Albacete presiona a ADIF para reabrir la línea de tren a Cartagena

El Pacto Social por el Ferrocarril de Albacete pide a ADIF acelerar la reapertura y modernización de la línea 320 Chinchilla-Cartagena.

El Pacto Social por el Ferrocarril de Albacete, promovido por UGT, CCOO y la Federación Empresarial de Albacete (FEDA), aprobó este jueves pedir a ADIF la reapertura y modernización integral de la línea 320 Chinchilla-Cartagena, actualmente sin servicio regular de viajeros. La plataforma, que integra a la Junta de Comunidades, varios ayuntamientos de la provincia y los principales sindicatos, reclama además transparencia ante las informaciones contradictorias difundidas por la propia administración ferroviaria.

El pacto rechaza que la electrificación del trazado quede aplazada hasta 2040 y exige que la línea sea declarada de Obligación de Servicio Público para garantizar la movilidad de los ciudadanos de Hellín, Tobarra, Chinchilla y otros municipios del corredor, situando la cohesión territorial por encima de la rentabilidad económica.

El Pacto Social por el Ferrocarril de Albacete aprobó este jueves, en reunión de su mesa permanente celebrada en Albacete, exigir a ADIF la reapertura y consolidación del servicio de viajeros de la línea 320 Chinchilla-Cartagena y su modernización integral, con electrificación del trazado y soluciones técnicas que permitan explotar el corredor también para tráfico de mercancías. La plataforma, impulsada por UGT Albacete, CCOO Albacete y FEDA, agrupa a administraciones públicas y organizaciones sociales de toda la provincia y actúa como interlocutor colectivo ante las instituciones competentes en materia ferroviaria.

La línea convencional 320, que discurre por el corredor Chinchilla-Montearagón-Murcia del Carmen-Cartagena, fue calificada por los miembros del pacto como "un eje estratégico fundamental" para municipios como Hellín, Tobarra o Chinchilla (Albacete). Según la plataforma, la disponibilidad de este servicio "tiene un impacto directo sobre el empleo, la formación, el acceso a servicios y la vida cotidiana" de los habitantes de estos núcleos, muchos de ellos con escasas alternativas de transporte público y fuerte dependencia del vehículo privado.

La reunión reunió a una amplísima representación institucional y social. Participaron la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Albacete, la Diputación Provincial de Albacete, los ayuntamientos de Hellín, Pozo Cañada, Villarrobledo, Almansa, Tobarra y Chinchilla, la Federación de Asociaciones Vecinales de Albacete (FAVA), FEDA, UGT y CCOO. Todos ellos acordaron promover en los consistorios afectados por esta línea una moción de defensa de los objetivos aprobados en la sesión, así como respaldar la petición que la Plataforma por el Tren para Hellín y Comarcas tiene presentada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

La contradicción de ADIF, en el centro del debate

Uno de los asuntos que generó mayor malestar entre los asistentes fue la falta de coherencia informativa por parte de ADIF. En enero de 2026, el administrador ferroviario comunicó que el servicio entre Albacete y Murcia por Chinchilla se encontraba interrumpido a causa de las obras de soterramiento en Murcia. Sin embargo, de forma posterior y contradictoria, el Portal de Transparencia de ADIF publicó que la línea estaba totalmente operativa. Ante esta disparidad, los miembros del pacto instaron a la administración a aportar "información coherente y verificable", exigiendo no solo la operatividad técnica de la infraestructura sino servicios ferroviarios con "estabilidad, planificación y horizonte de mejora para la ciudadanía".

La plataforma también puso el foco en la modernización pendiente de la línea. Entre las actuaciones reclamadas figuran la electrificación del trazado —o la adopción de actuaciones preparatorias inmediatas donde proceda—, la actualización de los sistemas de control de circulación y seguridad, la mejora de la gestión de capacidad mediante banalización y mejoras operativas por cantones entre estaciones, y la eliminación de los cuellos de botella que limitan actualmente la explotación del corredor.

El horizonte de 2040, "insuficiente"

El principal punto de fricción entre los agentes sociales y la administración ferroviaria es el plazo previsto para la electrificación. ADIF sitúa ese hito en el horizonte de 2040, un calendario que el Pacto Social por el Ferrocarril de Albacete considera del todo insuficiente. "Desde la ciudadanía y las organizaciones sociales y sindicales, ello se percibe como un plazo insuficiente para responder a urgencias territoriales, especialmente si la prioridad es reducir emisiones, optimizar el transporte y ofrecer una alternativa real al vehículo privado y al transporte por carretera", señalaron en un comunicado.

Junto a la reclamación de reapertura y electrificación, el pacto propone una revisión en profundidad de horarios, frecuencias y conectividad del corredor, con el objetivo de que el eje Chinchilla-Montearagón-Murcia-Cartagena resulte realmente funcional para desplazamientos laborales, educativos y de acceso a servicios. La plataforma subrayó que, en la actualidad, la ausencia de un servicio fiable condena a muchos ciudadanos de municipios rurales de la provincia de Albacete a depender exclusivamente del automóvil particular.

Obligación de Servicio Público, la reclamación de fondo

La declaración de la línea como Obligación de Servicio Público es otra de las reivindicaciones centrales del pacto. "Queremos que esta línea ferroviaria sea declarada de Obligación de Servicio Público, al igual que ocurre con otros servicios ferroviarios, marítimos o aéreos, para así garantizar la prestación del servicio y facilitar la movilidad de las personas, especialmente en entornos rurales, situando el interés social y la cohesión territorial por encima de la mera rentabilidad económica", reclamaron los firmantes del acuerdo. Esta figura jurídica obliga a mantener el servicio con independencia de su viabilidad económica, y se aplica ya en otras rutas ferroviarias, líneas de cabotaje marítimo o conexiones aéreas a territorios insulares o alejados. Su extensión al corredor Chinchilla-Cartagena supondría una garantía de continuidad que, a juicio del pacto, resulta imprescindible para vertebrar el sureste de la provincia de Albacete y asegurar su conexión con la Región de Murcia.