La UCO desmantela seis fábricas ilegales de tabaco con 50 detenidos

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha desmantelado seis instalaciones clandestinas dedicadas a la fabricación de tabaco de contrabando y ha detenido a 50 personas en el marco de dos operaciones simultáneas que han afectado a seis provincias españolas, entre ellas Cuenca y Toledo. La intervención, denominada 'Vernisa' y 'Maidan-Cigalike', ha permitido incautar más de 20 millones de cigarrillos y 38,4 toneladas de picadura y hoja de tabaco con un valor superior a los diez millones de euros.

Las investigaciones, dirigidas judicialmente desde el Tribunal de Instancia número 2 de Tarancón (Cuenca) y el Tribunal de Instancia número 5 de Elche (Alicante), se prolongaron durante más de siete años y contaron con la cooperación de Europol, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y las autoridades policiales de al menos siete países.

La UCO desarticuló en las últimas horas dos organizaciones criminales de carácter internacional asentadas en España que producían tabaco ilegal en naves industriales habilitadas como fábricas clandestinas y lo distribuían después a terceros países europeos. Los agentes practicaron 23 registros en domicilios, inmuebles y naves en Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo, donde intervinieron 18 vehículos, numerosos dispositivos electrónicos encriptados, 170.000 euros en efectivo y varias armas de fuego. Las instalaciones tenían capacidad para producir hasta 7,8 millones de cigarrillos al día.

Red con tentáculos en Portugal, Francia y posiblemente Reino Unido

La investigación determinó que la cadena de distribución alcanzaba el sur peninsular, Portugal y Francia, sin descartar que parte de la mercancía llegara también a Reino Unido. Los cigarrillos fabricados en las instalaciones españolas eran entregados a terceras organizaciones que los comercializaban en el extranjero, lo que confirma la dimensión transnacional de la red.

Entre los detenidos figuran dos ciudadanos polacos huidos de la justicia de su país, que han sido puestos a disposición de los tribunales de Polonia. Las actuaciones de la UCO, desarrolladas a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, contaron con el apoyo de la Policía Judicial de Alicante y de las comandancias de Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo.

La Guardia Civil indicó que las primeras informaciones llegaron hace más de siete años a través de Europol, junto a contactos con las autoridades de Polonia y Lituania. A lo largo de la investigación se sumaron a la cooperación el OLAF, el Cuerpo de Guardia Nacional (GNR) de Portugal, el Servicio de Investigación Criminal de Lituania, el Cuerpo de Seguridad de Fronteras de Polonia (CBSP), y otras autoridades de Rumanía, Italia, Francia y Ucrania.

Trabajadores hacinados dentro de las propias fábricas

Uno de los hallazgos más graves de la investigación fue la situación de los trabajadores empleados en las fábricas clandestinas. Según informó la Guardia Civil, las instalaciones disponían de zonas habilitadas como espacio residencial donde los operarios permanecían alojados de forma permanente, "hacinados en estancias habilitadas dentro de las propias instalaciones", en condiciones que los agentes describen como precarias.

Este extremo añade a la investigación una dimensión de posible explotación laboral, ya que los trabajadores, en su mayor parte de origen extranjero según las fuentes consultadas, no disponían de libertad de movimiento y residían en el mismo lugar donde desarrollaban su actividad.

Cuatro fábricas activas y dos inactivas en el momento de los registros

De las seis instalaciones identificadas y desmanteladas, cuatro se encontraban en funcionamiento en el momento en que los agentes ejecutaron los registros, mientras que las otras dos estaban temporalmente inactivas. La producción conjunta de las instalaciones activas alcanzaba los 7,8 millones de cigarrillos diarios, una cifra que sitúa a estas redes entre las de mayor capacidad productiva desmanteladas en España en los últimos años.

Las operaciones 'Vernisa' y 'Maidan-Cigalike' fueron coordinadas con la Fiscalía y dirigidas respectivamente desde los juzgados de Tarancón y de Elche. La implicación del tribunal conquense —cuya jurisdicción se extiende por buena parte de la provincia— convierte a Cuenca en uno de los ejes judiciales de una investigación de escala europea que, según la Guardia Civil, aún puede tener nuevas ramificaciones.