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

El despegue regional contrasta con la caída generalizada del 12% registrada en el conjunto de las comunidades autónomas, en un contexto nacional donde la licitación creció un 7,3% hasta los 8.343 millones de euros, impulsada principalmente por los ayuntamientos y la Administración General del Estado.

Castilla-La Mancha encabeza en 2026 el ranking de crecimiento de la inversión pública en infraestructuras en España. La comunidad registró entre enero y marzo una licitación de obra pública de 109 millones de euros, lo que supone un salto del 926% respecto al mismo periodo del año anterior, convirtiéndola en la región con mayor avance porcentual del país según las estadísticas del primer trimestre publicadas por Seopan.

El dato regional destaca con fuerza en un escenario nacional heterogéneo. El conjunto del país sumó 8.343 millones de euros licitados en los tres primeros meses del año, un 7,3% más que en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, ese crecimiento no fue uniforme: mientras los ayuntamientos tiraron del carro con un aumento del 16% y la Administración General del Estado avanzó un 15,5%, las comunidades autónomas en su conjunto registraron una caída del 12%.

Castilla-La Mancha se desmarcó de esa tendencia autonómica negativa junto con otros dos territorios: Andalucía, que multiplicó por más de tres su licitación hasta los 567 millones de euros (+208%), y Galicia, que alcanzó los 338 millones con un alza del 124%. En el polo opuesto se situaron la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, donde las licitaciones cayeron un 70% en ambos casos, hasta los 150 millones y los 71 millones de euros respectivamente.

El peso de Adif y el freno ferroviario

El mayor organismo licitador del país, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, registró una leve caída del 0,6% en su actividad. La explicación principal hay que buscarla en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que redujo sus nuevos contratos un 17,4%, desde los 1.354 millones de euros licitados en el primer trimestre de 2025 hasta los 1.118 millones del mismo periodo de 2026. Adif es el ente público que más licita en España y su retroceso lastró el comportamiento del conjunto ministerial.

No fue el único ministerio que vio descender sus cifras. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico licitó 147 millones de euros, un 11,7% menos que en el año anterior.

Aeropuertos y puertos, al alza; carreteras, en cero

Frente al retroceso ferroviario, otros modos de transporte registraron crecimientos notables. Las licitaciones aeroportuarias de Aena se dispararon un 89%, hasta los 149 millones de euros, mientras que las portuarias avanzaron un 38%, hasta los 179 millones.

En el ámbito de las carreteras, la empresa pública Seitt —que gestiona las autopistas rescatadas por el Estado tras la crisis financiera de 2008— licitó 44 millones de euros, duplicando de esta forma su actividad respecto al año anterior (+100%). Sin embargo, la Dirección General de Carreteras cerró el primer trimestre sin haber publicado ningún contrato, una circunstancia que los datos de Seopan recogen sin que hasta la fecha se haya ofrecido una explicación oficial al respecto.

El empuje de los ayuntamientos

El crecimiento del 16% en la licitación municipal constituyó uno de los pilares del avance nacional. Los consistorios se convirtieron así en el escalón administrativo con mayor dinamismo inversor en el arranque del año, en contraste tanto con la contención de las autonomías como con el comportamiento desigual del Estado central. Este impulso local, combinado con el auge de determinadas comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia, dibuja un mapa de la inversión pública en infraestructuras en el que los extremos territoriales —grandes crecimientos y grandes caídas— coexisten dentro de una media nacional moderada.