Asaja y UPA exigen unión a las Cortes de Castilla-La Mancha ante los recortes de agua

El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, presentaron este viernes 12 de junio en Toledo la posición conjunta de ambas organizaciones agrarias ante la planificación hidrológica vigente, a la que califican de "ataque directo y desproporcionado" al sistema productivo de la región. El acto, celebrado en rueda de prensa, sirvió para anunciar su intención de llevar al Parlamento autonómico una iniciativa común con el objetivo de lograr el respaldo unánime de los tres grupos políticos y frenar la aprobación del cuarto ciclo de planificación hidrológica tal y como está redactado.

Fresneda pidió "unidad social" y dejó claro el objetivo de la ofensiva ante las Cortes: "Nos vamos a las Cortes de Castilla-La Mancha con la intención de consensuar una posición con los tres grupos políticos del arco parlamentario y pelear lo que queda de año, y el año que viene, para que no se plasme el cuarto ciclo de planificación hidrológica tal cual está planteado, así como para intentar actuar en Bruselas para que se prorrogue la Directiva Marco del Agua". El presidente de ASAJA reconoció que ambas organizaciones ya han presentado alegaciones al ciclo en curso, pero subrayó que eso "no es suficiente". "A ver si con la fuerza del pueblo que radica en las Cortes y con la voluntad de los tres partidos políticos lo conseguimos", confió.

Junto a ASAJA y UPA, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha se suma de manera inequívoca a esta posición y participará en el proceso de presentación pública ante las Cortes regionales, lo que amplía el frente agrario que respalda la iniciativa.

Ambas organizaciones han solicitado formalmente a los grupos parlamentarios que asuman el documento elaborado de manera conjunta y alcancen el consenso necesario para elevar y aprobar una Declaración Institucional en el Pleno de la Cámara regional. A juicio de ASAJA y UPA, un pronunciamiento unánime del Parlamento autonómico resulta imprescindible para instar al Gobierno central a paralizar los recortes previstos y exigir soluciones que permitan compatibilizar los objetivos medioambientales con la continuidad de la actividad agraria y ganadera.

El agua, fuera de la política

Fresneda fue especialmente contundente al exigir a los partidos que aparten el agua de la disputa electoral, en un momento en que la región se adentra en un ciclo preelectoral. "Nosotros lo que les hemos pedido es que, a pesar de que estamos entrando en un año electoral, el agua lo aparten de sus friegas. Nos encontramos ante una directiva marco del agua con amenaza clara de que no se va a prorrogar y esta región no se puede permitir el lujo de caer en la irresponsabilidad de hacer del debate del agua una fiesta para la clase política", señaló. El objetivo, en sus propias palabras, es "crear un movimiento social devastador" para blindar el agua por encima de los intereses partidistas.

Por su parte, Morcillo reclamó que la clase política "se tome en serio" la cuestión: "Lo que viene es tan tremendamente perjudicial para esta región que se lo deben de tomar en serio". El secretario general de UPA advirtió de que no permitirán "regates cortos de la política" y defendió que aún hay tiempo de "devolver esta cuarta planificación a los corrales y hacer una donde se tenga en cuenta a la región".

El impacto cuenca a cuenca

El documento conjunto elaborado por ASAJA y UPA CLM analiza las consecuencias del proceso de planificación en cada una de las principales cuencas que atraviesan la región, poniendo cifras a un impacto que califican de "sin precedentes" para la agricultura castellanomanchega.

La situación más grave, según Morcillo, se concentra en la cuenca del Guadiana, que con 340.000 hectáreas de regadío representa el 58% de toda la superficie regada de Castilla-La Mancha y engloba una zona donde vive un tercio de la población regional. La propuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadiana contempla enviar al secano el 34% de esa superficie, lo que generaría consecuencias económicas que los propios representantes agrarios cifran con detalle: 213 millones de euros anuales en pérdidas en el valor de la producción, una reducción del margen neto de 82 millones de euros al año y una pérdida patrimonial directa de 1.500 millones de euros para los agricultores por el desplome del valor de sus tierras al convertirse de regadío en secano.

