Filtración de preguntas y amenazas en unas oposiciones en Hellín

El Partido Socialista Obrero Español llevará a la Fiscalía la actuación del alcalde de Hellín (Albacete), Manuel Serena, y del concejal responsable de Personal, Pedro García Sequero, ante las irregularidades documentadas en el proceso selectivo para cubrir una plaza de oficial de jardinería en el Ayuntamiento de esta localidad albaceteña. La decisión fue anunciada este jueves, 27 de agosto, en una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo de Albacete, donde el portavoz municipal socialista, Ramón García, compareció junto al secretario de Organización del PSOE provincial, Fran Valera, para explicar los motivos que llevan al grupo a acudir al Ministerio Público.

Los socialistas no dirigen la denuncia contra el personal funcionario municipal, sino que piden a la Fiscalía que investigue si los responsables políticos incurrieron en una dejación de funciones al no actuar ante unos hechos que, a su juicio, podían tener relevancia penal. "No culpamos ni condenamos a nadie; queremos que la Fiscalía investigue", precisó García.

El detonante es el informe emitido por el propio Tribunal de la oposición el 23 de junio, que recoge que un miembro del tribunal habría filtrado preguntas del primer ejercicio a uno de los aspirantes y que se habrían producido amenazas a integrantes de dicho órgano calificador. El Grupo Municipal Socialista dispone también del informe del Departamento de Recursos Humanos sobre lo acontecido. "No hablamos de rumores, bulos ni interpretaciones políticas", subrayó García, insistiendo en que los hechos constan en documentación oficial del propio Ayuntamiento.

La cronología que el PSOE considera determinante

El portavoz socialista desgranó la sucesión de hechos que, a su juicio, evidencia la pasividad del Ejecutivo local. Tras conocerse el informe del tribunal el 23 de junio, el Grupo Municipal Socialista planteó la cuestión en el Pleno del 27 de julio y solicitó formalmente el acceso al expediente el 30 de julio. Ante la ausencia de respuesta, reiteró la petición el 12 de agosto. No fue hasta el 14 de agosto cuando el PSOE tuvo acceso a la documentación y, ese mismo día, el Ayuntamiento inició la incoación de un expediente disciplinario.

García advirtió que, según la información de la que dispone el Grupo Municipal, ese expediente disciplinario "todavía no contiene actuaciones sustantivas", más allá de haberse solicitado a otra administración la designación de un instructor.

Sobre el proceso selectivo, García precisó que la oposición se repetirá desde el primer ejercicio el próximo 15 de septiembre, con posibilidad de que concurran nuevamente las cinco personas que habían superado ese primer filtro. Entre ellas figura la persona que presuntamente se habría beneficiado de la filtración, que actualmente trabaja como interino en el Ayuntamiento.

La Ejecutiva Provincial respalda al grupo local

Valera utilizó la comparecencia para dejar constancia del apoyo explícito de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Albacete al Grupo Municipal de Hellín. A su juicio, el Gobierno local disponía desde junio de "todos los instrumentos —las actas del Tribunal y los informes de Recursos Humanos— para haber puesto el caso en manos de la Justicia" y no lo hizo.

"Esperábamos una respuesta contundente en defensa de la transparencia", afirmó Valera, quien apeló al papel del PSOE como "garante de la transparencia y de los procesos limpios". El secretario de Organización no entró a valorar si hubo o no "enchufismo", término que mencionó al explicar que la denuncia no va dirigida en ese sentido, sino a exigir responsabilidades por la gestión política de lo ocurrido.

El portavoz municipal clausuró la rueda de prensa con una reflexión sobre la obligación de los cargos públicos: "Todos juramos o prometimos cumplir y hacer cumplir la ley. Y cumplir la ley no significa solamente cumplirla uno mismo; significa también actuar cuando tienes conocimiento de hechos que pueden vulnerarla". García reiteró que corresponde en exclusiva a la Fiscalía, y en su caso a los tribunales, determinar si existe responsabilidad penal: "Si actuaron correctamente, que la investigación lo demuestre; y, si no actuaron cuando tenían obligación de hacerlo, que se determine por qué".