Piden enfermería escolar en todos los centros de Castilla-La Mancha

Piden enfermería escolar en todos los centros de Castilla-La Mancha

Las familias de Castilla-La Mancha han impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para garantizar la presencia de profesionales de enfermería en todos los centros educativos de la región, una propuesta promovida desde el ámbito asociativo y respaldada por organizaciones educativas y sanitarias.

La iniciativa, presentada por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (FAPA) Alfonso X el Sabio de Ciudad Real, busca convertir en derecho una reivindicación histórica ante el aumento de necesidades sanitarias en las aulas.

Las familias de Castilla-La Mancha, a través de sus federaciones provinciales, presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para garantizar un servicio permanente de enfermería escolar en todos los centros educativos de la comunidad autónoma, con el objetivo de dar respuesta a situaciones sanitarias cada vez más frecuentes en el entorno escolar y asegurar una atención especializada al alumnado.

La propuesta fue impulsada por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (FAPA) Alfonso X el Sabio de Ciudad Real, junto a la FAPA María Moliner de Albacete y la FAMPA Provincial de Toledo. Durante su presentación, la presidenta de FAPA Ciudad Real, Maribel Sánchez Villar, subrayó que “hoy damos un paso importante para que la enfermería escolar deje de ser una reivindicación y pase a ser un derecho”.

En nombre de la organización, Ana Belén Calvo fue la encargada de detallar el contenido de la iniciativa, explicando que las familias han decidido trasladar esta propuesta a las Cortes de Castilla-La Mancha con el fin de asegurar la presencia de personal sanitario en los centros educativos de toda la región.

Más de 384.000 alumnos sin cobertura sanitaria específica

Uno de los argumentos centrales de la ILP es la dimensión del sistema educativo regional: más de 384.000 alumnos desarrollan su actividad en cerca de 1.800 centros educativos, sin que exista actualmente una regulación que garantice la presencia de profesionales de enfermería.

Durante el acto se puso de manifiesto el incremento de patologías crónicas en la infancia, como la diabetes, el asma o la epilepsia, así como la aparición frecuente de situaciones de urgencia en los centros escolares. En este contexto, las asociaciones de familias advirtieron de que estas situaciones recaen en muchos casos sobre el profesorado, que carece de formación sanitaria específica para afrontarlas con seguridad.

Funciones asistenciales, preventivas y educativas

La iniciativa contempla una implantación progresiva de profesionales de enfermería en los centros educativos, con un enfoque integral que incluye funciones asistenciales, preventivas y educativas, además de la coordinación con las familias y el sistema sanitario.

El acto contó con el respaldo de representantes del ámbito sanitario y educativo. Desde el sindicato de enfermería se destacó que la figura de la enfermera escolar es clave no solo para atender urgencias, sino también para fomentar la educación sanitaria en toda la comunidad educativa, actuando como “persona de referencia en el día a día para alumnado, familias y profesorado”.

Por su parte, representantes del profesorado coincidieron en señalar la necesidad de incorporar este perfil en los centros, recordando que “los docentes no somos sanitarios y nos enfrentamos a situaciones para las que no estamos preparados”, en alusión a casos reales donde una actuación inadecuada puede suponer un riesgo para el alumnado.

Asimismo, organizaciones sindicales educativas valoraron positivamente la iniciativa, destacando que se trata de una reivindicación histórica del sector y mostrando su apoyo al proceso de recogida de firmas.

Próximo paso: 20.000 firmas

La Iniciativa Legislativa Popular deberá ser admitida a trámite por las Cortes de Castilla-La Mancha. En caso de superar este primer paso, se iniciará una recogida de firmas en toda la región con el objetivo de alcanzar las 20.000 rúbricas exigidas por la normativa para su tramitación parlamentaria.

Desde FAPA se hizo un llamamiento a la ciudadanía, a la comunidad educativa y a las instituciones para respaldar la propuesta, que consideran fundamental para avanzar hacia un modelo educativo “más seguro, inclusivo y adaptado a las necesidades actuales del alumnado”.