Gobierno y autonomías presionan a Mahle por los 740 despidos en Cuenca y Valencia

Las administraciones reclaman una reunión urgente con la dirección de la multinacional para intentar frenar el impacto social y económico de los 740 despidos previstos en sus plantas de Cuenca y Valencia, mientras la compañía insiste en que la reestructuración es “inevitable”.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, atendiendo a los medios de comunicación este viernes en un acto en Toledo
La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, atendiendo a los medios de comunicación este viernes en un acto en Toledo

Las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, junto con el Ministerio de Industria, han solicitado de manera conjunta una reunión con la dirección central de Mahle en Alemania. El objetivo es estudiar “todas las posibles opciones de reindustrialización” tras el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la multinacional, que supondrá la pérdida de 550 puestos de trabajo en la planta de Motilla del Palancar (Cuenca) y de 190 empleos en el Centro Tecnológico de Paterna (Valencia).

El anuncio de esta solicitud lo realizó este viernes la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, durante un acto organizado por Cruz Roja con motivo del 25 aniversario del Plan de Empleo. En su intervención, la responsable autonómica mostró su “profunda preocupación” por la decisión de Mahle, que el Ejecutivo regional había intentado revertir o, al menos, retrasar para poder diseñar un plan alternativo. “Queríamos garantizar la continuidad de la actividad industrial en un sector clave en plena transición hacia el vehículo eléctrico, pero no ha sido posible”, reconoció.

Una respuesta institucional conjunta

La consejera explicó que, desde que se conoció el anuncio de la multinacional, ha mantenido contactos con la empresa, con los sindicatos y con los ministerios de Industria y Trabajo para coordinar una respuesta. El planteamiento es dejar la negociación laboral en manos de los agentes sociales —sindicatos y patronal— y, al mismo tiempo, que las administraciones se sienten directamente con la cúpula de Mahle en Alemania para buscar alternativas industriales y de inversión que eviten el cierre definitivo de las plantas.

Franco subrayó que es crucial aprovechar las inversiones millonarias de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) en el sector de la automoción, recordando que la transición hacia la movilidad eléctrica abre oportunidades que podrían perderse si se desmantelan estas factorías. “No podemos permitirnos perder ni las capacidades industriales ni, por supuesto, los puestos de trabajo”, aseguró.

La consejera también advirtió de que la clausura de estas instalaciones no solo afectará a los trabajadores directos, sino también a decenas de subcontratas locales que prestan servicios a Mahle. En el caso de Motilla del Palancar, el impacto económico se extendería a toda la comarca y a áreas limítrofes de Albacete, Utiel y Requena, con un “efecto social tremendo” en un territorio muy dependiente del empleo industrial.

Sobre la posibilidad de que Mahle deba devolver los 40 millones de euros recibidos de fondos europeos del Plan de Recuperación, Franco indicó que esa decisión corresponde al Ministerio de Industria y que todavía “no se puede hablar de esa fase”.

La posición de Mahle: “Despidos inevitables”

En paralelo, Mahle ha confirmado en un comunicado oficial que la reducción de plantilla de 740 personas en sus plantas de Cuenca y Valencia es “inevitable”, en el marco de una reestructuración estratégica. La compañía argumenta que sus centros dedicados a la electrificación están “extremadamente infrautilizados” debido a la ralentización de los mercados globales, las incertidumbres arancelarias y unos volúmenes de pedidos en movilidad eléctrica menores a lo esperado.

La empresa asegura que, tras “evaluar todas las opciones”, no ha encontrado alternativa a la reducción de personal, que se aplicará en varias fases durante los próximos meses y dependerá de los futuros desarrollos del negocio. Pese a ello, Mahle sostiene que está comprometida con “buscar soluciones justas y socialmente aceptables” para los afectados, y que iniciará un proceso de consultas con los representantes de los trabajadores.

El grupo automovilístico ha remarcado que seguirá desarrollando y produciendo en España para atender a sus clientes “como siempre” y que mantiene su apuesta por la electrificación como campo estratégico clave, con el objetivo de situarse como un actor competitivo e innovador cuando los mercados se recuperen y se reactiven los pedidos de alto volumen.

Mahle en España: medio siglo de presencia industrial

Mahle opera en España desde los años 70, cuando abrió su primera planta en Montblanc (Cataluña). Actualmente emplea a casi 2.500 personas en ocho centros de producción distribuidos por el país. Sus equipos fabrican componentes para vehículos eléctricos, motores de combustión limpia y soluciones de alta tecnología para bicicletas eléctricas, contribuyendo activamente a la movilidad sostenible. La compañía ha subrayado que continuará invirtiendo en innovación y producción local como parte de su estrategia internacional.

Un golpe en plena etapa de crecimiento del empleo

La consejera Patricia Franco calificó de “lamentable” que este expediente de regulación se produzca en un momento en el que Castilla-La Mancha registra sus mejores cifras de población activa, ocupación y descenso del desempleo. Recordó, además, que este conflicto se suma al abierto en la empresa Eserman de Puertollano tras la reconversión logística anunciada por Repsol Química, lo que aumenta la incertidumbre en el tejido industrial de la región.

“Estamos con los trabajadores y con sus familias. Vamos a seguir trabajando con el Gobierno central y con la Comunidad Valenciana para que la actividad industrial permanezca en nuestra tierra”, aseguró.

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