En la cuenca del Júcar, Morcillo denunció que la nueva planificación plantea restricciones que considera "tan extrañas" como limitar el uso del acuífero de la Mancha Oriental a 226 hectómetros cúbicos, cuando los recursos renovables del sistema ascienden a 398 hectómetros cúbicos. A su juicio, se trata de un recorte artificialmente severo que no se justifica desde la sostenibilidad hidrológica.

La situación de la cuenca del Tajo fue descrita por Morcillo en términos igualmente críticos: "Siempre priman los intereses del Levante. En la planificación del Tajo, todos lo sabéis bien, Castilla-La Mancha queda en un segundo plano". Las organizaciones agrarias insisten en que los sucesivos procesos de planificación hidrológica han favorecido progresivamente el abastecimiento de regiones más pobladas —especialmente el Levante español— en detrimento de los derechos de uso del agua de los agricultores y ganaderos de la región, a pesar de que Castilla-La Mancha está atravesada por siete cuencas hidrográficas y genera recursos hídricos de gran magnitud.

En la cuenca del Segura, que afecta a 14 municipios de Albacete, el recorte previsto resulta especialmente drástico. De los 100 hectómetros cúbicos con derechos de uso actualmente reconocidos, la planificación propone dejar tan solo 33 hectómetros, lo que supone una reducción del 67% de la dotación de agua. "Nos quieren reducir el 67% de la dotación de agua que hoy tenemos y lo que hacen es enviarnos directamente al secano y cerrar esos pueblos", lamentó Morcillo, en referencia a las localidades albaceteñas que dependen del regadío para su actividad económica y su supervivencia demográfica.

La Directiva Marco del Agua, el telón de fondo

El marco normativo europeo condiciona de manera determinante la urgencia con la que actúan las organizaciones agrarias. ASAJA y UPA señalan que la publicación, el 28 de noviembre de 2025, del Esquema Provisional de Temas Importantes de las distintas Confederaciones Hidrográficas ha agravado la situación, al introducir un escenario condicionado por la imposibilidad de prorrogar más allá de 2027 los plazos para el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua (DMA), especialmente en lo relativo al equilibrio entre los recursos hídricos renovables y las extracciones en las masas de agua subterráneas.

Las medidas estructurales derivadas de ese proceso supondrían, a juicio de ambas organizaciones, una disminución drástica de los volúmenes de concesión, una reducción severa de las dotaciones hídricas autorizadas, la conversión forzosa e irreversible de superficie de regadío en secano y, en última instancia, la extinción definitiva de derechos de uso del agua legítimamente adquiridos a lo largo de décadas.

Un frente agrario, un documento y una apuesta política

El documento conjunto elaborado por ASAJA y UPA CLM no se limita a diagnosticar el problema. Incorpora también una batería de propuestas, consideraciones y alternativas orientadas a garantizar una gestión equilibrada del agua que proteja tanto los objetivos medioambientales como el futuro del sector agropecuario regional. Ambas organizaciones han sido explícitas al señalar que la defensa del agua para Castilla-La Mancha "trasciende cualquier planteamiento político o partidista" y que exige "una respuesta institucional firme, coordinada y unánime".

Fresneda subrayó que tanto ASAJA como UPA están motivadas exclusivamente por su mandato legal de representar los intereses de los agricultores, y advirtió de que, pese a las posibles dificultades en el camino, tienen la intención de "liderar un movimiento que acabe con todas las amenazas que tiene ahora mismo planteadas el desarrollo económico de la región". Para Morcillo, las consecuencias de no actuar van mucho más allá del campo: la extinción del regadío equivale, en numerosas comarcas, al cierre demográfico y económico de los propios municipios rurales.