Casi 300 ayuntamientos recibirán 12,2 millones del PROFEA en 2026

La Comisión Ejecutiva Regional del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA) aprobó este miércoles en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, en Toledo, la distribución de los fondos del Plan de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas (PEZRD) para el próximo ejercicio, con una cuantía total de 12.219.023,85 euros que permitirá contratar a 2.063 personas trabajadoras subvencionables finales en el conjunto de la región. El reparto afectará a alrededor de 300 municipios castellano-manchegos y se ha diseñado, según el acuerdo adoptado, con criterios “objetivos, transparentes y equitativos” ajustados a la realidad del empleo agrario en cada territorio.

La reunión estuvo presidida por el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, y contó con la participación de representantes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Tesorería General de la Seguridad Social, las organizaciones agrarias ASAJA y UPA, los sindicatos CCOO y UGT, la patronal CECAM y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP CLM).

La resolución consolida una de las principales líneas de apoyo al empleo temporal agrario en la comunidad autónoma. Además de sostener contrataciones ligadas a proyectos municipales, el programa financia los costes salariales y de Seguridad Social de las personas contratadas por los ayuntamientos, lo que refuerza su papel como instrumento de activación laboral y de apoyo a la economía local en el medio rural.

Reparto por provincias: Ciudad Real concentra el mayor volumen

Por provincias, Ciudad Real será la que reciba la mayor asignación, con 5.133.437,64 euros para la contratación de 867 trabajadores, muy por delante del resto de territorios beneficiarios. Le sigue Albacete, con 3.215.059,56 euros destinados a 543 contrataciones, mientras que Toledo contará con 2.106.092,49 euros para 355 personas y Cuenca con 1.740.750,48 euros para 294 contratos. En el caso de Guadalajara, la cuantía asciende a 23.683,68 euros, con una previsión de cuatro contrataciones.

La tabla incorporada en la nota oficial detalla además el cálculo previo por provincias. En ella figura un coste personal de 5.920,92 euros por trabajador para tres meses, base sobre la que se articula la subvención inicial, posteriormente corregida con la asignación de sobrantes en los casos en los que ha sido necesario ajustar el reparto final. Así, Cuenca pasa de una subvención base de 1.734.829,56 euros a 1.740.750,48 euros, y Toledo de 2.101.926,60 euros a 2.106.092,49 euros, hasta alcanzar el total definitivo de 12.219.023,85 euros para Castilla-La Mancha.

Ese mapa territorial evidencia que el grueso del programa sigue concentrándose en provincias con un mayor peso del empleo agrario y con más municipios potencialmente beneficiarios. También refleja el carácter corrector del PEZRD, pensado para sostener oportunidades laborales en zonas rurales con mayores dificultades estructurales y con una fuerte dependencia de las campañas agrícolas.

Un programa ligado a la caída del paro agrario

La Delegación del Gobierno subraya que el PROFEA “continúa consolidándose como una herramienta clave para la reducción del desempleo agrario y la fijación de población en el medio rural”. Según los datos examinados por la Comisión, el paro agrario en Castilla-La Mancha ha descendido más de un 62% desde 2018, un comportamiento que, de acuerdo con la nota, refleja una evolución positiva y sostenida del empleo en el sector durante los últimos años.

Junto a esa evolución del desempleo, el Ejecutivo pone el foco en el aumento del esfuerzo presupuestario vinculado al programa. La inversión por persona desempleada agraria se ha más que triplicado entre 2018 y 2026, al pasar de 769,08 euros a más de 2.600 euros, una progresión que el Gobierno interpreta como una muestra del refuerzo de las políticas de empleo rural canalizadas a través del SEPE.

Ese incremento de recursos, según la misma documentación, no solo amplía la capacidad de contratación de los ayuntamientos, sino que también contribuye a mejorar la calidad del empleo generado, al cubrir los costes laborales de las personas contratadas. En la práctica, el programa actúa como una herramienta de apoyo directo a las corporaciones locales para poner en marcha proyectos de interés general y social en municipios con menor margen financiero.

Desarrollo rural, cohesión territorial y apoyo a los municipios

El Plan de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, desarrollado por el SEPE en colaboración con las entidades locales, tiene como finalidad impulsar proyectos que favorezcan el desarrollo económico y social de los municipios, al tiempo que ofrece oportunidades laborales a trabajadores del sector agrario. La filosofía del programa combina, por tanto, una dimensión social —la protección del empleo— con otra territorial, orientada al mantenimiento de actividad en áreas rurales vulnerables.

En ese sentido, la nueva distribución aprobada para 2026 refuerza el papel del PROFEA como mecanismo de cohesión territorial en Castilla-La Mancha. El Gobierno defiende que estos fondos ayudan a sostener la actividad económica de los pueblos, favorecen la permanencia de población en el territorio y permiten a los ayuntamientos desarrollar actuaciones que, de otro modo, resultarían más difíciles de ejecutar con recursos propios.

La decisión conocida este miércoles llega, además, en un momento en el que el debate sobre la despoblación, la falta de oportunidades en el medio rural y la necesidad de consolidar empleo estable sigue ocupando un lugar central en la agenda regional. En ese contexto, la continuidad del programa y el aumento de la inversión por desempleado agrario son presentados por la Administración como dos indicadores del compromiso estatal con las zonas rurales de Castilla-La Mancha.

Claves del reparto aprobado para 2026

El acuerdo deja varios datos relevantes. El primero es la cuantía global, que supera los 12,2 millones de euros. El segundo, el alcance del plan, con 2.063 personas trabajadoras subvencionables finales y casi 300 ayuntamientos implicados. El tercero, la fuerte concentración provincial de los fondos, con Ciudad Real absorbiendo más de 5,1 millones, seguida de Albacete con más de 3,2 millones y Toledo con algo más de 2,1 millones.

El cuarto elemento destacable es el mensaje político y administrativo que acompaña al reparto: la insistencia en que los criterios aplicados son objetivos, transparentes y equitativos, algo especialmente sensible en programas de amplia implantación municipal. Y el quinto, el vínculo explícito entre inversión pública, mejora de la empleabilidad agraria y sostenimiento del medio rural, un triángulo sobre el que la Delegación del Gobierno fundamenta la utilidad del PROFEA en la comunidad autónoma.

Con esta aprobación, Castilla-La Mancha afronta ya la planificación de las contrataciones agrarias vinculadas al PEZRD 2026, un programa que seguirá teniendo un peso determinante en numerosos municipios de la región y que, por volumen económico y número de beneficiarios, mantiene al empleo rural como una de las grandes palancas de intervención pública en el territorio.