Cinco detenidos por usar tarjetas duplicadas en los tacógrafos

El Grupo Central de Investigación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (GIAT Central) detuvo este jueves 29 de mayo a cinco personas —administradores y conductores de una empresa de autocares con sede en Ciudad Real— por los delitos de falsificación de documento público y contra el derecho de los trabajadores. Los investigados usaban indistintamente dos tarjetas de tacógrafo en cada jornada laboral para eludir los controles de tráfico en carretera y ocultar que no respetaban los períodos de descanso legalmente establecidos.

El modus operandi era sistemático y estaba perfectamente organizado. Cada conductor utilizaba su propia tarjeta de tacógrafo durante el trayecto de salida desde la empresa y, al emprender el regreso, insertaba la tarjeta de uno de los administradores de la compañía. De esta forma, el sistema de registro digital no reflejaba las horas reales de conducción acumuladas y, en consecuencia, el conductor podía volver a ponerse al volante al día siguiente como si hubiera cumplido íntegramente con los descansos mínimos exigidos por la normativa europea de transporte por carretera.

La razón de fondo era estructural: la empresa disponía de más vehículos que conductores contratados, lo que generaba una presión operativa que los administradores resolvieron de manera fraudulenta. Los propios directivos participaban activamente en el esquema, aportando sus tarjetas personales como cobertura para los turnos de regreso de los trabajadores. A su vez, los administradores empleaban tarjetas duplicadas para no dejar rastro de sus propios tiempos de conducción.

Dos registros en la sede y las naves de la empresa

En el marco de la investigación, la Guardia Civil practicó dos entradas y registros: uno en la sede social de la empresa y otro en las naves donde se guardaban los autocares. El objetivo era intervenir documentación física y archivos digitales que permitieran corroborar los delitos imputados a los detenidos y ampliar la base probatoria del caso.

Para la elaboración de la investigación previa, el GIAT Central contó con la colaboración de la Subdirección General de Inspección de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real. En los registros participaron también efectivos del Sector de Tráfico de Castilla-La Mancha y de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real.

Penas de hasta tres años de prisión

Las consecuencias penales que enfrentan los cinco detenidos son de considerable gravedad. El delito continuado de falsedad documental en documento público conlleva penas de prisión de seis meses a tres años, además de multas de seis a doce meses por cada ocasión en que se haya incurrido en la conducta ilícita. La acumulación de infracciones a lo largo del tiempo de actividad de la trama podría elevar significativamente la cuantía total de las sanciones económicas.

La persecución penal de este tipo de conductas cuenta con un sólido respaldo jurisprudencial. Desde 2020, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo fijó doctrina mediante sentencia al establecer que la manipulación fraudulenta del tacógrafo constituye delito de falsedad en documento oficial en la modalidad de simulación, dado que este instrumento está considerado documento oficial a efectos penales. Esa resolución reforzó la base legal sobre la que la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal sustentan este tipo de investigaciones.

La operación sigue abierta

La operación HERENAL, tal y como informó la Dirección General de la Guardia Civil a través de su Agrupación de Tráfico, permanece activa. Los investigadores prevén nuevas detenciones en el desarrollo de las pesquisas, lo que apunta a que la trama podría tener más ramificaciones de las inicialmente conocidas o que otros conductores vinculados a la empresa estarían también bajo investigación.

El fraude en los tacógrafos de vehículos de transporte de viajeros constituye una infracción que va más allá del ámbito laboral: al reducir artificialmente el tiempo de descanso registrado, los conductores aumentan el riesgo de accidentes por fatiga, con consecuencias que pueden afectar a la seguridad de los propios pasajeros y del resto de usuarios de la vía.