Condenan al exalcalde de Puertollano por prevaricación en el Cerrú

La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ciudad Real ha dictado sentencia condenatoria contra el exalcalde de Puertollano (Ciudad Real) Joaquín Hermoso Murillo y el exsecretario municipal accidental Juan Luis Vázquez Calvo por un delito de prevaricación administrativa relacionado con la contratación de las obras del campo de fútbol del Cerrú, un estadio inaugurado en 2010 cuya adjudicación ha estado en el centro de la historia judicial más sonada del municipio minero. Ambos han sido condenados a cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La resolución, adelantada este miércoles por La Tribuna de Ciudad Real y consultada por Europa Press, acoge íntegramente la tesis de la Fiscalía: el Ayuntamiento de Puertollano firmó un contrato de permuta con una empresa privada para levantar el estadio a cambio de parcelas municipales sin tramitar un expediente administrativo ni convocar concurso público, eliminando cualquier mecanismo de concurrencia y publicidad exigido por la legislación de contratos vigente en aquel momento.

El fallo precisa que el acuerdo se firmó antes de su aprobación plenaria y que las actuaciones posteriores no corrigieron esa irregularidad inicial. La jueza concluye que se dictó una resolución arbitraria "a sabiendas de su ilegalidad", mediante un acto decisorio del alcalde al que se dio posteriormente una "apariencia de legalidad formal". Hermoso Murillo es considerado autor principal del delito, mientras que Vázquez Calvo lo es en calidad de cooperador necesario. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

La operación de permuta: terrenos municipales por un estadio

Los hechos juzgados se remontan al año 2007, cuando Hermoso Murillo, en su condición de alcalde, y el secretario municipal Vázquez Calvo decidieron suscribir un contrato de permuta con la empresa Promociones Inmobiliarias del Pisuerga (Proinsa), vulnerando los principios de publicidad y concurrencia básicos recogidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas entonces en vigor.

El 16 de octubre de 2007, Hermoso Murillo firmó el contrato. A cambio de la construcción del campo de fútbol, el exalcalde comprometió al Ayuntamiento con la entrega a Proinsa de parcelas de titularidad municipal situadas en el Plan de Actuación Urbanística del sector IV, conocido como Abulagar, con una superficie de 34.846 metros cuadrados. La licencia de obras fue otorgada a Teconsa, empresa vinculada societariamente al grupo castellano-leonés Martínez Núñez y a la propia Proinsa.

La 'Operación Cerrú': doce horas que marcaron un hito en Puertollano

El origen más mediático del caso se sitúa en la mañana del 11 de julio de 2018, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional irrumpió en el Ayuntamiento de Puertollano en el marco de la Operación Cerrú, iniciada por las irregularidades detectadas en la contratación de las obras del estadio. Lo que siguió fueron doce horas que marcaron un hito judicial y policial en la historia democrática de la ciudad.

Aquella operación se desplegó con registros policiales y detenciones en bloque: llegaron a ser investigadas hasta 15 personas. Sin embargo, tras seis años de instrucción, la Audiencia Provincial descartó la existencia de una trama delictiva organizada, reduciendo el foco de la acusación a la actuación de Hermoso Murillo y Vázquez Calvo.

El precedente de la plaza de toros

Esta no es la primera condena por prevaricación que recae sobre el exalcalde. En noviembre de 2019, la Audiencia Provincial de Ciudad Real ya le impuso siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito del mismo tipo relacionado con la contratación y adjudicación de las obras de la plaza de toros de Puertollano entre los años 2007 y 2008. En aquella ocasión, el exsecretario municipal Vázquez Calvo también fue condenado a siete años por idéntico delito.

La sentencia del Cerrú cierra así, en sede judicial de primera instancia, el capítulo más prolongado y complejo de la historia reciente de Puertollano, una causa que tardó más de una década en llegar a juicio oral desde que la UDEF cruzó las puertas del Consistorio y que concluye —a falta de posible recurso— con la condena de las dos únicas personas que finalmente se mantuvieron en el banquillo.