Una sentencia da la razón a una docente agredida por la ausencia de protocolos
El Juzgado de lo Social número 3 de Albacete ha estimado en parte la demanda presentada por una profesora que sufrió una agresión física mientras intervenía para separar a varios alumnos en el patio del centro donde imparte docencia. La resolución judicial concluye que en Castilla-La Mancha no existían protocolos específicos de prevención ni de actuación ante agresiones al profesorado, una carencia que considera una deficiencia estructural atribuible a la Administración educativa.
Una agresión con secuelas físicas y psicológicas
Según los hechos probados, la docente sufrió un accidente laboral el 14 de enero de 2022 cuando trataba de poner fin a una pelea entre varios alumnos. Como consecuencia de la intervención, resultó con fractura del dedo anular de la mano derecha y lesiones en brazos y escápulas. A estas secuelas físicas se sumó un trastorno adaptativo mixto, con ansiedad severa y estado de ánimo deprimido derivado del episodio de agresión.
Tras un prolongado periodo de incapacidad temporal, la trabajadora fue declarada apta con restricciones y se reincorporó a su puesto el 1 de junio de 2023. Posteriormente, interpuso demanda judicial solicitando una indemnización por la omisión de medidas de seguridad por parte de su empleador.
Inexistencia de protocolos específicos
La sentencia subraya que la administración autonómica no tenía establecido “ni un protocolo de prevención de situaciones de violencia dirigidas a profesores en el ámbito de los centros educativos propios ni un protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado”. El fallo aclara además que ni el decreto de Convivencia Escolar ni la Guía de prevención y actuación ante conductas disruptivas graves pueden considerarse equivalentes a un protocolo específico de protección del profesorado.
El tribunal reconoce expresamente que la ausencia de protocolos claros y eficaces en Castilla-La Mancha constituye una deficiencia estructural y vincula esta carencia con las reivindicaciones planteadas por CCOO en el marco de la negociación colectiva.
Respaldo judicial a las reivindicaciones sindicales
La resolución judicial cita de forma literal el acta de la Mesa Sectorial de Personal Docente No Universitario de 14 de enero de 2025, en la que se reclamaba la elaboración de protocolos autonómicos similares a los existentes en otras comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura, Islas Baleares o la Comunidad Valenciana.
El fallo concluye que la docente sufrió un accidente de trabajo sin haber recibido formación ni información adecuada sobre cómo prevenir o actuar ante una agresión, y sin que existiera un procedimiento específico, lo que supone una vulneración de las medidas de seguridad y salud laboral exigibles al empleador, en este caso la Consejería de Educación.
Indemnización cercana a los 30.000 euros
La demandante reclamó compensación por los 503 días en situación de incapacidad temporal, por lucro cesante y por el perjuicio moral derivado de la pérdida de calidad de vida ocasionada por las secuelas, teniendo en cuenta que no le fue reconocida la incapacidad permanente en grado parcial.
El juzgado ha estimado parcialmente la demanda y ha condenado a la Consejería de Educación y a la compañía aseguradora a abonar 3.000 y 25.691 euros, respectivamente, en concepto de indemnización. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso.
Exigencia de medidas inmediatas
Para CCOO, este pronunciamiento judicial es especialmente relevante porque demuestra que las reivindicaciones defendidas en las mesas sectoriales tienen efectos jurídicos reales y que la acción sindical sostenida resulta eficaz.
A la vista de la sentencia, el sindicato exige a la Consejería de Educación la adopción de medidas concretas, entre ellas la elaboración inmediata de protocolos autonómicos de actuación ante agresiones, la intervención de oficio de la Administración en estos casos, una coordinación real con Fiscalía, Inspección Educativa y fuerzas de seguridad, así como apoyo jurídico, psicológico y administrativo a las víctimas y medidas de prevención y formación que eviten la normalización de las agresiones.
