Castilla-La Mancha adelanta a este mes de mayo la entrega del Bono Social Térmico
Castilla-La Mancha adelantará en dos meses la entrega del bono social térmico, haciéndolo en el mes de mayo en lugar de julio como en el pasado año, un bono que en conjunto tendrá una cuantía de 28,7 millones de euros, facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica, y al que podrán optar un total de 106.797 ciudadanos de la Comunidad Autónoma.
Así lo ha desgranado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante una rueda de prensa junto al titular de Fomento, Nacho Hernando, para dar cuenta de este acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno.
Mercedes Gómez ha explicado que estas ayudas irán desde los 138 hasta los 397 euros y para ello se tienen en cuenta circunstancias como el grado de vulnerabilidad de los solicitantes o la zona climática en la que residan.
La consejera ha apuntado que estos 106.797 personas que optan a recibir este bono son 14.000 más que en el año 2023, cuando lo hicieron 91.820 personas. Un listado que es elaborado por las propias empresas distribuidoras de energía.
Por provincias, la de Albacete tiene 26.583 potenciales solicitantes, la de Ciudad Real 24.683, la de Cuenca 14.101, la de Guadalajara 7.845 y la de Toledo 33.530.
La consejera ha puesto de relevancia la dificultad de la Administración regional a la hora de contactar con alguna de estas personas beneficiarias dado que, debido a su vulnerabilidad, también se encuentran en un estado de pobreza digital, lo que impide llegar a ellos a través de vías ordinarias como los mensajes SMS o el correo electrónico.
Por este motivo, desde la Junta se han enviado 58.041 cartas a estas personas precisamente para comunicarles que son beneficiarios de estas ayudas y pedirles la domiciliación bancaria necesaria para hacer efectivo el pago.
Por todo ello, como novedad este año se han incorporado un refuerzo a la Oficina de Asesoramiento Energético del Gobierno regional, lo que ha permitido crear un equipo específico para ayudar a estas personas vulnerables.
En este sentido, Mercedes Gómez ha explicado que desde el 1 de enero se han recibido más de 4.700 llamadas en la Oficina de personas preguntando por la tramitación de su bono social térmico, lo que significa, según la consejera, que están "haciendo un buen servicio a esos ciudadanos".
En todo caso, ha detallado que desde la Junta también se están haciendo llamadas telefónicas al resto de personas vulnerables que aún no se han puesto en contacto con la Administración "para ofrecer esos servicios de asesoramiento" e indicarles "cómo pueden resolver sus dudas para ser declarados como persona vulnerable" en materia energética.
TRASVASE TAJO-SEGURA
En otro orden, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha mostrado su respeto por el acto de protesta organizado este martes en Murcia por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra las nuevas reglas de explotación del trasvase, aunque ha enfatizado que la región no comparte los motivos que han empujado a dicha protesta y ha lamentado que esté "dirigida políticamente" por "gobiernos que no han hecho ningún tipo de aportación técnica" a estas nuevas reglas.
Gómez, a preguntas de los medios durante su comparecencia, ha reconocido que "cualquier manifestación es lícita", pero ha insistido en que hay que tener en cuenta "la situación en la que nos encontramos de cambio climático" y también "que todavía a día de hoy no están cubiertas el cien por cien de las necesidades de la cuenca cedente".
Tampoco se asegura actualmente la calidad del agua que tiene que discurrir por el río Tajo, "que tienen que ser un río vivo y que tiene que contar con sus caudales ecológicos", ha añadido.
Por todo ello, ha argumentado que Castilla-La Mancha no puede compartir "todo lo que vaya en contra de estas situaciones y en contra de las más de cinco sentencias que ya se han ganado por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha pero también por parte de otras entidades que han defendido, precisamente, la planificación de la cuenca del Tajo, que está en vigor desde el año 2023".
"Nosotros seguiremos aportando suficiente información y seguiremos colaborando y apoyando al Gobierno de España si se hacen bien las cosas y, por supuesto, se atienden estas demandas que venimos haciendo de forma reiterada por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha concluido.