Castilla-La Mancha aprueba deducciones de vivienda para 13.000 jóvenes
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, conocido como ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, un texto que incluye un amplio paquete de incentivos fiscales dirigidos principalmente a facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, estas medidas tendrán un impacto de ocho millones de euros y beneficiarán a más de 13.000 contribuyentes en la región.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha detallado el contenido del proyecto en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, tras el Consejo de Gobierno. El texto será remitido “de manera inmediata” a las Cortes de Castilla-La Mancha para iniciar su tramitación parlamentaria.
La iniciativa legislativa, que acompaña a la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026, se articula en torno a tres grandes áreas: un bloque de medidas tributarias, un segundo eje de simplificación y agilización administrativa y un tercer apartado centrado en la política de recursos humanos, especialmente en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
Incentivos fiscales para facilitar la compra y el alquiler de vivienda
El principal bloque de la ley está orientado a “favorecer la adquisición de vivienda por parte de los jóvenes”, un conjunto de medidas que, según el consejero, persiguen reducir las cargas iniciales de la compra, financiar a coste cero la parte no cubierta por los bancos y fomentar el ahorro previo para afrontar los gastos asociados a la adquisición.
Entre las medidas más destacadas figura una reducción del 40 % del tipo impositivo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que pasa del 5 % al 3 % en la compra de la primera vivienda habitual por contribuyentes menores de 36 años. Para este mismo colectivo y en las mismas condiciones, se reduce a la mitad el tipo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, del 0,5 % al 0,25 %.
En el ámbito del IRPF, el proyecto incorpora una nueva deducción del 15 % por las aportaciones realizadas a cuentas de entidades bancarias —las tradicionales “cuentas vivienda”— siempre que el importe se destine a la adquisición de la vivienda habitual. El límite máximo de deducción se sitúa en 3.000 euros, lo que supone una aportación máxima de 20.000 euros.
Asimismo, se incrementa en un 11 % el límite máximo de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual, que pasa de 450 a 500 euros, ampliando su aplicación no solo a jóvenes menores de 36 años, sino también a familias numerosas, familias monoparentales y personas con discapacidad.
Para facilitar la aplicación de estas deducciones, la ley eleva en un tercio el valor máximo de la vivienda que permite acogerse a los beneficios fiscales, que pasa de 180.000 a 240.000 euros. Estas medidas se complementan con modificaciones normativas para facilitar la concesión por parte de la Junta de préstamos a tipo cero, destinados a cubrir la parte del precio de la vivienda que no suele financiar la banca, habitualmente en torno al 20 %.
Otras deducciones sociales y fiscales
El proyecto de ley incluye también otras medidas tributarias de carácter social. Entre ellas, una deducción del 30 % en el IRPF por los gastos derivados de controles veterinarios y vacunación de perros de asistencia para personas con discapacidad, con un máximo de 100 euros por contribuyente, atendiendo a la demanda de entidades como la ONCE.
En materia de tasas, se establece la exención del pago de la inspección técnica para los vehículos adscritos a licencias de autotaxi, con el objetivo de fortalecer el sector, y se suprimen las tasas del Programa Acredita, para evitar que la obtención de acreditaciones o certificados profesionales suponga un coste añadido en el acceso o la promoción laboral.
Respecto al canon del agua, se introducen nuevas bonificaciones para el uso doméstico: una del 100 % para personas con discapacidad igual o superior al 33 % y otra del 50 % para personas en riesgo de exclusión social. Además, se agiliza el acceso a la bonificación para familias numerosas, que será efectiva desde el recibo siguiente a la solicitud, se incluyen reducciones para contadores colectivos de centros educativos o sociosanitarios y se aprueba una exención temporal hasta marzo de 2028 para los ayuntamientos por pérdidas de agua derivadas de fugas en sus redes municipales.
Las medidas fiscales que afectan al IRPF entrarán en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, de modo que podrán incluirse en la próxima campaña de la Renta, mientras que el resto lo harán tras la publicación de la ley en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Simplificación administrativa y recursos humanos
El segundo gran bloque del proyecto introduce medidas de simplificación y reducción de la burocracia, mediante la sustitución de autorizaciones por declaraciones responsables, la eliminación de trámites innecesarios y la ampliación de los supuestos de silencio administrativo positivo. Estas modificaciones afectan a normas como la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, la Ley de Carreteras y Caminos, la Ley de Ordenación y Fomento de la Artesanía, la Ley de Ordenación del Transporte de Personas y la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
En materia de personal, el texto incorpora medidas relacionadas con la política de recursos humanos del Sescam, como la reducción de plazos en los procesos selectivos, cambios en los requisitos de acceso a plazas vinculadas a unidades docentes acreditadas y la regulación del sistema de provisión de jefaturas de carácter asistencial.
Finalmente, el consejero ha anunciado la creación del Fondo de Apoyo a la Lucha contra la Despoblación, que se financiará con recursos procedentes del canon eólico y del canon de participación urbanística, y cuyo importe se concretará en las leyes anuales de presupuestos.