ASAJA y UPA alertan: el plan hidrológico condena el regadío en Castilla-La Mancha

Las organizaciones agrarias ASAJA Castilla-La Mancha y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha presentaron este viernes, 29 de mayo, sus alegaciones y posiciones públicas frente al cuarto ciclo de planificación hidrológica para el periodo 2028-2033, un proceso que afecta a las principales demarcaciones que atraviesan la región —Tajo, Guadiana, Júcar, Segura y Guadalquivir— y que ambas organizaciones consideran una amenaza directa para la viabilidad del sector agrario y ganadero castellanomanchego. El rechazo de las dos entidades, expresado de forma simultánea aunque a través de canales distintos, dibuja un frente agrario común ante lo que describen como un desequilibrio inaceptable entre los objetivos de protección ambiental y la supervivencia económica del regadío regional.

El presidente de ASAJA CLM, José María Fresneda, centró su mensaje en la necesidad de que los planes de cuenca adopten "una visión más equilibrada entre la protección ambiental y la viabilidad económica y social del regadío". La organización formalizó sus alegaciones ante los Esquemas Provisionales de Temas Importantes de las demarcaciones afectadas, reclamando "una planificación basada en criterios técnicos rigurosos, adaptada a la realidad productiva de cada territorio y orientada a garantizar la seguridad hídrica del sector agrario y ganadero mediante inversiones, modernización de infraestructuras y una gestión eficiente de los recursos disponibles".

Fresneda subrayó que los agricultores son los primeros interesados en una gestión sostenible del agua, pero rechazó con contundencia que "el coste de la transición recaiga de forma desproporcionada y exclusiva sobre el sector primario mientras otros usos quedan blindados frente a cualquier restricción y la Administración incumple sus propios compromisos de inversión en infraestructuras". En esa línea, insistió en que el plan debe "reconocer el regadío como un activo estratégico tanto económico como social y de soberanía alimentaria" y garantizar la prioridad de la cuenca cedente en la asignación de recursos hídricos antes de destinarlos a otros usos.

El dirigente de ASAJA reclamó también que el Gobierno de Castilla-La Mancha "lidere una posición común con todos los agentes sociales, económicos y políticos para defenderla con una sola voz allí donde sea necesario, en Bruselas, en Madrid o en donde corresponda", al considerar que el problema del agua "ya se escapa de cualquier tipo de debate político o partidista".

La cuenca del Guadiana: 340.000 hectáreas en riesgo

La voz más crítica fue la del secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo, quien calificó el nuevo proceso de planificación de "ataque directo y sin precedentes al equilibrio territorial y a la sostenibilidad económica de la región" y llamó a todos los actores implicados a plantear "una estrategia conjunta y una alternativa firme, basada en un conocimiento profundo de los recursos, un reparto equilibrado y soluciones concretas que eviten el abandono del medio rural".

Morcillo reservó sus críticas más duras para el tratamiento previsto de la cuenca del Guadiana, que concentra a un tercio de la población de Castilla-La Mancha. Con un total de 340.000 hectáreas de regadío —el 58% de toda la superficie regada de la región—, el plan, según UPA, "pretende condenar al secano al 34% de estas tierras". Las consecuencias económicas que cifró la organización son contundentes: una pérdida de 213 millones de euros anuales en el valor de la producción, una reducción del margen neto de 82 millones de euros y una merma patrimonial directa para los agricultores de 1.500 millones de euros como consecuencia de la depreciación de los terrenos al pasar de regadío a secano.

"Necesitamos una defensa como región, no vamos a permitir una política de regate corto. Lo que viene es muy jodido y exige poner freno a la extinción de derechos y a la reducción drástica de nuestras superficies de riego", sostuvo Morcillo con un tono inusualmente directo.

El Júcar y la ruptura de un acuerdo histórico

En la cuenca del Júcar, Morcillo denunció lo que describió como un "atentado y burla": la ruptura del acuerdo político recogido en el plan de 1998, un hecho que en su día ya desencadenó la mayor manifestación en defensa del agua registrada en Albacete. El dirigente de UPA consideró "inexplicable" que el acuífero de la Mancha Oriental, un recurso renovable, vea reducida su asignación desde los 398 hectómetros cúbicos actuales hasta apenas 226 hectómetros cúbicos. A ello se añade la rebaja en el programa de sustitución de bombeos, que pasaría de 107,5 a 80 hectómetros cúbicos.

Morcillo rechazó también las declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quien afirmó que la región salía bien parada si el reparto se efectuaba por criterio poblacional. "Es un insulto a la inteligencia que se nos dijese eso en Albacete. ¿Dónde pone eso en la norma de planificación?", replicó, recordando que la región genera 860 hectómetros cúbicos de recursos propios. El secretario general de UPA exigió además abordar con urgencia la delimitación territorial de la demarcación, con oposición expresa a que se mantengan "colgadas de forma provisional" las cuentas de cuencas intracomunitarias valencianas dentro del Júcar. Los 630 hectómetros cúbicos destinados a Valencia, Sagunto, la Marina Baja o el Vinalopó, junto con los 163 hectómetros cúbicos vinculados a la Albufera, deberían, a su juicio, ser gestionados directamente por la Comunitat Valenciana a través de alternativas como la desalinización.

En el Júcar, las alegaciones de ASAJA CLM reclaman también consolidar los regadíos existentes, ejecutar las obras pendientes de sustitución de bombeos y garantizar la continuidad del sistema Mancha Oriental.

El Segura y el Guadalquivir: el mismo patrón de recorte

La situación en la cuenca del Segura repite, según UPA, el mismo patrón de discriminación hacia los regantes castellanomanchegos: el plan reduciría los consumos actuales de la región de 100,9 a apenas 33,2 hectómetros cúbicos, mientras se proyecta redotar los regadíos del Levante y otorgar derechos a nuevas hectáreas en esa zona. Morcillo advirtió de que este recorte provocará una caída del valor bruto de la producción de 100 millones de euros y una pérdida patrimonial estimada en 626 millones de euros, calificando la medida de "alternativa totalmente inviable". Las alegaciones de ASAJA en esta cuenca defienden la sostenibilidad del regadío en el sureste de Albacete.

En el Guadalquivir, ASAJA reclamó la ejecución urgente de infraestructuras de regulación en el río Guadalén y la construcción del azud del Castillo de Montizón, que considera fundamentales para reforzar la seguridad hídrica del Campo de Montiel.

El Tajo y las demandas en el resto de cuencas

En la cuenca del Tajo, ASAJA CLM incluyó entre sus alegaciones la conexión entre el sistema del río Sorbe y el embalse de Alcorlo, la modernización de regadíos en zonas como el Canal del Henares, la Real Acequia del Jarama o el Alberche, así como la ejecución de infraestructuras de recarga de acuíferos y la revisión de los índices de explotación de aguas subterráneas. En el Guadiana, la organización reclamó el mantenimiento del Plan Especial del Alto Guadiana, una revisión metodológica del diagnóstico de las masas de agua y que los costes de depuración urbana no recaigan sobre el regadío, rechazando además que los nutrientes de origen agrario y ganadero sean clasificados como residuos en zonas vulnerables.

El frente agrario que dibuja la coincidencia de ASAJA y UPA en su rechazo a la planificación hidrológica 2028-2033 supone una de las presiones más coordinadas que ha recibido el Ministerio desde la región en este ámbito. La pelota queda ahora en el tejado del Gobierno de Castilla-La Mancha, al que ambas organizaciones exigen que abandone los matices y se ponga al frente de una defensa regional sin fisuras en Madrid y en Bruselas antes de que los planes de cuenca queden cerrados.