Dos detenidos por 16 robos en explotaciones agrícolas de Ciudad Real
La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a una tercera en el marco de la operación Montevecchio, una investigación que ha esclarecido 16 delitos contra el patrimonio cometidos entre enero y abril de 2026 en explotaciones agrícolas y transformadores eléctricos de seis municipios de la provincia de Ciudad Real.
Los detenidos, arrestados en Pozuelo de Calatrava, se habían apoderado de material valorado en unos 4.500 euros, aunque el perjuicio total causado a los agricultores afectados supera los 50.000 euros, según informó la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real en nota de prensa.
La Guardia Civil desarticuló en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) una presunta organización dedicada al robo sistemático en fincas agrícolas y transformadores eléctricos que operó durante cuatro meses en la comarca de Calatrava. La operación, denominada Montevecchio y ejecutada por el equipo Roca de la Guardia Civil, se saldó con la detención de dos personas y la investigación de una tercera por un total de dieciséis delitos contra el patrimonio. Los hechos se desarrollaron entre enero y abril de 2026 en los municipios de Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Daimiel, Almagro, Pozuelo de Calatrava y Aldea del Rey.
La investigación arrancó al detectar los agentes un patrón común en una serie de robos y hurtos dispersos por la comarca. El tipo de mercancía sustraída y el modo de actuación de los autores llevó al equipo Roca a concluir que se trataba de los mismos individuos, lo que motivó la apertura de una investigación coordinada para identificarlos y detenerlos.
Un vehículo delatador y vigilancias nocturnas
Las pesquisas, desarrolladas en estrecha colaboración con los propios agricultores de la zona, permitieron identificar un vehículo concreto que merodeaba a horas intempestivas en los alrededores de varios transformadores eléctricos y fincas. Las indagaciones revelaron que los presuntos autores seguían un método sistemático y premeditado: primero realizaban una vigilancia previa de los objetivos y, posteriormente, regresaban para cometer el robo.
Los delitos se ejecutaban casi siempre durante la tarde-noche, cuando las explotaciones se encontraban vacías y el tránsito de personas y trabajadores era mínimo. Los objetivos preferidos eran los transformadores eléctricos aislados, las casetas de riego o de aperos y los vallados de fácil acceso, emplazamientos alejados de núcleos habitados y con escasa vigilancia.
Cobre, gasóleo y baterías de plomo
El botín de cada golpe consistía habitualmente en cableado de cobre, postes de emparrado, baterías de plomo, gasóleo agrícola y otro material de valor en el mercado de segunda mano. Se trata de materiales frecuentemente objeto de sustracción por su facilidad para ser revendidos sin dejar rastro.
A pesar de la magnitud de los daños causados, el beneficio económico obtenido por los presuntos autores fue comparativamente reducido: la Guardia Civil cifró en unos 4.500 euros las ganancias obtenidas de la venta del material robado, frente a un perjuicio real para los agricultores y empresas afectadas que supera los 50.000 euros. La diferencia ilustra el elevado coste que este tipo de robos genera para el sector primario, que debe asumir la reparación o reposición de infraestructuras —como el cableado de los transformadores— cuyos precios de mercado son muy superiores al valor de reventa del material extraído.
Detenidos y puestos a disposición judicial
Una vez reunidos los indicios suficientes, los agentes procedieron a la detención de los dos sospechosos y a la investigación formal de un tercero. Todos ellos quedaron vinculados a los dieciséis delitos contra el patrimonio, tipificados como robo con fuerza y hurto en explotaciones agrícolas y transformadores eléctricos.
Las diligencias policiales, junto con los detenidos, fueron puestos a disposición del Tribunal Único de Instancia de Almagro (Ciudad Real), que asumirá la instrucción del caso. La operación Montevecchio constituye un ejemplo de la eficacia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y el sector agrícola para combatir una modalidad delictiva que, pese a su aparente pequeña escala, genera graves pérdidas económicas en el medio rural.