Las leyes y regulaciones del mercado del juego online en España en 2025
Actualmente, el usuario español encuentra un mercado de apuestas digitales en plena expansión, aunque sujeto a un marco normativo cada vez más complejo. La necesidad de compliance hace que los operadores deban adaptarse continuamente a diversas normativas para poder ofrecer sus servicios en España.
Las reglas están evolucionando para satisfacer las necesidades del mercado, por lo que obtener la certificación de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) es apenas el primer paso. Por esta razón, muchos casinos online consideran la regulación como una ventaja competitiva, utilizando la seguridad y el licenciamiento oficial como elementos diferenciadores.
Base legal, publicidad y otras normativas
La Ley 13/2011 estableció el régimen de licencias online y sigue siendo el eje fundamental del sistema. Esta ley se complementa con los Reales Decretos 1613/2011 (requisitos técnicos) y 1614/2011 (proceso de licencias). No obstante, la gran novedad de los últimos dos años ha sido el Real Decreto 176/2023, vigente desde marzo de 2023.
Este decreto obliga a los operadores como Instant Casino a implementar herramientas automáticas de pausa, recordatorios de sesión y alertas sobre pérdidas acumuladas. Estas funcionalidades son obligatorias desde el 22 de marzo de 2025, fecha límite publicada en el Boletín Oficial del Estado. Además, en abril de 2024, varios artículos del Real Decreto 958/2020 fueron anulados por el Tribunal Supremo.
Considerando que ciertas restricciones publicitarias carecían de suficiente respaldo legal, esta decisión tuvo un gran impacto en el mercado. La Sentencia 527/2024 devolvió al Ministerio de Consumo la responsabilidad de redefinir horarios, promociones y patrocinios con celebridades bajo criterios más equilibrados.
Mientras no se apruebe un nuevo marco normativo, algo previsto para la segunda mitad de 2025, algunas Comunidades Autónomas como Murcia y Madrid han implementado regulaciones propias. Esto explica la proliferación de restricciones locales, especialmente relacionadas con carteles cerca de centros educativos o patrocinios enfocados a menores.
Por otro lado, el Real Decreto 176/2023 introdujo también el llamado "modelo único de monitorización". Es decir, cada giro en tragaperras, apuesta o retirada queda registrado y se envía diariamente a los servidores de la DGOJ. Desde marzo de 2025, esta base de datos categoriza perfiles como "jugador intensivo" y "joven intensivo".
Eso obliga a los operadores a bloquear pagos mediante crédito y a mostrar alertas en pantalla completa. Finalmente, otra medida próxima a su aprobación definitiva es el sistema centralizado de límites de depósito. El proyecto de decreto, que ya finalizó su audiencia pública, establece techos de depósito conjuntos de 600 € diarios y 1.500 € semanales.
Eso para todos los sitios en los que un mismo usuario participe. Las reducciones de estos límites tienen efecto inmediato, mientras que los aumentos requieren un periodo mínimo de siete días, reforzando así la prevención.
Números que justifican el endurecimiento regulatorio y la supervisión
Los informes oficiales reflejan un crecimiento significativo del sector del juego online en España. El cuarto trimestre de 2024 terminó con un resultado bruto de juego (GGR) de 409,33 millones de euros, lo que representa un aumento cercano al 18% respecto al trimestre anterior y casi un 30% más en comparación con el mismo periodo de 2023.
El segmento de casino creció un 18,62% interanual, impulsado especialmente por las tragaperras (slots), que aumentaron un 29,35%, y por la ruleta en vivo, con un incremento del 5,38%. En promedio trimestral, España registró 1.546.049 cuentas activas, lo que supone un incremento del 7% respecto a 2023.
Este crecimiento sostenido explica el interés del gobierno por fortalecer la responsabilidad social en el juego. Según datos facilitados por el Ministerio de Consumo, las transacciones realizadas en apuestas online superaron los 442 millones durante el tercer trimestre de 2024, un 15% más respecto al año anterior.
La política de tolerancia cero frente a páginas ilegales se mantiene firme. Durante la primera mitad de 2024, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) bloqueó 13 webs offshore, imponiendo multas individuales de 5 millones de euros. Desde 2018, el número total de dominios clausurados asciende a cerca de 2.700, acumulando penalizaciones superiores a los 400 millones de euros.
Las empresas reincidentes pasan a una lista negra que bloquea cualquier solicitud futura de licencia mientras mantengan deudas pendientes con la administración. Incluso los operadores autorizados no están exentos de control. En 2024, dos empresas con licencia fueron sancionadas con multas que suman 325.000 euros por publicidad indebida.
Aunque el juego online es una competencia estatal, las 17 comunidades autónomas tienen la potestad de regular aspectos como las casas de apuestas físicas, loterías regionales y, cada vez más, la publicidad digital. Las Islas Canarias impusieron recientemente una distancia mínima obligatoria de 200 metros entre locales de juego y centros educativos, aunque esta medida no afecta a las licencias vigentes.
Por otro lado, en Cataluña se debate actualmente una subida impositiva sobre las mesas de casino hasta el 55%, medida que podría afectar negativamente al proyecto del gran resort turístico previsto en Tarragona.
Castilla y León, por su parte, ha abierto una consulta pública sobre una normativa destinada a restringir los patrocinios deportivos por parte de casas de apuestas, mientras que la Comunidad Valenciana revisa la actual moratoria sobre nuevos salones de juego tras el reciente cambio de gobierno.
Esto obliga a los operadores a adaptar sus campañas publicitarias y patrocinios deportivos en función de la regulación específica de cada región española. El sector espera para 2026 una nueva convocatoria general para licencias, siendo la última realizada en 2017. Especialmente debido al interés cada vez más grande de grupos extranjeros en segmentos como los eSports y los casinos en vivo.
Además, sigue adelante el debate sobre la posible ampliación de las ventajas fiscales que actualmente disfrutan Ceuta y Melilla, con una tasa reducida del 10% sobre el GGR frente al 20% vigente en el resto del país. De hecho, Baleares busca replicar estas ventajas fiscales para atraer inversión tecnológica.