Biocirc pide un decreto valiente para impulsar el biometano en Castilla-La Mancha
La Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc) ha presentado sus aportaciones a la consulta pública previa del futuro Decreto con el que Castilla-La Mancha regulará la producción de biometano, reclamando al Gobierno regional una norma ambiciosa que convierta el potencial de la región en empleo e industria rural.
La asociación advierte de que CLM dispone de 8,1 TWh anuales de potencial de biometano y genera 15,7 millones de toneladas de materia orgánica valorizable, recursos suficientes para liderar este sector en España si la regulación facilita los proyectos en lugar de multiplicar trabas.
La Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc) trasladó esta semana al Gobierno de Castilla-La Mancha sus aportaciones a la consulta pública previa del futuro Decreto que regulará la producción de biometano en la región, instando al ejecutivo autonómico a aprobar una norma que dé seguridad jurídica a los proyectos, evite duplicar controles ya exigidos por la normativa ambiental europea y permita transformar el potencial identificado por la propia Junta en inversión real, puestos de trabajo y desarrollo industrial para el medio rural.
"El propio Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha identificado oficialmente el extraordinario potencial de la región. Ahora el futuro Decreto debe estar a la altura de esa oportunidad y facilitar que ese potencial se transforme en impulso industrial, empleo y competitividad para el medio rural", señaló Margarita de Gregorio, consejera delegada de Biocirc.
Según el Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha, la comunidad dispone de un potencial de producción de 8,1 TWh anuales de biometano y genera 15,7 millones de toneladas de materia orgánica susceptible de valorización, procedente en su mayor parte de la intensa actividad agrícola, ganadera y agroindustrial que caracteriza al territorio. Para Biocirc, esa masa de recursos constituye la base sobre la que puede construirse una nueva industria renovable vinculada al territorio, con capacidad para generar fertilizantes y componentes biobasados además de energía.
La asociación considera que el éxito del futuro Decreto no debe medirse por el número de restricciones que incorpore, sino por su capacidad para hacer posibles proyectos excelentes desde el punto de vista ambiental, técnico y social, capaces de atraer inversión, crear empleo y resolver algunos de los principales retos estructurales del territorio.
Una solución a la contaminación por nitratos y a la gestión de estiércoles
Biocirc subrayó que el biometano no representa únicamente una oportunidad energética, sino también una respuesta a problemas estructurales que Castilla-La Mancha arrastra desde hace años. En una comunidad con importantes desafíos derivados de la contaminación por nitratos y la gestión de estiércoles ganaderos, el proceso de biometanización permite abordar ambas cuestiones de forma simultánea: los residuos orgánicos dejan de aplicarse directamente sobre el suelo sin tratamiento y se transforman primero en energía renovable e insumos fertilizantes de mayor valor añadido.
"La mejor gestión de los residuos orgánicos no consiste en desaprovecharlos, sino en convertirlos en recursos. Castilla-La Mancha dispone de una oportunidad excepcional para liderar ese cambio de modelo", afirmó de Gregorio.
En este contexto, la asociación valoró positivamente las declaraciones recientes de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien defendió que el debate sobre este tipo de instalaciones debe centrarse en cómo regularlas adecuadamente, y no en impedir su desarrollo.
Sin duplicidad de controles ni veto municipal
El núcleo de las aportaciones de Biocirc a la consulta pública gira en torno a la seguridad jurídica. La asociación defendió que el futuro Decreto debe mantener un modelo de autorización basado exclusivamente en criterios técnicos, ambientales y científicos, evitando la creación de procedimientos paralelos o requisitos que ya están cubiertos por la Autorización Ambiental Integrada (AAI), uno de los instrumentos de control ambiental más exigentes del ordenamiento jurídico europeo.
Biocirc rechazó también que la responsabilidad de autorizar este tipo de instalaciones pueda trasladarse a las entidades locales mediante mecanismos que, a su juicio, generarían inseguridad jurídica y una aplicación desigual de la norma dentro del territorio. La toma de decisiones, argumentó, debe corresponder a los órganos administrativos competentes con criterios homogéneos y objetivos, tal como ocurre con el resto de instalaciones industriales y de tratamiento de residuos.
La asociación reconoció la preocupación existente en determinados municipios, pero distinguió entre atender esa inquietud ciudadana —mediante más transparencia, información y participación pública— y dejar que condicione el marco regulatorio hasta hacer inviables proyectos que cumplen plenamente con la normativa vigente.
"El futuro del medio rural no puede quedar condicionado por posiciones que rechazan sistemáticamente cualquier nuevo desarrollo industrial, con independencia de sus garantías ambientales o de los beneficios que pueda aportar al territorio. La mejor respuesta frente a la desinformación no es impedir proyectos excelentes, sino demostrar con hechos que es posible compatibilizar la máxima protección ambiental con la creación de empleo, riqueza y oportunidades para las zonas rurales", declaró de Gregorio.
Ventanilla única y reconocimiento a la excelencia
Entre las medidas concretas planteadas al Gobierno regional, Biocirc propuso reforzar la coordinación administrativa, implantar una ventanilla única para la tramitación de proyectos, fijar plazos claros para la resolución de expedientes y garantizar la coherencia del futuro Decreto con el marco regulatorio estatal y europeo. La asociación reclamó también que la norma reconozca expresamente aquellos proyectos que obtengan el futuro Sello de Excelencia Social, Territorial y Ambiental impulsado por el Gobierno de España.
Biocirc concluyó sus aportaciones con un llamamiento directo al ejecutivo autonómico para que aproveche lo que describió como "una oportunidad histórica": la de transformar los recursos orgánicos que la región ya produce en el motor de una nueva industria renovable, con capacidad para fijar población, generar renta y posicionar a Castilla-La Mancha como comunidad de referencia en el desarrollo responsable del biometano en España.