El PSOE ve el sistema de dependencia clave para fijar población

La diputada del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez

La Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha cumple cinco años desde su entrada en vigor con un balance que el Gobierno regional presenta como un éxito: más de 120.000 plazas en el sistema de dependencia, superando el objetivo inicial de 100.000, y servicios públicos garantizados en el medio rural de las cinco provincias.

La diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez ha defendido este domingo los resultados de la norma en un acto celebrado en Saelices (Cuenca), donde ha subrayado que el presidente autonómico Emiliano García-Page ha ampliado el compromiso hasta las 130.000 plazas en dependencia para que "nuestros pueblos puedan tener más vida".

La diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez defendió este domingo en Saelices (Cuenca) los resultados de la Ley de Despoblación en el quinto aniversario de su puesta en marcha, subrayando que la normativa ha permitido garantizar servicios esenciales en el medio rural de la región y ha contribuido de forma decisiva a fijar población en los pueblos de Castilla-La Mancha.

Jiménez puso en valor los avances del Gobierno regional presidido por Emiliano García-Page en materia de igualdad territorial, insistiendo en que el ejecutivo autonómico trabaja para que el mundo rural disponga de "las mismas oportunidades que las grandes ciudades". La diputada situó la atención a la dependencia como uno de los pilares sobre los que se asienta esa apuesta política.

La dependencia, eje central del balance

El dato más llamativo del balance que ofreció Jiménez fue el relativo al sistema de dependencia. El Ejecutivo autonómico se comprometió en su día a alcanzar las 100.000 plazas, un objetivo que, según la diputada, ha quedado "ampliamente superado": "Hasta hoy tenemos más de 120.000", afirmó. Pero el compromiso no se detiene ahí. García-Page ha fijado una nueva meta de 130.000 plazas, un nivel que, en palabras de Jiménez, "significa que nuestros pueblos puedan tener más vida".

La representante socialista subrayó que este avance en la cobertura de la dependencia tiene una consecuencia directa sobre el arraigo de la población rural: "La gente se pueda seguir quedando a vivir en los pueblos sin tener que desplazarse a otro lugar". En una región donde la despoblación lleva décadas vaciando localidades, especialmente en las provincias de Cuenca y Guadalajara, la posibilidad de recibir cuidados cerca del domicilio se convierte en un factor determinante para la permanencia de los mayores —y, por extensión, de sus familias— en el entorno rural.

Sanidad, conectividad y cuidados: el trípode de la ley

Más allá de la dependencia, Jiménez enumeró los tres ejes sobre los que la Ley de Despoblación ha articulado su acción en el medio rural: la atención sanitaria, la conectividad y la atención a la dependencia. Tres servicios que, en su diagnóstico, constituyen las condiciones mínimas para que un municipio pequeño pueda competir en calidad de vida con los grandes núcleos urbanos.

"La Ley de Despoblación ha traído más vida, más futuro y más servicios públicos a nuestros pueblos", resumió la diputada, quien reafirmó la voluntad del Gobierno regional de mantener esa orientación en la próxima etapa. La norma, aprobada hace cinco años en las Cortes de Castilla-La Mancha, fue en su momento una de las primeras leyes específicas contra la despoblación aprobadas en España a escala autonómica, en un contexto en el que el reto demográfico había pasado a ocupar el centro del debate político regional y nacional.

Un compromiso que mira al futuro

Jiménez cerró su intervención con un mensaje de continuidad. "En esto es en lo que queremos seguir trabajando, en que los pueblos, en que el mundo rural tenga las mismas oportunidades que las grandes ciudades", concluyó la diputada, condensando en una frase el principio de equidad territorial que, según el PSOE, inspira la acción del Ejecutivo de García-Page.

El quinto aniversario de la ley llega en un momento en que el debate sobre la España vaciada mantiene plena vigencia. Castilla-La Mancha, con una densidad de población muy inferior a la media nacional y con amplias zonas de las provincias de Cuenca y Guadalajara entre las más despobladas de Europa, ha convertido la lucha contra el vaciamiento demográfico en una de las señas de identidad de la gestión autonómica durante la última década. El cumpleaños de la norma sirve así al PSOE tanto para hacer balance como para proyectar un relato de gestión de cara al ciclo político que se avecina.