Cárcel para el empresario que explotaba a inmigrantes con 12 horas
Un empresario agrícola de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) ha aceptado una condena de dos años de prisión tras reconocer que explotó laboralmente a once inmigrantes en situación irregular durante las campañas agrícolas de 2021 y 2022. La pena no se hará efectiva al no superar los dos años y carecer el acusado de antecedentes computables.
El acuerdo de conformidad ha permitido rebajar la petición inicial de la Fiscalía, que reclamaba cuatro años de cárcel. Los trabajadores, la mayoría llegados a España en patera, realizaban jornadas de entre once y doce horas diarias cobrando en torno a 40 euros, sin contrato ni alta en la Seguridad Social.
El empresario agrícola J.G.F.S., de nacionalidad ecuatoriana y afincado en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), aceptó este martes una pena de dos años de prisión tras reconocer que explotó a once inmigrantes en situación irregular en distintas campañas agrícolas celebradas entre 2021 y 2022 en la provincia. El acuerdo de conformidad alcanzado en sede judicial redujo a la mitad la petición inicial de la Fiscalía, que había solicitado cuatro años de cárcel.
La pena de prisión no se hará efectiva. Al no superar los dos años de condena y no contar el acusado con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, la sentencia quedará en suspenso conforme a la legislación vigente. Junto a la pena privativa de libertad, el empresario aceptó una multa de seis meses con una cuota diaria de siete euros, rebajada también desde la petición original de diez meses con doce euros diarios.
Los hechos reconocidos por el acusado coinciden con los recogidos en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Según la Fiscalía, once inmigrantes, la mayoría de ellos llegados a España en patera, acabaron trabajando para la empresa Agroservicios Dumisan en distintas campañas del campo manchego: la cebolla, el pimiento, la vendimia y la aceituna. Ninguno contaba con autorización de residencia ni de trabajo, y ninguno fue dado de alta en la Seguridad Social ni firmó contrato alguno.
Las condiciones de trabajo descritas por la acusación rozaban la servidumbre. Los trabajadores cumplían jornadas de entre once y doce horas diarias, con apenas media hora para comer y sin descanso semanal, percibiendo en torno a 40 euros al día. En algunos casos, ni siquiera recibían ese salario. En otros, el propio empresario les descontaba del jornal gastos como el combustible utilizado para trasladarlos en vehículo hasta las fincas.
El delito por el que fue condenado el empresario es el de atentado contra los derechos de los trabajadores, tipificado en el Código Penal para quienes se aprovechan de la situación de necesidad o vulnerabilidad de personas extranjeras en situación irregular para explotarlas laboralmente. La acusación particular se adhirió al acuerdo de conformidad, lo que facilitó la rebaja de la pena solicitada por el fiscal.
El caso refleja una práctica que las organizaciones agrarias y los sindicatos llevan años denunciando en distintas regiones de España, y que consiste en la contratación encubierta de mano de obra irregular para cubrir picos de trabajo estacional en el campo. La situación de vulnerabilidad de los trabajadores, muchos de ellos recién llegados al país sin red de apoyo ni conocimiento del idioma, los convierte en objetivos fáciles para quienes buscan reducir costes laborales a cualquier precio.