Disparan con perdigones a gatos de colonias en Villar de Olalla

El Ayuntamiento de Villar de Olalla (Cuenca) denunció esta semana ante el Seprona de la Guardia Civil varios ataques contra gatos pertenecientes a las colonias felinas controladas del municipio, presuntamente cometidos con una escopeta de perdigones o de aire comprimido. El consistorio anunció el traslado "inmediato" de todas las pruebas e informaciones a la Guardia Civil para que investigue los hechos e identifique a la persona o personas responsables.

La información llegó a los vecinos a través de un bando móvil en el que el consistorio explicó que los animales agredidos pertenecen a colonias felinas gestionadas mediante el programa de control poblacional ético conocido como CER —captura, esterilización y retorno—, autorizado por el propio ayuntamiento. El consistorio recordó que estos gatos "están bajo la protección de la ley" y que su salvaguarda se aplica "con independencia de la opinión que cada uno tenga sobre la presencia de gatos en la vía pública".

El Ayuntamiento subrayó que las agresiones "no solo son un acto de crueldad, sino también un delito y una infracción administrativa grave".

El uso de armas, agravante expreso

El consistorio puso el acento en la circunstancia que, a su juicio, eleva la gravedad de los hechos: el empleo de un arma. Según recordó, la Ley 7/2023 de Bienestar Animal establece que cuando el maltrato se comete con armas, instrumentos u objetos peligrosos para la vida del animal, la pena prevista se impone en su mitad superior. Si el animal muere a consecuencia de la agresión, la pena de prisión puede alcanzar los 24 meses.

La misma norma prevé que, si el disparo se realiza con un arma de fuego —categoría en la que pueden quedar incluidas determinadas armas de aire comprimido según su potencia—, el juez puede imponer la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de entre dos y cinco años. Por la vía penal, causar lesiones a un animal doméstico que requieran tratamiento veterinario puede acarrear penas de entre tres y 18 meses de prisión o multa, además de inhabilitación para tener animales y para ejercer profesiones relacionadas con ellos.

El Ayuntamiento también advirtió de que el disparo con carabinas de aire comprimido en zonas urbanas o vías públicas puede infringir el Reglamento de Armas y la Ley de Seguridad Ciudadana, con posibles sanciones y decomiso del arma.

Multas de hasta 200.000 euros

En el plano administrativo, el consistorio recordó que la Ley 7/2023 de Bienestar Animal tipifica como infracciones graves o muy graves los actos que causen daño o sufrimiento a un animal. Las multas, en función de la gravedad, pueden llegar a los 200.000 euros.

Llamamiento a los vecinos

El Ayuntamiento de Villar de Olalla cerró su comunicado con un llamamiento explícito a la colaboración ciudadana. Pidió a quien haya presenciado alguno de los ataques, conozca datos relevantes o escuche disparos en la zona, que lo comunique "de forma inmediata" a las autoridades. Para ello, facilitó los teléfonos del Seprona y la Guardia Civil (062), Emergencias (112) y el propio consistorio (969 267 001).

El consistorio concluyó su mensaje destacando que "la protección de la salud pública, la seguridad vecinal y el bienestar animal en nuestro pueblo es un compromiso de todas y todos".