Sumar hace balance del año y reclama un "giro político" en Castilla-La Mancha
Movimiento Sumar Castilla-La Mancha ha realizado un balance de la situación política y social de la región centrado en aquellas políticas que dependen directamente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por ser el ámbito institucional que toma decisiones que afectan de manera directa a la vida cotidiana de la ciudadanía.
En su análisis, los coordinadores regionales de la formación, María Cañadillas y Jesús Plaza, sostienen que Castilla-La Mancha necesita un giro claro hacia el refuerzo de lo público y la planificación a largo plazo, frente a una gestión basada en parches, respuestas tardías y una creciente delegación de competencias en empresas privadas. A su juicio, anticipar problemas, reducir desigualdades y garantizar derechos debe ser el eje de la acción política autonómica.
Uno de los datos que más preocupa a la organización es el incremento de la pobreza y la exclusión social, que afecta ya al 34,2 % de la población de la región, lo que equivale a una de cada tres personas. Desde Movimiento Sumar subrayan que no se trata solo de cifras, sino de realidades marcadas por la precariedad que exigen una respuesta institucional contundente.
En este contexto, alertan de la situación crítica de los servicios sociales, competencia autonómica, donde persisten diferencias salariales de hasta un 40 % entre profesionales según la administración que los financie, además de una sobrecarga estructural de trabajo y la asunción de funciones impropias. Esta precariedad, advierten, repercute directamente en la atención a las personas más vulnerables. Para la formación, reforzar los servicios sociales no es un gasto, sino una inversión esencial en cohesión social.
El balance incluye también la situación de los bomberos forestales, integrados en el operativo de incendios a través de GEACAM y reconocidos como servicio esencial. A pesar de ello, denuncian la falta de una financiación propia y estable, lo que se traduce en recortes prematuros de las campañas, reducción de personal en pleno periodo de alto riesgo y ausencia de una planificación acorde a la realidad climática. Garantizar su estabilidad y condiciones laborales, señalan, es una cuestión de seguridad pública y protección del territorio.
El sector agrario es otro de los ámbitos que, según Movimiento Sumar, atraviesa un momento especialmente complejo, marcado por amenazas de guerra arancelaria, la creciente concentración de la tierra, el debilitamiento de la agricultura familiar y los recortes de la Política Agraria Común impulsados desde la Unión Europea para financiar gasto militar. La organización se muestra frontalmente contraria a estas políticas, que consideran que fomentan el miedo y alimentan a la extrema derecha, y reitera su defensa de las explotaciones familiares y de quienes sostienen el medio rural.
La crisis de la vivienda ocupa también un lugar central en el balance, especialmente por su impacto en la juventud, el grupo social más afectado. La dificultad para acceder a una vivienda ha retrasado la edad media de emancipación por encima de los 30 años. Movimiento Sumar defiende que la vivienda debe abordarse como un derecho y no como un mero problema de mercado, y recuerda que las comunidades autónomas son las responsables directas de esta política.
En este punto, la formación contrapone las propuestas de la derecha, basadas en la desregulación, con las limitaciones de un PSOE que, a su juicio, delega de forma recurrente en empresas privadas. Por ello, afirman aspirar a gobernar la Junta y apuestan por una ley regional de derecho a la vivienda ambiciosa que frene la especulación y garantice el acceso a un hogar digno.
El sistema educativo es otro de los pilares del estado del bienestar que, según el balance, presenta carencias estructurales: ratios elevadas en el primer ciclo de educación infantil, falta de recursos humanos y desigualdades territoriales que afectan especialmente al medio rural. Desde Movimiento Sumar subrayan que la educación no puede sostenerse únicamente sobre el esfuerzo del profesorado y citan como ejemplo la huelga de hambre del alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, para reclamar un instituto para su municipio.
En materia de sanidad pública, la organización denuncia la persistencia de listas de espera excesivas, tanto en pruebas diagnósticas como en intervenciones quirúrgicas, lo que genera una creciente sensación de abandono en parte de la ciudadanía. Fortalecer la sanidad pública, remarcan, es una condición indispensable para la confianza social y la calidad democrática.
El balance anual señala además que 2025 ha sido otro año perdido en Memoria Democrática en Castilla-La Mancha. Movimiento Sumar denuncia la permanencia de símbolos y elementos que incumplen la legislación vigente y reprocha al Gobierno regional su falta de acción más allá de declaraciones formales. Recuerdan que la Vicepresidencia segunda de la Junta tiene la obligación de contribuir a la verdad, la justicia y la reparación, y que los escasos avances se deben en gran medida al trabajo de la ciudadanía organizada.
Por último, la formación critica el nuevo Estatuto de Autonomía pactado entre PP y PSOE y actualmente en tramitación en el Congreso. A su juicio, el texto deja fuera derechos fundamentales como la vivienda, el aborto o el reconocimiento de las personas LGTBIQ+. Por ello, Movimiento Sumar ha presentado enmiendas junto a Izquierda Unida y diversas entidades sociales.
El balance se plantea, en definitiva, como una llamada a la responsabilidad política. Desde Movimiento Sumar recuerdan que las competencias de la Junta son conocidas y suficientes para actuar, y que utilizarlas para reforzar lo público, reducir desigualdades y garantizar derechos no es una opción ideológica, sino una obligación institucional. La organización subraya que, pese a un contexto político complejo, el Gobierno de coalición estatal ha logrado avances sociales, y asegura que seguirá trabajando para que el próximo año sea el de las soluciones, porque Castilla-La Mancha, concluyen, no puede ni debe seguir esperando.