Asaja anuncia movilizaciones por la situación del campo en Castilla-La Mancha

Asaja Castilla-La Mancha celebró este jueves en Toledo una reunión extraordinaria de su comité ejecutivo regional para fijar la hoja de ruta del sector agrícola ante lo que su presidente, José María Fresneda, describió como una situación crítica y "desesperada" del campo regional. La organización anunció movilizaciones ciudadanas, acciones judiciales y una campaña de comunicación dirigida al conjunto de la sociedad para exigir un cambio en las políticas agrarias que se aplican en Castilla-La Mancha.

"Habrá actuaciones ante los tribunales, habrá actuaciones ante la sociedad para comunicar y, por supuesto, habrá movilizaciones", garantizó Fresneda en declaraciones a los medios antes del inicio de la reunión. El presidente de Asaja subrayó que "el agricultor está muy desanimado, muy aburrido y cansado" de "tanta presión que se le mete desde la administración" y enumeró una larga lista de agravios: la burocracia, los daños causados por la sobrepoblación de conejos, los debates sobre el agua, los problemas de sanidad animal, el incremento de los costes de producción y las restricciones a la cosecha motivadas por el riesgo de incendios. "El campo necesita medidas ejecutadas, presupuesto, plazos y resultados. No podemos seguir conformándonos con anuncios y titulares mientras las explotaciones pierden rentabilidad y los agricultores y ganaderos tienen cada vez más dificultades para trabajar", afirmó.

Pérdidas de hasta el 50% en La Alcarria por las restricciones de cosecha

El dato más contundente de la jornada llegó en relación con las limitaciones para cosechar que la Junta de Comunidades establece en función del índice de propagación potencial de incendios. Fresneda cifró las pérdidas derivadas de esas restricciones en entre el 40 y el 50 por ciento de la cosecha en La Alcarria de Cuenca y Guadalajara este verano. El comité ejecutivo acordó además analizar el impacto económico concreto que ha tenido para los agricultores la aplicación de la Orden 76/2026, de 26 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, la norma que regula esas restricciones durante los periodos de riesgo de incendio forestal.

Fresneda cargó contra esta medida como "una política conservacionista que abunda en la prohibición" y como una "gran mentira", y advirtió que las consecuencias de los incendios van mucho más allá de los daños inmediatos. La organización señala que los agricultores y ganaderos afrontan tanto pérdidas directas —cultivos, pastos, árboles, colmenas, infraestructuras, vallados y cercados— como daños indirectos derivados de la pérdida de pastos, el incremento de los costes de alimentación del ganado, los perjuicios ocasionados durante las labores de extinción, la pérdida de ingresos y las restricciones de acceso y utilización de las parcelas. "El incendio no termina cuando se apaga el fuego. Para una explotación ganadera, perder los pastos puede significar perder capacidad productiva durante meses o incluso años", advirtió el presidente de Asaja.

Asimismo, la organización apuntó que no todas las explotaciones disponen de medios suficientes para cumplir las exigencias preventivas y que la movilización de maquinaria adicional —tractores, cubas u otros equipos— genera costes extraordinarios que también reclaman compensación. "Cuando el grano está maduro y no se puede entrar a cosechar durante semanas, el agricultor pierde una parte importante de la producción. Y esa pérdida tiene un coste económico que alguien debe asumir", explicó Fresneda. El comité ejecutivo decidió calcular las pérdidas económicas derivadas tanto de los daños directos de los incendios como de las restricciones y los costes adicionales de prevención.

Acciones judiciales y cuantificación de daños por los conejos

Otro de los frentes que Asaja prevé abrir en los tribunales es el de la gestión de la sobrepoblación de conejos, que la organización califica de "emergencia agraria" por los daños que está ocasionando en cultivos herbáceos, viñedos y otras plantaciones leñosas. Fresneda avanzó que la organización estudia "llevar a los tribunales ordinarios a la Viceconsejería de Desarrollo Sostenible" por su gestión de esta plaga.

La organización denunció además el retraso en las medidas anunciadas por la administración regional para facilitar la adquisición de protectores y mallas conejeras, y exigió que las ayudas prometidas se publiquen de forma inmediata y con carácter retroactivo, de modo que puedan justificarse las inversiones ya realizadas durante 2026. "Hemos dado tiempo, hemos aportado propuestas y hemos confiado en los compromisos de la Administración. Pero se acabó el tiempo de las promesas. Queremos hechos", afirmó Fresneda. Asaja reclamó asimismo una actuación coordinada en las zonas donde la caza es imposible o está limitada, como carreteras, líneas ferroviarias, cauces, riberas, zonas protegidas e infraestructuras públicas. El comité ejecutivo acordó calcular también la superficie afectada y las pérdidas de producción por la plaga, incluidos los costes de instalación, reposición y reparación de protectores y mallas. "Mientras la Administración promete, los conejos comen y el agricultor pierde dinero. Esto es absolutamente inaceptable", sentenció el presidente de Asaja.

El agua, las importaciones y la PAC, en el punto de mira

En materia de agua, Fresneda censuró los debates sobre el "relato" y el trasvase y reclamó trasladar las protestas desde las confederaciones hidrográficas directamente al Gobierno nacional. Sobre las importaciones, apeló al consumidor con un ejemplo directo: "Tenemos que llegar a todos los rincones y decirle a una mujer que ese tomate de Marruecos que te estás comiendo no tiene que ver nada con el tomate que hay aquí y no hay ni una sola medida que te invite a comerte el tomate español". La organización también criticó que fondos de la Política Agraria Común (PAC) se destinen a actividades ajenas al sector productivo en lugar de llegar directamente a agricultores y ganaderos.

Fresneda reclamó un cambio de enfoque para que las políticas de protección medioambiental sean compatibles con una agricultura y una ganadería rentables, y cuestionó el modelo de protección aplicado durante las últimas décadas: "Llevamos 25 años con figuras de protección y ¿de qué ha servido? ¿De qué ha servido tanto perjuicio al agricultor?". "Este sistema político, este modelo al campo lo está hundiendo y, en relación con la política agraria que se está desarrollando aquí, es una política sin modelo", subrayó.

Una hoja de ruta de cara a las elecciones de 2027

Fresneda situó el anuncio de movilizaciones en el contexto del próximo curso político, que arrancará en septiembre, previo a las elecciones autonómicas y generales de 2027. Asaja aspira a definir su hoja de ruta "para enfrentarnos a una realidad muy dura" y declaró que el objetivo es "cambiar este sistema". El dirigente advirtió a los partidos políticos que no utilicen el discurso agrario con fines demagógicos y anunció que la organización pondrá en marcha "una campaña de información para obtener el respaldo del conjunto de la sociedad".

La organización considera que la acumulación de problemas —rentabilidad, costes de producción, agua, incendios, fauna silvestre, sanidad animal, restricciones y burocracia— está llevando al sector a una situación límite y exige una respuesta coordinada de las administraciones. "No pedimos privilegios. Pedimos algo tan sencillo como que se pueda producir y vivir dignamente de producir", concluyó Fresneda.