Cae la red que cobraba 10.500 euros por falsos contratos en Albacete
La Guardia Civil desmantela una red criminal que cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por tramitar de forma fraudulenta expedientes de regularización para ciudadanos extranjeros. La trama, desarticulada en el marco de la operación 'Lutasanol', habría gestionado ilegalmente más de un centenar de casos y generado un fraude superior a los 100.000 euros.
La organización captaba a sus víctimas en la provincia de Almería, donde tenía su centro de operaciones, pero extendía su actividad a Murcia, Huelva, Granada, Málaga y diversos puntos de Albacete. La operación se ha saldado con un detenido y tres investigados.
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal dedicada a la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos, en el marco de la operación denominada 'Lutasanol'. La trama, con ramificaciones en varias provincias españolas, cobraba a sus víctimas cantidades de entre 4.500 y 10.500 euros por expediente a cambio de documentación laboral ficticia presentada ante la Administración, y habría tramitado ilegalmente más de un centenar de casos, según informó el Instituto Armado en un comunicado.
La investigación, iniciada el pasado año, concluyó con la detención del principal captador de la organización y la apertura de diligencias contra otros tres presuntos implicados: dos administradores de la mercantil utilizada para la actividad fraudulenta, localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, y un gestor laboral y contable con despacho profesional en Almería, provincia que funcionaba como núcleo de las operaciones.
Durante el transcurso de las actuaciones, los agentes practicaron un registro en el establecimiento que la red empleaba como centro de operaciones. En él intervinieron abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con la actividad delictiva y dinero en efectivo presuntamente procedente de los pagos realizados por las víctimas.
Contratos sin actividad real y prestaciones indebidas
El modus operandi de la organización consistía en captar a personas extranjeras que buscaban obtener o renovar sus permisos de residencia y trabajo en España. Los miembros de la red les ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes con el único objetivo de presentar documentación de apariencia legal ante los organismos competentes.
Los agentes comprobaron que la organización daba de alta a trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera ninguna actividad empresarial real que justificara esas contrataciones. Esta práctica, además del fraude económico directo a las víctimas —que superó los 100.000 euros—, permitía a los beneficiarios acceder de forma indebida a prestaciones y subsidios públicos, con el consiguiente perjuicio para las arcas del Estado.
Estructura profesionalizada con roles repartidos
Según la Guardia Civil, la organización presentaba un alto grado de especialización interna, con funciones "perfectamente repartidas entre captadores responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de legalidad a toda la operativa". El Instituto Armado la describió como "una activa red criminal interprovincial" que explotaba la vulnerabilidad de ciudadanos extranjeros que buscaban regularizar su situación administrativa en España.
La captación de víctimas se concentraba principalmente en la provincia de Almería, aunque la red tendía sus redes a lo largo de un amplio arco geográfico que abarcaba Murcia, Huelva, Granada, Málaga y distintos puntos de la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha). La investigación alcanzó también a implicados en Tenerife y Madrid, lo que pone de manifiesto la dimensión nacional de la trama.
Instrucción judicial en El Ejido
La operación fue desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y el Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido, bajo la dirección del Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza número 5 de El Ejido (Almería). La causa queda ahora en manos de la instrucción judicial, que deberá determinar la responsabilidad penal de los cuatro investigados por delitos que incluirían falsedad documental, fraude a la Administración y, previsiblemente, pertenencia a organización criminal.