La Diputación de Albacete destina un millón a vivienda en 39 municipios
La Diputación de Albacete ha resuelto la convocatoria de Vivienda Municipal 2026 con un presupuesto de un millón de euros repartido entre 39 localidades de menos de 2.000 habitantes, en la mayor apuesta del Gobierno Provincial de Cabañero por fijar población en el medio rural a través de la rehabilitación y creación de vivienda pública.
Las subvenciones, que alcanzan los 28.500 euros en la gran mayoría de los municipios beneficiarios, financiarán desde la recuperación de antiguas casas de maestros y médicos hasta el derribo de inmuebles en ruina para habilitar suelo destinado a vivienda social, con el 100% del importe adelantado a los ayuntamientos para garantizar la liquidez necesaria.
La Diputación de Albacete ha adjudicado un millón de euros a 39 municipios de la provincia con menos de 2.000 habitantes a través de la convocatoria de Vivienda Municipal 2026, una iniciativa impulsada por el Gobierno Provincial presidido por Santi Cabañero para combatir el abandono del parque residencial en el medio rural y facilitar alternativas habitacionales a los vecinos con menos recursos. La resolución, publicada esta semana, detalla el reparto y las actuaciones previstas en cada localidad beneficiaria.
La subvención tipo en la inmensa mayoría de los consistorios alcanza los 28.500 euros, una cantidad que la Diputación ha calibrado para ser suficiente en intervenciones concretas sobre patrimonio municipal ya existente, sin requerir cofinanciación adicional por parte de los ayuntamientos más pequeños.
Casas del maestro, del médico y del forestal
La convocatoria prioriza la puesta en valor del patrimonio público en desuso, con especial protagonismo para aquellos inmuebles ligados históricamente a los servicios que el Estado garantizaba en cada pueblo. Así, los fondos financiarán la rehabilitación de antiguas casas de maestros en Letur, Ayna y Paterna del Madera, tres municipios de la sierra albaceteña que conservan estos edificios vacíos desde hace décadas.
De igual modo, se acometerá el acondicionamiento de las viejas casas del médico en Peñascosa y Povedilla, y se recuperará la antigua vivienda del agente forestal en Riópar, ejemplos todos ellos de un patrimonio que, lejos de venderse a privados, volverá al circuito de uso público bajo criterios sociales.
Nuevos solares y derribos para suelo social
La convocatoria no se limita a la rehabilitación. También financia actuaciones expansivas orientadas a generar suelo disponible para vivienda nueva. Municipios como San Pedro, Abengibre y Lezuza emplearán sus subvenciones en la adquisición de solares donde, en un plazo máximo de cinco años, deberán construirse viviendas de carácter social.
La actuación más drástica prevista es la que acometerá el Ayuntamiento de Villapalacios, que utilizará los fondos para derribar inmuebles en estado ruinoso y liberar así suelo en el casco urbano. Esta decisión, que la Diputación avala explícitamente en su resolución, responde a una lógica urbanística cada vez más extendida en los pequeños municipios: resulta más eficiente y menos costoso regenerar el interior deteriorado de los pueblos que seguir ampliando sus perímetros con nuevas calles y urbanizaciones mientras el centro se vacía.
Doble objetivo: freno al deterioro y ahorro urbanístico
La Diputación justifica la convocatoria como respuesta a una problemática doble. Por un lado, frena el deterioro progresivo de las viviendas vacías o abandonadas en los cascos históricos, que afean los pueblos, generan riesgos para la seguridad y suponen un lastre para la imagen del municipio. Por otro, evita a los ayuntamientos los elevados costes económicos y los problemas de planificación urbanística que implica expandir el suelo edificable hacia la periferia cuando el centro ya dispone de edificios susceptibles de ser recuperados.
Liquidez inmediata y plazo de cinco años
Para facilitar la ejecución de las obras a entidades locales que habitualmente operan con presupuestos muy ajustados, la Diputación ha dispuesto el pago anticipado del 100% del importe concedido a todos los ayuntamientos beneficiarios desde el momento de la resolución. Esta fórmula elimina el principal obstáculo al que se enfrentan los consistorios rurales a la hora de acometer inversiones: la falta de tesorería suficiente para iniciar los trabajos antes de recibir los fondos.
A cambio, las administraciones locales asumen el compromiso de acreditar, en un plazo máximo de cinco años, que las viviendas o solares obtenidos han sido puestos a disposición de la ciudadanía siguiendo criterios socioeconómicos. La condición garantiza que los fondos públicos no queden inmovilizados en inmuebles rehabilitados pero sin uso, sino que se traduzcan en una alternativa habitacional real para quienes más lo necesitan: familias con dificultades de acceso al mercado libre en municipios donde, paradójicamente, la vivienda vacía abunda pero la vivienda asequible escasea.